Investigación 🔎
Total normalidad: Stornelli investiga a Santiago Caputo por lavado
Zefico SA es una sociedad sin actividad comercial, con un único empleado, Santiago Caputo, y enfrenta acusaciones por lavado tras movimientos bancarios y una filtración que derivó en denuncia judicial.
Lo que tenés que saber
- La UIF recibió un Reporte de Operación Sospechosa sobre Zefico SA, ligada a Santiago Caputo.
- Se detectaron transferencias por US$800.000 realizadas por hijos del fundador, explicadas como donaciones.
- María Costa, madre del fundador, presentó inconsistencias en declaraciones juradas sobre su patrimonio.
- Caputo figura como único empleado y puede facturar servicios al Estado sin declarar patrimonio.
- La UIF denunció penalmente la filtración de información confidencial del caso.
Movimientos sospechosos y denuncias en torno a Zefico SA
La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) tras detectar un flujo de US$800.000 en la empresa Zefico SA entre abril y junio de 2025. La sociedad, sin antecedentes comerciales, está vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, quien figura como único empleado. El reporte inicial fue generado por un banco el 30 de julio, alertando sobre movimientos que despertaron sospechas de lavado de activos.
Donaciones familiares y contradicciones patrimoniales
Las transferencias detectadas fueron realizadas por Lucas y María Costa, hijos del fundador Pablo Costa, con aportes de US$400.000 cada uno. Según explicaron, ese dinero provino como donación de su padre. Además, María Costa, la madre, declaró haber entregado US$500.000 a la empresa, respaldando esa cifra con una declaración jurada patrimonial del año 2023. Sin embargo, una declaración anterior de 2021 indicaba que ella carecía de patrimonio, sin ingresos ni bienes registrados, lo que genera cuestionamientos sobre el origen y la veracidad de los fondos.

Operaciones internas y situación laboral de Caputo
Tras el ingreso del dinero, Zefico realizó transferencias a dos sociedades: Netafim Argentina SA, dedicada al riego agrícola, y Tonka SA, vinculada a la industria del gas. Estas operaciones se formalizaron como préstamos de los socios a la empresa bajo la figura legal de mutuo. Por otra parte, Santiago Caputo, como único empleado, tributa en la tercera categoría de Ganancias, situación que le permite facturar al Estado sin la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio.

Denuncia penal por filtración de información confidencial
Luego de que la información sobre el caso trascendiera en medios, la UIF presentó una denuncia penal por la filtración de datos que forman parte del Reporte de Operación Sospechosa, protegido por la ley 25.246. El titular de la UIF, Paul Starc, solicitó una investigación exhaustiva para identificar al responsable del acceso no autorizado. Concluido el análisis, sin acceso interno no autorizado, la denuncia se elevó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Carlos Stornelli.
Investigación 🔎
Investigan nexo entre agujas halladas en Palermo y robo de drogas en hospitales
La aparición de agujas en un edificio de Palermo y la muerte de un anestesista revelan un entramado de consumo y desvío de insumos hospitalarios. La inacción de las autoridades sanitarias bajo el actual esquema de gestión profundiza la crisis de control en el sistema público.
Tramas de impunidad en el caso de las drogas de quirófano
★ La investigación judicial sobre el desvío de drogas de uso exclusivo en quirófanos, conocidas coloquialmente como «drogas de diseño para fiestas», sumó en las últimas horas elementos que comprometen la situación de Delfina Fini Lanusse y Tati Leclerc. Según información judicial a la que pudo acceder este medio, la justicia investiga si el hallazgo de agujas hospitalarias en lavarropas comunitarios de un edificio en Avenida Santa Fe 5300 guarda relación directa con el consumo problemático y el robo de insumos en el Hospital Rivadavia.
El rol de las autoridades y el secreto corporativo
El caso, que cobró relevancia tras la muerte del anestesista Alejandro Salazar, pone bajo la lupa no solo a los profesionales implicados, sino también la cadena de responsabilidades jerárquicas. De acuerdo a testimonios de una testigo clave incorporados recientemente, las autoridades del Hospital Italiano ya tenían conocimiento de las irregularidades y del estado de vulnerabilidad de algunos profesionales a mediados de febrero, semanas antes del fallecimiento de Salazar.
Esta demora en la intervención institucional sugiere una preocupante falta de control estatal sobre los recursos estratégicos de salud y el personal médico. Mientras el Gobierno nacional promueve la desregulación de los controles, este escenario de libertad de acción sin supervisión parece facilitar circuitos de ilegalidad y riesgo sanitario dentro de los propios efectores públicos y privados.
Desvío de insumos y el «negocio» de la anestesia
La justicia trabaja sobre dos expedientes que podrían unificarse en el corto plazo; los participantes y las mecánicas de obtención de sustancias se repiten. Se investiga el posible robo de material anestésico en el Hospital Rivadavia, destinado presuntamente a eventos sociales privados.
En el departamento de la calle Santa Fe, los vecinos denunciaron hace más de un año el hallazgo sistemático de agujas de uso hospitalario en áreas comunes. Tras el allanamiento del inmueble, se confirmó que Tati Leclerc no regresó a la propiedad; su defensa alega que es una víctima del sistema de adicciones iniciado por otros profesionales, como Hernán Boveri. Sin embargo, para la fiscalía, la desaparición de una tablet en la casa de Salazar, presuntamente retirada por Lanusse, complica la situación procesal de ambas jóvenes ante la sospecha de encubrimiento.
Implicancias de un Estado ausente
Este escándalo no es un hecho aislado de la crisis institucional que atraviesa la Argentina. La degradación de los controles en los hospitales públicos y la falta de una política integral de soberanía sanitaria permiten que insumos críticos terminen en circuitos clandestinos. El tratamiento del caso bajo el nombre de «Porpofest» no solo trivializa el desvío de fondos y recursos públicos, sino que oculta una matriz de corrupción donde la solidaridad social brilla por su ausencia, reemplazada por el individualismo extremo y el desprecio por la salud colectiva.
Puntos clave:
- Se investiga el hallazgo de agujas hospitalarias en un edificio de Palermo vinculadas a Tati Leclerc.
- Las autoridades sanitarias conocían la situación semanas antes de la muerte del anestesista Salazar.
- La justicia evalúa unificar las causas de desvío de drogas y muertes dudosas por la repetición de los imputados.
- Desapareció una tablet de la escena de muerte de Salazar, lo que sugiere maniobras de encubrimiento.
- La falta de controles estatales facilita el robo de insumos estratégicos en el Hospital Rivadavia.
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