Investigación 🔎
Total normalidad: Stornelli investiga a Santiago Caputo por lavado
Zefico SA es una sociedad sin actividad comercial, con un único empleado, Santiago Caputo, y enfrenta acusaciones por lavado tras movimientos bancarios y una filtración que derivó en denuncia judicial.
Lo que tenés que saber
- La UIF recibió un Reporte de Operación Sospechosa sobre Zefico SA, ligada a Santiago Caputo.
- Se detectaron transferencias por US$800.000 realizadas por hijos del fundador, explicadas como donaciones.
- María Costa, madre del fundador, presentó inconsistencias en declaraciones juradas sobre su patrimonio.
- Caputo figura como único empleado y puede facturar servicios al Estado sin declarar patrimonio.
- La UIF denunció penalmente la filtración de información confidencial del caso.
Movimientos sospechosos y denuncias en torno a Zefico SA
La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) tras detectar un flujo de US$800.000 en la empresa Zefico SA entre abril y junio de 2025. La sociedad, sin antecedentes comerciales, está vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, quien figura como único empleado. El reporte inicial fue generado por un banco el 30 de julio, alertando sobre movimientos que despertaron sospechas de lavado de activos.
Donaciones familiares y contradicciones patrimoniales
Las transferencias detectadas fueron realizadas por Lucas y María Costa, hijos del fundador Pablo Costa, con aportes de US$400.000 cada uno. Según explicaron, ese dinero provino como donación de su padre. Además, María Costa, la madre, declaró haber entregado US$500.000 a la empresa, respaldando esa cifra con una declaración jurada patrimonial del año 2023. Sin embargo, una declaración anterior de 2021 indicaba que ella carecía de patrimonio, sin ingresos ni bienes registrados, lo que genera cuestionamientos sobre el origen y la veracidad de los fondos.

Operaciones internas y situación laboral de Caputo
Tras el ingreso del dinero, Zefico realizó transferencias a dos sociedades: Netafim Argentina SA, dedicada al riego agrícola, y Tonka SA, vinculada a la industria del gas. Estas operaciones se formalizaron como préstamos de los socios a la empresa bajo la figura legal de mutuo. Por otra parte, Santiago Caputo, como único empleado, tributa en la tercera categoría de Ganancias, situación que le permite facturar al Estado sin la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio.

Denuncia penal por filtración de información confidencial
Luego de que la información sobre el caso trascendiera en medios, la UIF presentó una denuncia penal por la filtración de datos que forman parte del Reporte de Operación Sospechosa, protegido por la ley 25.246. El titular de la UIF, Paul Starc, solicitó una investigación exhaustiva para identificar al responsable del acceso no autorizado. Concluido el análisis, sin acceso interno no autorizado, la denuncia se elevó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Carlos Stornelli.
Investigación 🔎
Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas
La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.
El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.
La hipótesis que sigue la Justicia
La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.
El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
Una denuncia nacida dentro del astillero
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.
Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.
El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción
Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.
Puntos clave
- La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
- Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
- La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
- La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
- La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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