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Santa Fe

Para la secretaria de Transporte santafesina, la quita de subsidios «aumenta la desigualdad»

«Queremos mostrar el impacto que tiene la medida que ha tomado Nación con el retiro intempestivo de los subsidios, hoy en Santa Fe genera un impacto y una situación de desigualdad», dijo Ghilotti.

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La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Renata Ghilotti, afirmó que «la quita de fondos nacionales en el sistema de transporte público aumenta la desigualdad», y confirmó que el Gobierno santafesino sostendrá con recursos propios el Boleto Educativo local.

«Queremos mostrar el impacto que tiene la medida que ha tomado Nación con el retiro intempestivo de los subsidios, como está definición que ha tomado de ir hacia el subsidio a la demanda -que se hace a través de la tarjeta SUBE- hoy en Santa Fe genera un impacto y una situación de desigualdad», dijo Ghilotti en una conferencia de prensa.

Durante la presentación realizada en la Sede Rosario de Casa de Gobierno, la funcionaria junto a la subsecretaria del área, Mónica Alvarado, reflejaron que en materia de Aportes por Impuestos a los Combustibles (AIC), en enero de 2024 la provincia tributó $ 3.900 millones de los cuales, como coparticipación, recibió solo $ 490 millones (por Fondos Fonavi), en tanto que dejó de percibir los $ 1.400 que le correspondían del Fondo Compensador del Transporte.

«Nación se queda con $3.410 millones de libre disponibilidad, que no vienen a Santa Fe. ¿A dónde van? ¿Van a sostener al AMBA como lo hicieron históricamente los gobiernos anteriores?», cuestionó Ghilotti.

Para reflejar este punto, indicaron que cada santafesino aporta por cada litro de nafta $61,5, y por cada litro de gasoil $37,7, montos fijos que son actualizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Así, del 48 % de fondos que retornaban a la Provincia del AIC, en enero de 2024 el reintegro fue de sólo el 13% (el correspondiente al Fonavi), quedando el 87 % restante en Nación y sin conocer para qué se destinarán los mismos.

«Hay que recordar que estas asignaciones específicas están fijadas por ley, que no fue modificada», dijo Alvarado, y se preguntó «a qué sistema de transporte irán esos fondos si no es al interior».

«Instamos al diálogo con el Nación para que no haya más desigualdades, intentando volver a tener conversaciones con el secretario de Transporte de la Nación para elevarle estos números puntuales de Santa Fe», expresó Ghilotti.

En ese sentido, indicó que «con esta decisión de quitar los subsidios muchos santafesinos van a tener una desigualdad a la hora de viajar ya que solo el AMBA va seguir siendo subsidiada».

«Además dentro de la provincia el que haya nacido en Rosario o en Santa Fe, donde hay tarjeta SUBE, va a poder acceder al beneficio de un descuento, pero otro santafesino que vive en una localidad y tiene que viajar a otras localidades de su provincia y no tenga un servicio con tarjeta SUBE, no va a poder acceder al beneficio», explicó.

Sucede que de las 46 empresas de transporte de jurisdicción provincial (que prestan servicios urbanos provinciales o interurbanos), 7 tienen SUBE (representan el 49,3% del total de los servicios de la provincia y alcanza al 72,9% de la totalidad de los pasajeros, es decir que el 27,1% de ellos no tiene acceso a la SUBE), especificaron desde la cartera de Transporte santafesina.

En esa línea, Ghilotti indicó que «hace más de un año hay cinco líneas de tres empresas que ya pidieron la incorporación de la tecnología, pero por decisión del gobierno nacional y por una cuestión técnica esas tiqueteras no llegan».

Por otra parte, durante la presentación se hizo especial hincapié en que la mayoría de los santafesinos, vive en el interior de la provincia, «dónde Nación no avanza en la implementación del sistema, lo que también profundiza la desigualdad».

Asimismo, si bien la funcionaria insistió que «hoy la provincia de Santa Fe no está condiciones de poder absorber el dinero que Nación no manda», confirmó: «Vamos a seguir sosteniendo nuestro aporte, que también se incrementó en más de 500 millones, ya pagamos en enero y febrero 1.900 millones de pesos, aporte que es en igualdad con Nación».

«Aquí el que está ausente es el gobierno nacional, por eso instamos al diálogo», sostuvo.

Las autoridades también confirmaron que «hay una definición que es sostener el Boleto Educativo».

«Eso también es dinero que aportamos los santafesinos al sostenimiento de un programa que entendemos es el corazón para acompañar a la educación», remarcaron.

Al respecto, Alvarado indicó que de los $635 aportados en noviembre de 2023, «la proyección de lo que se espera para marzo serían casi mil millones de pesos más ($994 millones) que la provincia aportaría».

Santa Fe

El derecho a la educación desde el encierro: Gino C. no regresará a las aulas en San Cristóbal

El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el adolescente acusado por el crimen de Ian Cabrera tendrá una escolaridad virtual desde su lugar de detención. La medida responde a la presión de las familias y expone la incapacidad estatal para gestionar la reinserción en un contexto de violencia extrema.

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Gino C. no vuelve a las aulas: tres el crimen de Ian Cabrera, su atacante accederá a la educación pero aislado

★ Este miércoles, el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, aseguró que Gino C., el adolescente de 15 años que el pasado 30 de marzo asesinó a su compañero Ian Cabrera en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno», no asistirá a clases presenciales en dicha institución. El funcionario realizó estas declaraciones durante un acto oficial en el Museo de la Constitución, buscando calmar el clima de temor e incertidumbre que manifestaron las familias de la comunidad educativa ante las versiones de un posible retorno del joven al establecimiento de San Cristóbal.

La virtualidad como respuesta al conflicto

“No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar”, sentenció Goity, quien diferenció el derecho a la educación de la obligatoriedad de la presencialidad física en los edificios escolares. Según precisó el funcionario, el joven, que permanece alojado en un centro juvenil tras haber sido declarado no punible por su edad bajo la legislación vigente al momento del hecho, recibirá educación de forma virtual desde su lugar de alojamiento.

Esta modalidad busca dar cumplimiento formal a las garantías educativas sin alterar el frágil clima social en San Cristóbal. El ministro subrayó que el sistema debe garantizar la formación de todos los jóvenes de la provincia, pero aclaró que “tenemos chicos y chicas que no están en condiciones de ser escolarizados” en el sentido tradicional, sugiriendo que la seguridad comunitaria y la situación procesal del menor prevalecen sobre cualquier intento de revinculación presencial inmediata.

Un sistema que llega tarde

El caso de San Cristóbal, calificado por el propio ministro como un hecho que “nos atravesó como sociedad”, puso en evidencia las fallas en las redes de contención estatales. El propio Goity reconoció tras el crimen que el agresor atravesaba una “problemática intrafamiliar importante”, dato que ya figuraba en los registros oficiales pero que no activó ninguna alerta temprana antes de que el adolescente ingresara al colegio con una escopeta oculta en su mochila.

La tragedia, que acabó con la vida de Ian Cabrera (de apenas 13 años) e hirió a otros ocho estudiantes, desató además una ola de amenazas escolares en más de doce provincias argentinas, muchas de ellas vinculadas a la subcultura digital True Crime Community (TCC). Mientras el Gobierno provincial apuesta ahora a la educación remota para el acusado, la discusión de fondo sobre la falta de equipos de salud mental y protocolos de detección de crisis en las escuelas públicas santafesinas permanece en un segundo plano.

El laberinto de la imputabilidad

La situación de Gino C. reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Si bien el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801 (que reduce la edad mínima a 14 años), la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia plena, lo que dejó al agresor fuera del alcance de la justicia penal juvenil al momento del ataque.

Ante la imposibilidad de una condena penal, la exclusión del sistema presencial aparece como la única herramienta de respuesta rápida que el Estado ha podido articular frente a la demanda de justicia de una comunidad que despidió a Ian entre velas y carteles, denunciando que las instituciones fallaron mucho antes del primer disparo.

Puntos clave:

  • El ministro José Goity confirmó que Gino C. no regresará a clases presenciales en la Escuela 40 de San Cristóbal.
  • El adolescente recibirá clases de manera virtual desde el centro juvenil donde se encuentra alojado.
  • Las autoridades educativas distinguieron entre el «derecho a ser educado» y la asistencia física a un establecimiento.
  • El agresor permanece bajo un régimen de no punibilidad debido a que la Ley 27.801 aún no estaba vigente al momento del crimen.
  • El Gobierno santafesino admitió fallas en la detección previa de la problemática familiar del joven acusado.
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