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Entre agosto y septiembre comenzará a aplicarse el Etiquetado Frontal

Las grandes industrias cuentan con seis meses para adaptarse a la nueva normativa, reglamentada en marzo, mientras que las medianas y pequeñas tienen un año más, por lo que «entre agosto y septiembre ya tendríamos algunos productos etiquetados en las góndolas», sostuvo Tirado en declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a canales de televisión de Tierra del Fuego, La Rioja y Mar del Plata.

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La secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, anticipó hoy que «entre agosto y septiembre» comenzará a implementarse de forma efectiva la ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como «ley de etiquetado frontal», que busca advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y otras enfermedades.

Las grandes industrias cuentan con seis meses para adaptarse a la nueva normativa, reglamentada en marzo, mientras que las medianas y pequeñas tienen un año más, por lo que «entre agosto y septiembre ya tendríamos algunos productos etiquetados en las góndolas», sostuvo Tirado en declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a canales de televisión de Tierra del Fuego, La Rioja y Mar del Plata.

Asimismo, sostuvo que «es realmente una ley muy amplia con mucho trabajo del poder Ejecutivo tanto nacional como provincial para que tengamos ese fin que es de promocionar la alimentación saludable».

«Tiene que ver con promocionar hábitos saludables y tener información disponible y que la población pueda decidir cómo alimentarse y que sepan de aquellos nutrientes que tienen que ver con la aparición de ciertas enfermedades como la diabetes», añadió.

La funcionaria y médica pediatra recordó que cada packaging «tendrá un sello de color negro, de forma octogonal, con letras blancas, muy claro y visible, de un tamaño que estará en relación al producto que se está por comprar y que nos informará si ese alimento tiene exceso de azúcar agregadas, de sodio, de grasas de grasas saturadas, de edulcorantes o cafeína que en ese caso se recomienda que no se lo administre a niños o niñas».

«Será una información que estará disponible para saber qué tiene el producto que estaremos comprando y lo que se busca es que algunos de estos productos puedan cambiar su concentración y bajar los niveles de sodio, de azúcar o el nivel de grasas y que no sean alcanzados por esta Ley con lo cual no tengan que poner estos sellos», remarcó

Consultada sobre si esta norma existe en otros lugares, dijo que «se ha implementado en otros países y tenemos las experiencias como Chile y México y hemos trabajado con la Organización Panamericana de la Salud que ellos también formaron parte de esta Ley y de su reglamentación».

«Vimos las experiencias, los plazos y cómo la población se hace dueña de esta Ley y toma este rol de empoderada de saber que esto tiene que estar presente y de poder decidir según los contenidos que tengan que producto comprar y consumir», añadió.

«Desde la aprobación de la ley hemos mantenido más de veinte reuniones con organismos internacionales, sociedades científicas y de nutrición y por supuesto con las empresas», contó la secretaria.

En ese sentido, precisó que las etiquetas alcanzarán a los productos «procesados y ultraprocesados» mientras que no comprenderán a los «semielaborados o naturales, como la yerba mate, el azúcar o el arroz», señaló.

«Estamos hablando de productos que llevan proceso y en este proceso tienen algún agregado de algunos de estos componentes lleve a que tengan el etiquetado», resaltó y explicó que analizaban «con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y áreas del Poder Ejecutivo» en posibles «sanciones que tienen que ver con que no se puedan comercializar, multas» a quienes no cumplan la norma.

Y, aclaró que «esto se irá reglamentando según cada uno de los productos».

Tirado remarcó que otro tema que aborda la Ley «tiene un artículo en donde se trabajó con el Ministerio de Educación que todo lo que se dé en las escuelas sobre la promoción de alimentación saludable y qué alimentos se pueden consumir dentro de los establecimientos educativos».

«Es una ley muy importante», enfatizó la secretaria de estado al apuntar que «tiene que ver con la promoción de una alimentación saludable y en ese sentido tener los sellos que sirvan de advertencia sobre si algún alimento tiene un exceso de azúcar, de sal, de grasas o de grasas saturadas, para que las personas sepan al momento de consumir qué ingredientes, nutrientes o excesos tienen los alimentos».

Respecto de las bebidas alcanzadas por la ley, precisó que «son las bebidas analcohólicas y aquellos jugos que tengan agregados, en el caso de jugos naturales no, pero si tienen agregados de azúcares o edulcorantes sí van a estar alcanzados, y en el caso de bebidas gaseosas que tengan exceso de azúcar o cafeínas».

«Es una ley muy completa, muy ambiciosa, porque aparte del etiquetado como lo que busca es la promoción de una alimentación saludable, también tiene capítulos específicos», como los productos que se pueden consumir en las escuelas o «regular la publicidad de este tipo de alimentos», acotó.

Tirado sostuvo que «es una ley ejemplo para toda la región, y que nos pone en un desafío en el momento de la implementación».

El Gobierno nacional publicó el 23 de marzo la reglamentación de la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, cuyo objetivo es advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La reglamentación de la Ley 27.642 fue aprobada mediante el decreto 151/2022 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; la ministra de Salud Carla Vizzotti y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Legislativo

Cárcel desde los 14 y criptomonedas desde los 13: la contradicción de un Estado que castiga en lugar de cuidar

El psicólogo Jorge Prado advirtió que la soledad infantil crece mientras la salud mental recibe solo el 1,4% del presupuesto de salud, contra el 10% que fija la ley. Lo dijo en la semana en que el Senado aprobó la reforma que, según su lectura, patologiza el malestar social “para responder a intereses corporativos”.

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El Argentino Diario-Adolescentes miran celular.
Solo el 1,4% del presupuesto de salud llega a salud mental, aunque la ley exige el 10%.

La ley vigente obliga a destinar el 10% del presupuesto de salud a la salud mental, pero en los hechos solo se ejecuta el 1,4%. La cifra la aportó el psicólogo Jorge Prado, que además alertó sobre una generación de chicos aislados frente a una pantalla mientras el Estado discute cambiar la norma que los protege.

Prado es psicólogo y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y autor del libro “Una tablet al final del arcoíris”, un trabajo que reúne experiencias clínicas, territoriales y educativas sobre el cuidado de infancias y adolescencias. Sus advertencias llegan en un momento sensible: el Senado aprobó en la madrugada del viernes 30 de octubre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, impulsada por el Poder Ejecutivo de Javier Milei, y la giró a la Cámara de Diputados. El proyecto reemplaza el criterio de “riesgo cierto e inminente” para las internaciones involuntarias por el de riesgo grave de daño, con la firma de dos profesionales.

La pantalla como “contrato” entre adultos desbordados y chicos aislados

Según explicó Prado, el libro analiza cómo el juego se desplazó a las redes sociales y qué sufrimientos de época aparecen en ese cambio: consumos digitales, violencia como espectáculo, abuso de diagnósticos y uso de la inteligencia artificial como refugio. El título remite a la metáfora irlandesa del caldero de oro al final del arcoíris: la tecnología condensa la promesa de éxito y pertenencia, pero es un mito, porque al final del arcoíris nunca se llega.

El especialista describió a la tablet como parte de un contrato implícito entre adultos y niños: los cuidadores, desbordados de obligaciones, entregan la pantalla a cambio de tiempo para trabajar o resolver urgencias. Muchos padres la perciben como una opción más segura que la calle frente a los temores de inseguridad. El resultado, advirtió, es una extrema soledad, con horas y horas de chicos aislados.

De “padecimiento subjetivo” a “trastorno mental”: un cambio de términos que no es menor

Para Prado, la diferencia entre ambos conceptos es sutil pero alarmante. La norma vigente habla de “padecimiento subjetivo”, una categoría que contempla el sufrimiento derivado de contextos sociales o económicos, como el desempleo familiar o la violencia. Si la ley pasara a nombrar únicamente “trastornos mentales”, sostuvo, la atención quedaría reducida a quienes tengan un diagnóstico psicopatológico individual.

En su análisis, ese giro responde a la mercantilización de la salud y beneficia a corporaciones farmacéuticas que buscan dar respuestas medicamentosas a sufrimientos que, según planteó, son sociales e institucionales.

Internaciones más flexibles y teleconsulta ante un brote psicótico

Sobre las internaciones involuntarias, Prado recordó que la ley actual las permite ante un “riesgo cierto e inminente” y que ese criterio funciona como un marco de derechos humanos para evitar abusos. Flexibilizarlo a un riesgo “grave”, advirtió, vuelve las internaciones arbitrarias o preventivas.

También cuestionó que, ante la escasez de psiquiatras, la reforma habilite la evaluación virtual de pacientes en brote psicótico por teleconsulta, algo que calificó como un enorme peligro clínico. Todo ocurre, remarcó, en un sistema al que se le exige el 10% del presupuesto de salud pero que ejecuta el 1,4%.

Castigo para los chicos, criptomonedas para los de 13

Frente a episodios de violencia o manipulación digital en escuelas, Prado describió una “desafectización”: la realidad toma tono de ficción en las redes, pero las consecuencias emocionales son reales. La respuesta adulta, según dijo, suele centrarse en el señalamiento punitivo.

El psicólogo marcó una contradicción: se promueve la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años bajo amenaza de cárcel y, al mismo tiempo, se aprueban normas para que chicos de 13 años puedan invertir en criptomonedas. El Estado les ofrece herramientas financieras complejas y tentadoras, pero responde con castigo cuando aparecen los problemas, en lugar de financiar dispositivos comunitarios y espacios de escucha.

Lo que tenés que saber:

  • La ley de Salud Mental exige destinar el 10% del presupuesto de salud al área, pero según Jorge Prado solo se ejecuta el 1,4%.
  • El Senado aprobó el 30 de octubre la reforma de la Ley 26.657 y la giró a Diputados.
  • El proyecto cambia el “riesgo cierto e inminente” por un riesgo grave de daño para las internaciones involuntarias.
  • Prado advirtió que reemplazar “padecimiento subjetivo” por “trastorno mental” deja afuera el sufrimiento de origen social.
  • El psicólogo cuestionó que se baje la edad de imputabilidad a 14 años mientras se habilita a chicos de 13 a invertir en criptomonedas.
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