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Ola de calor: cómo funciona la mesa de monitoreo interministerial

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y el secretario de Energía, Darío Martínez, encabezaron hoy la reunión de la mesa de seguimiento en la Sala de Situación del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), ubicada en la sede la cartera de Seguridad, en San Juan 2776.

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El Gobierno nacional monitorea las consecuencias de la ola de calor que se extiende esta semana en todo el país a través de una mesa de seguimiento interministerial que analiza acciones para mitigar el impacto de las altas temperaturas, con especial atención en el AMBA y la provincia de Buenos Aires, donde existe la mayor concentración de industrias y un consecuente alto consumo de energía.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y el secretario de Energía, Darío Martínez, encabezaron este jueves la reunión de la mesa de seguimiento en la Sala de Situación del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), ubicada en la sede la cartera de Seguridad, en San Juan 2776.

Allí se reunieron 11 funcionarios nacionales y dos bonaerenses que integran la mesa de monitoreo dispuesta por el Gobierno para contrarrestar los efectos de la ola de calor.

En ese marco, un decreto del Ejecutivo nacional dispuso que el personal de la administración pública nacional cumplirá funciones hoy y mañana en la modalidad de trabajo remoto para reducir el consumo energético y de agua.

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De la mesa de monitoreo participan la secretaria de Medios y Comunicación Pública, Valeria Zapesochny; los subsecretarios de Energía Eléctrica y Planeamiento Energético, Federico Basualdo y Santiago López Osornio, respectivamente; el titular Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad, Lucas Gaincerain; y la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa.

Además la integran el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil, Gabriel Gasparutti; el subsecretario de Asistencia Crítica y Emergencias del Ministerio de Desarrollo, Fabián Ene; la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, Sandra Tirado; y el director General Operativo de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Alberto Freyre.

También son parte del monitoreo la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), María Soledad Manín; el coordinador general, Jonathan Simón; la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; y el director de Energía de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Garrido.

«Se está trabajando fuertemente para morigerar la situación en el AMBA y provincia de Buenos Aires con un seguimiento particular de cada una de las industrias», aseguró el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Además, detalló que «se está trabajando a través del Ministerio de la Producción, de la Secretaría de Energía y de cada uno de los ámbitos específicos» para «poner un máximo en el consumo que dé la oportunidad de llevarlo a límites que ya se soportaron por debajo de los 10.000 mega».

El secretario de Energía, Darío Martínez, garantizó que se están atendiendo los cortes energéticos registrados en todo el país, según un comunicado oficial.

«Es importante que cada argentino o argentina, viva donde viva, tenga calidad y cantidad de servicio y eso es importante y es parte de nuestros objetivos y de los planteos que nos hacen el presidente y la vicepresidenta», manifestó Martínez.

Por su parte, la ministra de gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, sostuvo que el OCEBA, el Organismo de Control y Energía que rige a las operadores energéticas de la provincia, «está trabajando junto a los ministerio de Seguridad, de Salud y de Desarrollo Social para cubrir cada una de las necesidades que puedan surgir».

Judiciales ⚖️

Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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