DDHH
CELS: «Morales cumplió su amenaza de criminalizar referentes sociales»
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y otros organismos de derechos humanos denunciaron hoy que la justicia de Jujuy realizó allanamientos en las casas de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial y consideró que, de esta manera, el Gobierno de Gerardo Morales «cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas».
«Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas», escribió el organismo en su cuenta de la red social Twitter.
En tanto, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos denunció que se produjeron «detenciones arbitrarias» y hubo «armado de causas» a manifestantes que fueron reprimidos en la madrugada del 1 de julio en inmediaciones del municipio de Humahuaca.
Al menos tres hombres fueron detenidos este miércoles bajo la figura legal de presuntos delitos como «sedición», «privación ilegítima de la libertad», «lesiones graves», al tiempo que libraron órdenes para encarcelar a un total de 12 hombres y 9 mujeres.
Las personas acusadas habían participado de una protesta para que el Concejo Deliberante de Humahuaca se pronuncie en contra de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, sesión que culminó en la madrugada del 1 de julio con una violenta represión.
El agente fiscal de investigación con asiento en Humahuaca, Fernando Alancay, requirió al Juzgado de Control en lo Penal, Económico y Delitos contra la Administración de Jujuy 22 allanamientos en domicilios ubicados en la localidad quebradeña y también 22 detenciones.
Asimismo, acusó a los manifestantes de «privación ilegítima de la libertad» al indicar que el 30 de junio aproximadamente desde horas 19 hasta las 2 de la madrugada de 1 de julio pasado, en la sede del Concejo Deliberante de Humahuaca, se «retuvo» a los seis ediles cuando se disponían a retirarse.
También se los acusó de los presuntos delitos de sedición, resistencia a la autoridad y daño agravado a bienes de uso público.
Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Rolando Tapia fueron los primeros detenidos durante este mediodía y posteriormente trasladados a la capital jujeña, al tiempo que se libraron citaciones para el resto de los acusados y acusadas, informaron allegados de los perseguidos.
«Mi hijo fue citado a policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo metieron preso, luego al mediodía me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy», denunció a la prensa local Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos.
Y afirmó que el joven «está secuestrado, desaparecido porque yo no sé adónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó», agregó la mujer quien mantenía su reclamo a las afueras de la seccional policial de Humahuaca.
En un hilo de tuits, el Cels remarcó que, con esta acción, «el Gobierno (de Morales) cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas».
Además, apuntó contra «algunos integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca» que -señaló- hicieron la denuncia contra esos manifestantes y «pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro».
«La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social. Ese día la Policía de Jujuy reaccionó reprimiendo a quienes se manifestaban: hubo personas heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión», subrayó el Cels en sus posteos.
Se refirió así a lo sucedido entre las últimas horas del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, cuando el Concejo Deliberante de Humahuaca aprobó una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución jujeña, mientras que pobladores que realizaban una protesta en las inmediaciones de ese cuerpo legislativo fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales con gases lacrimógenos y balas de goma.
Mientras los ediles salieron del recinto a realizar la lectura de lo aprobado, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, quienes mantenían una protesta desde la tarde y exigían esa declaratoria o la renuncia de los concejales.
Por la represión, al menos cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas fue Joel Rodrigo Paredes, de 28 años, quien recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho, según informó a Télam su madre, Elizabeth Sandoval.
El joven debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial y perdió totalmente la visión del ojo afectado.
Con Paredes ya suman tres las personas que perdieron un ojo en los avances represivos de las fuerzas de seguridad local por las protestas contra la reforma.
DDHH
Palantir, el gran hermano de Trump: la empresa que rastrea migrantes enfrenta una rebelión interna
Empleados de la compañía tecnológica cuestionaron públicamente, en canales internos, los contratos con el ICE y el rol de la firma en operaciones militares. La dirección respondió borrando mensajes y exigiendo acuerdos de confidencialidad.
Palantir: la empresa de vigilancia masiva que enfrenta una rebelión ética interna
★ La empresa de análisis de datos e inteligencia artificial Palantir Technologies atraviesa una profunda crisis interna. Empleados actuales y exfuncionarios cuestionaron el rumbo ético de la compañía tras conocerse su participación activa en la política migratoria de la administración Donald Trump y su posible involucramiento en operaciones militares con víctimas civiles, según informó la revista especializada Wired.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Palantir se convirtió en una pieza clave del aparato represivo del gobierno estadounidense. La empresa firmó contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su tecnología, en particular la aplicación denominada ELITE, se usa para identificar, rastrear y deportar a inmigrantes en situación irregular, según reveló en febrero el portal especializado Hipertextual en base a material interno del ICE.
La chispa que encendió el debate
Las tensiones escalaron en enero de 2026, tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero abatido por agentes federales durante una protesta contra el ICE en Minneapolis, según reportó DiarioBitcoin en base a fuentes internas de la empresa. A partir de ese hecho, trabajadores de distintos equipos empezaron a exigir explicaciones a la dirección sobre el alcance real del vínculo de Palantir con esa agencia.
En un canal interno de Slack, un empleado escribió que la relación con el ICE había sido ocultada durante la era de «Trump2» y reclamó transparencia sobre el uso del software en tareas de identificación y apoyo a deportaciones. Otro trabajador fue más directo: «En mi opinión, ICE son los malos. No me enorgullece que la empresa para la que tanto disfruto trabajando forme parte de esto», declaró según reprodujo Wired.
La respuesta de la empresa fue reveladora: Palantir eliminó los mensajes varios días después, bajo el argumento de evitar filtraciones. Luego organizó sesiones de preguntas y respuestas, pero condicionó el acceso a información sensible a la firma de contratos de confidencialidad. Según los propios empleados consultados por Wired, la medida fue percibida como un intento de silenciar las críticas, no de afrontarlas.
De socialista a ideólogo del autoritarismo
El giro de la empresa es inseparable del giro ideológico de su CEO. Alex Karp, cofundador de Palantir, se definía hasta hace pocos años como socialista y apoyó candidatos demócratas como Joe Biden. Sin embargo, desde 2024 se convirtió en un aliado estratégico de Trump y comenzó a defender públicamente políticas de corte autoritario y militarista.
En los últimos días, Karp publicó un manifiesto de 22 puntos en X (ex Twitter) desde la cuenta oficial de la empresa, con un fuerte contenido nacionalista y militarizado, que volvió a generar malestar interno. Varios empleados expresaron vergüenza en canales de Slack y relataron que conocidos les preguntaban al respecto, según Wired.
Un historial que no engaña
La crítica interna llegó tarde, aunque no deja de ser significativa. Palantir fue fundada en 2003, en el contexto posterior a los atentados del 11 de septiembre, bajo la narrativa del antiterrorismo. Desde entonces acumuló denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Ya en 2020, Amnistía Internacional alertó sobre las prácticas de la empresa. La consultora MSCI le otorgó una puntuación de 2 sobre 10 en libertades civiles. Y su fundador, Peter Thiel, declaró abiertamente que no cree que «la libertad y la democracia sean compatibles», según reportó El País.
La tecnología de Palantir también fue señalada como parte de operaciones militares en las que murieron civiles. La firma tuvo participación en acciones bélicas con víctimas mortales, entre ellas niños.
La pregunta que no debería sorprender
Que los empleados de Palantir se pregunten hoy si son «los malos de la película» revela, antes que una crisis de conciencia colectiva, la profundidad del autoengaño que sostiene a ciertas corporaciones tecnológicas. La empresa eligió su nombre, palantir, de las piedras videntes que en El Señor de los Anillos usa el villano Saruman para comunicarse con Sauron. Esa elección, lejos de ser inocente, fue siempre una declaración de intenciones.
La pregunta relevante no es si son los malos. La pregunta es cuánto tiempo más podrán seguir haciéndose esa pregunta sin responderla con hechos.
Puntos clave
- Palantir firmó contratos con el ICE y su tecnología se usa activamente para rastrear y deportar migrantes en Estados Unidos.
- Empleados cuestionaron internamente la relación de la empresa con el ICE; la dirección eliminó los mensajes y exigió acuerdos de confidencialidad.
- El CEO Alex Karp publicó un manifiesto de 22 puntos con contenido nacionalista y militarista desde la cuenta oficial de Palantir.
- Amnistía Internacional ya alertó en 2020 sobre las prácticas de la empresa; la consultora MSCI le dio 2 sobre 10 en libertades civiles.
- El fundador Peter Thiel declaró que no cree que «la libertad y la democracia sean compatibles».
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