DDHH
CELS: «Morales cumplió su amenaza de criminalizar referentes sociales»
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y otros organismos de derechos humanos denunciaron hoy que la justicia de Jujuy realizó allanamientos en las casas de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial y consideró que, de esta manera, el Gobierno de Gerardo Morales «cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas».
«Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas», escribió el organismo en su cuenta de la red social Twitter.
En tanto, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos denunció que se produjeron «detenciones arbitrarias» y hubo «armado de causas» a manifestantes que fueron reprimidos en la madrugada del 1 de julio en inmediaciones del municipio de Humahuaca.
Al menos tres hombres fueron detenidos este miércoles bajo la figura legal de presuntos delitos como «sedición», «privación ilegítima de la libertad», «lesiones graves», al tiempo que libraron órdenes para encarcelar a un total de 12 hombres y 9 mujeres.
Las personas acusadas habían participado de una protesta para que el Concejo Deliberante de Humahuaca se pronuncie en contra de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, sesión que culminó en la madrugada del 1 de julio con una violenta represión.
El agente fiscal de investigación con asiento en Humahuaca, Fernando Alancay, requirió al Juzgado de Control en lo Penal, Económico y Delitos contra la Administración de Jujuy 22 allanamientos en domicilios ubicados en la localidad quebradeña y también 22 detenciones.
Asimismo, acusó a los manifestantes de «privación ilegítima de la libertad» al indicar que el 30 de junio aproximadamente desde horas 19 hasta las 2 de la madrugada de 1 de julio pasado, en la sede del Concejo Deliberante de Humahuaca, se «retuvo» a los seis ediles cuando se disponían a retirarse.
También se los acusó de los presuntos delitos de sedición, resistencia a la autoridad y daño agravado a bienes de uso público.
Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Rolando Tapia fueron los primeros detenidos durante este mediodía y posteriormente trasladados a la capital jujeña, al tiempo que se libraron citaciones para el resto de los acusados y acusadas, informaron allegados de los perseguidos.
«Mi hijo fue citado a policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo metieron preso, luego al mediodía me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy», denunció a la prensa local Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos.
Y afirmó que el joven «está secuestrado, desaparecido porque yo no sé adónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó», agregó la mujer quien mantenía su reclamo a las afueras de la seccional policial de Humahuaca.
En un hilo de tuits, el Cels remarcó que, con esta acción, «el Gobierno (de Morales) cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas».
Además, apuntó contra «algunos integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca» que -señaló- hicieron la denuncia contra esos manifestantes y «pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro».
«La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social. Ese día la Policía de Jujuy reaccionó reprimiendo a quienes se manifestaban: hubo personas heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión», subrayó el Cels en sus posteos.
Se refirió así a lo sucedido entre las últimas horas del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, cuando el Concejo Deliberante de Humahuaca aprobó una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución jujeña, mientras que pobladores que realizaban una protesta en las inmediaciones de ese cuerpo legislativo fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales con gases lacrimógenos y balas de goma.
Mientras los ediles salieron del recinto a realizar la lectura de lo aprobado, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, quienes mantenían una protesta desde la tarde y exigían esa declaratoria o la renuncia de los concejales.
Por la represión, al menos cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas fue Joel Rodrigo Paredes, de 28 años, quien recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho, según informó a Télam su madre, Elizabeth Sandoval.
El joven debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial y perdió totalmente la visión del ojo afectado.
Con Paredes ya suman tres las personas que perdieron un ojo en los avances represivos de las fuerzas de seguridad local por las protestas contra la reforma.
DDHH
Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo
Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.
El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».
Una estrategia construida desde antes de la condena firme
El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.
Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.
Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina
Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.
En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.
Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea
El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.
La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme
La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.
A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.
El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo
La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.
Puntos clave
- Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
- Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
- Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
- La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
- El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
-
Fútbol & Goles!6 díasCinco argentinos en el 11 ideal del Mundial: Messi, el Dibu y la promesa de la votación FIFA
-
Celebridades3 días“Te comemos el hígado”: el contundente mensaje que eligió Antonela para responder a los anti Argentina
-
Fútbol & Goles!6 díasConspiraciones en la final: qué hay detrás de los rumores que inundaron las redes
-
Buenos Aires4 díasUn fondo (buitre) alemán demandó a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el canje de deuda de 2021
-
Fútbol & Goles!6 díasLa final más sombría: las estadísticas convierten a la derrota ante España en el peor partido de la historia de la Scaloneta
-
Goles! ⚽6 díasLa burla se les volvió en contra: españoles quemaron una bandera argentina y el cohete les explotó encima
-
Fintech5 díasEl mayor misterio del siglo XXI: quién es Satoshi Nakamoto
-
Presidencia2 díasBrasil respondió a los insultos de Milei contra Lula: “No está a la altura de su cargo”
