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Caso Báez: archivan denuncia contra exfuncionarios acusados de ocultar información

La acusación ahora descartada había sido también formulada contra Horacio Diez, y Federico Thea, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como subprocurador del Tesoro de la Nación y secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, respectivamente.

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El juez federal Sebastián Casanello archivó por inexistencia de delito una denuncia contra la ex Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, y otros exfuncionarios de ese organismo y del Ministerio de Economía que habían sido acusados de encubrir a los imputados de la causa por lavado de dinero que se le siguió al empresario Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales.

La acusación ahora descartada había sido también formulada contra Horacio Diez, y Federico Thea, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como subprocurador del Tesoro de la Nación y secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, respectivamente.

El magistrado señaló en su fallo que «no existe ningún elemento» que habilite a afirmar que los exfuncionarios kirchneristas realizaron acción alguna tendiente a ocultar información de relevancia para el expediente por que el Báez fue condenado.

La ex Procuradora del Tesoro, su segundo y el exfuncionario del Ministerio de Economía habían sido acusados de ocultar información que les había sido enviada por correo electrónico y que estaba vinculada al ‘Discovery’ (proceso judicial de búsqueda de información) con el que los fondos buitre intentaron encontrar datos financieros que pudieran vincular a Báez con la familia Kirchner.

«No existe ningún elemento que habilite a afirmar que aquella información era relevante para el expediente 3017/2013, ni que los funcionarios realizaron alguna acción destinada a ocultarla», sostuvo Casanello en el fallo.

El ‘Discovery’ se había iniciado a partir de una investigación del fiscal José María Campagnoli que atribuía la titularidad de las 123 sociedades radicadas en Nevada a Báez.

«No se han podido encontrar indicios ni evidencias que permitan vincular seriamente a las ‘123 empresas de Nevada’ con Lázaro Antonio Báez ni con la propia Cristina Fernández. Como vimos, muchas de esas sociedades de cartón no guardan ningún punto en común; más si se considera que ninguna de ellas fue utilizada y participó en el esquema de lavado de dinero por el que el empresario fue recientemente condenado», sostuvo Casanello.

«Pero la ausencia del objeto del encubrimiento no es lo único que descarta la posible comisión de ese delito. Las múltiples testimoniales que se han recibido en el marco de estas actuaciones no acreditan tampoco ninguna acción ni ánimo destinado al ocultamiento de la información recibida por parte de los funcionarios», concluyó el juez.

En otra parte del fallo, señaló que «del hecho comprobado que Lázaro Báez utilizó la firma Helvetic Services Group (HSG) para adquirir la financiera SGI Argentina no puede inferirse que el resto de las personas jurídicas vinculadas a esta última, como Aldyne y las 123 sociedades de Nevada, hayan pertenecido a él. Ese razonamiento, fruto de información incompleta, era incorrecto».

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La Corte Suprema de EEUU ratificó la condena a Trump por abuso sexual: Carroll cobró u$s 5,6 millones

El máximo tribunal estadounidense rechazó por segunda vez el pedido del presidente Donald Trump para reabrir el fallo civil que lo declaró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll. La condena de u$s 5,6 millones quedó firme y ya fue cobrada. Resta aún una segunda sentencia pendiente por u$s 83 millones.

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La Corte Suprema de EEUU le cerró definitivamente la puerta a Donald Trump en el caso más emblemático de violencia sexual de su historial judicial. Este lunes, el máximo tribunal del país rechazó por segunda vez el pedido del presidente para reabrir el fallo civil que lo encontró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora y excolumnista E. Jean Carroll. La condena de u$s 5,6 millones quedó ratificada y el dinero ya fue cobrado por Carroll, según confirmaron los registros judiciales.

El tribunal no emitió ningún fundamento para su decisión, ni se registraron votos en disidencia. La resolución es la derivación lógica de una acumulación de reveses legales que Trump no pudo revertir pese a ocupar la presidencia por segunda vez: primero fue un jurado, luego la justicia de apelaciones, luego la propia Corte Suprema en junio de 2026, y ahora nuevamente el mismo tribunal que rechazó su pedido de reconsideración.

Una historia de agresión que Trump nunca pudo desmentir

Carroll acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en el probador de una tienda de lujo en la Quinta Avenida de Manhattan, a mediados de la década de 1990. Según su testimonio ante el Tribunal de Nueva York en abril de 2023, Trump la reconoció como la columnista del segmento «Pregúntale a E. Jean» de la revista Elle y la invitó en tono amistoso a que lo ayudara a elegir un regalo. Lo que comenzó como una situación descripta como «jocosa» derivó en una agresión en el probador: «Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura. No quería hacer una escena», declaró Carroll ante el jurado, que la escuchó referir los detalles de la penetración forzada. «Fue muy doloroso; todavía sentada aquí lo puedo sentir», afirmó.

Carroll llevó adelante dos demandas civiles separadas. La primera, presentada en 2022 bajo una ley de Nueva York que habilitó a víctimas de abuso sexual a reclamar por hechos del pasado, fue a juicio primero y culminó en mayo de 2023 con un jurado que declaró a Trump responsable de abuso sexual y difamación, y ordenó el pago de u$s 5 millones. La segunda demanda, presentada en 2019 por difamación, llegó a juicio en 2024 y el jurado ordenó una reparación adicional de u$s 83,3 millones.

La estrategia de Trump: la «persecución política» como escudo

La defensa de Trump construyó su estrategia sobre dos ejes: la negación de los hechos y la caracterización del proceso como un ataque de origen político. Sus abogados argumentaron ante la Corte Suprema que Carroll esperó más de veinte años para hacer pública la acusación, que no existieron testigos ni evidencia material, y que la demanda buscaba «maximizar el daño político» al entonces candidato. Trump describió en reiteradas oportunidades el caso como una «persecución», una «estafa» y una «cacería de brujas» financiada por sus adversarios demócratas.

Esa narrativa, sin embargo, no encontró eco en ninguna instancia judicial. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el veredicto de los u$s 5 millones, rechazó luego una revisión ampliada por el pleno de esa corte, y la Corte Suprema reiteró en agosto de 2026 lo que ya había decidido en junio: no hay nada que revisar. Un mes después de ese primer rechazo, según los registros judiciales, Carroll cobró el dinero depositado en una cuenta de fideicomiso judicial.

Una deuda mayor todavía pendiente: los u$s 83 millones

La partida judicial entre Trump y Carroll no concluye aquí. Aún resta definir la suerte del segundo veredicto, el de u$s 83,3 millones por difamación, que siguió una ruta procesal distinta y está en una etapa diferente. En mayo de 2026, un tribunal autorizó a Trump a retrasar ese pago mientras continúa su intento de llevar ese expediente ante la Corte Suprema. El 28 de julio, Trump formalizó esa petición y el máximo tribunal aún no resolvió si la acepta; la respuesta de Carroll tiene plazo hasta el 31 de agosto.

La distinción entre los dos casos es relevante: el de u$s 5,6 millones, hoy firme, corresponde al juicio iniciado en 2022 por la agresión física. El de u$s 83,3 millones corresponde al juicio de 2019 por las declaraciones públicas con las que Trump desmintió a Carroll y la trató de mentirosa. En ambos, Carroll demostró que la maquinaria del poder no alcanza para borrar la verdad de una agresión sexual.

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