El juez federal Sebastián Casanello archivó por inexistencia de delito una denuncia contra la ex Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, y otros exfuncionarios de ese organismo y del Ministerio de Economía que habían sido acusados de encubrir a los imputados de la causa por lavado de dinero que se le siguió al empresario Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales.

La acusación ahora descartada había sido también formulada contra Horacio Diez, y Federico Thea, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como subprocurador del Tesoro de la Nación y secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, respectivamente.

El magistrado señaló en su fallo que «no existe ningún elemento» que habilite a afirmar que los exfuncionarios kirchneristas realizaron acción alguna tendiente a ocultar información de relevancia para el expediente por que el Báez fue condenado.

La ex Procuradora del Tesoro, su segundo y el exfuncionario del Ministerio de Economía habían sido acusados de ocultar información que les había sido enviada por correo electrónico y que estaba vinculada al ‘Discovery’ (proceso judicial de búsqueda de información) con el que los fondos buitre intentaron encontrar datos financieros que pudieran vincular a Báez con la familia Kirchner.

«No existe ningún elemento que habilite a afirmar que aquella información era relevante para el expediente 3017/2013, ni que los funcionarios realizaron alguna acción destinada a ocultarla», sostuvo Casanello en el fallo.

El ‘Discovery’ se había iniciado a partir de una investigación del fiscal José María Campagnoli que atribuía la titularidad de las 123 sociedades radicadas en Nevada a Báez.

«No se han podido encontrar indicios ni evidencias que permitan vincular seriamente a las ‘123 empresas de Nevada’ con Lázaro Antonio Báez ni con la propia Cristina Fernández. Como vimos, muchas de esas sociedades de cartón no guardan ningún punto en común; más si se considera que ninguna de ellas fue utilizada y participó en el esquema de lavado de dinero por el que el empresario fue recientemente condenado», sostuvo Casanello.

«Pero la ausencia del objeto del encubrimiento no es lo único que descarta la posible comisión de ese delito. Las múltiples testimoniales que se han recibido en el marco de estas actuaciones no acreditan tampoco ninguna acción ni ánimo destinado al ocultamiento de la información recibida por parte de los funcionarios», concluyó el juez.

En otra parte del fallo, señaló que «del hecho comprobado que Lázaro Báez utilizó la firma Helvetic Services Group (HSG) para adquirir la financiera SGI Argentina no puede inferirse que el resto de las personas jurídicas vinculadas a esta última, como Aldyne y las 123 sociedades de Nevada, hayan pertenecido a él. Ese razonamiento, fruto de información incompleta, era incorrecto».