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Una familia necesita más de $1 millón para no ser pobre

La Canasta Básica Alimentaria subió un 137,4%.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que una familia tipo de cuatro integrantes requirió ingresos por $1.001.466 en noviembre para no caer por debajo de la línea de pobreza, según la medición de la Canasta Básica Total (CBT). Esta cifra incluye gastos esenciales como alimentación, vivienda, transporte, vestimenta, educación y salud.

Incrementos en las canastas básicas

La variación mensual de la CBT fue del 1,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide únicamente el costo de alimentos esenciales para determinar la línea de indigencia, subió un 1,1%. Los valores acumulados en 2023 mostraron una tendencia inflacionaria sostenida:

  • Incremento acumulado anual de la CBA : 82,5%.
  • Incremento acumulado anual de la CBT : 102%.
  • Variación interanual de la CBA : 137,4%.
  • Variación interanual de la TBC : 156,5%.

Un adulto necesitaba ingresos de $324.099 para no ser pobre y de $142.149 para no ser indigente.

Factores que impulsaron la TCC

El incremento de la Canasta Básica Total fue mayor debido a la inclusión de bienes y servicios no alimentarios. En noviembre, estos rubros presentaron subas destacadas:

  • Educación: 5,1%.
  • Transporte: 3,4%.
  • Salud: 2,9%.

La diferencia entre ambas canastas refleja el impacto de estos aumentos en el costo de vida, en un contexto donde los alimentos tuvieron una variación moderada en comparación con meses anteriores.

Energía

El frío llegó antes y el sistema energético ya muestra sus grietas

Las distribuidoras suspendieron el suministro a usuarios con contratos interrumpibles para priorizar los hogares, mientras el Gobierno acaba de dar marcha atrás en su intento de privatizar la importación de gas licuado.

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Cortan el gas a industrias y estaciones de servicio ante el frío temprano

★ Las distribuidoras de gas natural suspendieron el suministro a estaciones de servicio de GNC e industrias ante la caída anticipada de las temperaturas registrada en los últimos días, que disparó la demanda residencial por encima de los niveles esperados para fines de abril. La medida afecta exclusivamente a los servicios con contratos interrumpibles, que por definición contemplan la posibilidad de cortes cuando el sistema necesita administrar su capacidad, según fuentes del sector.

Un problema que se repite cada invierno

El mecanismo de corte escalonado es una práctica habitual en el sistema energético argentino: primero se interrumpe el suministro a los usuarios con contratos interrumpibles (los que pagan tarifas más bajas a cambio de asumir ese riesgo), y en casos de mayor presión sobre el sistema se puede avanzar hacia contratos firmes y, como último recurso, hacia los usuarios residenciales. En este caso, el frío llegó con más fuerza que lo habitual para fin de abril, lo que adelantó la activación del protocolo.

Las mismas fuentes remarcaron que, si bien la Argentina avanza en su perfil exportador de gas gracias al desarrollo de Vaca Muerta, la red de infraestructura de transporte y regasificación todavía no está en condiciones de absorber los picos de demanda invernal sin apelar a estos cortes preventivos.

La marcha atrás del Gobierno con la privatización del GNL

El episodio se produce días después de que el Gobierno de Javier Milei diera marcha atrás en uno de sus anuncios energéticos más resonantes: la privatización de la importación de gas natural licuado (GNL). El Estado, a través de Enarsa, seguirá a cargo de las compras de GNL para el invierno, en lugar de transferir esa función al sector privado como estaba previsto.

La licitación había avanzado durante semanas con dos oferentes, Trafigura y Naturgy, pero ninguna de las propuestas convenció al Ejecutivo. La razón oficial fue la suba del precio internacional del GNL, que pasó de alrededor de 10 dólares por millón de BTU a principios de año a una banda de entre 17 y 20 dólares, impulsada por el conflicto en Medio Oriente. Según el analista Juan José Carbajales, el cambio de escenario podría implicar un extracosto de alrededor de 700 millones de dólares respecto de los valores que se manejaban en febrero.

La contradición es evidente: un gobierno que hizo de la privatización de funciones estatales su principal bandera ideológica se vio obligado a mantener al Estado en el rol de comprador de gas en el exterior, precisamente para evitar un nuevo salto tarifario que complicara sus metas de inflación.

Infraestructura pendiente y vulnerabilidad estructural

La dependencia estacional de importaciones de GNL es una consecuencia directa de una brecha estructural que ningún gobierno ha logrado cerrar del todo: mientras la demanda residencial en invierno puede superar los 90 millones de metros cúbicos diarios, la infraestructura de transporte existente no alcanza para canalizar todo el gas disponible desde Vaca Muerta hacia los centros de consumo. Las obras clave para reducir esa brecha, entre ellas la segunda etapa del gasoducto Perito Moreno y la reversión del Gasoducto Norte, siguen demoradas.

El Gobierno argentino viene vendiendo la narrativa del boom energético y la futura exportación masiva de gas, pero cada invierno el sistema quiebra donde siempre quiebra: en la infraestructura de transporte y en la capacidad de gestionar los picos de demanda. La pregunta que queda sin responder es cuánto más se puede postergar la inversión en esa infraestructura mientras se prioriza el relato exportador.

Puntos clave:

  • Las distribuidoras cortaron el gas a usuarios con contratos interrumpibles (industrias y estaciones de GNC) por el frío anticipado de fines de abril.
  • La medida prioriza el abastecimiento residencial, según confirmaron fuentes del sector.
  • Argentina aún no tiene la infraestructura necesaria para cubrir los picos de demanda invernal sin apelar a importaciones o cortes.
  • El Gobierno de Milei dio marcha atrás en su plan de privatizar la importación de GNL; Enarsa seguirá a cargo de las compras este invierno.
  • La suba del precio internacional del GNL, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, encareció el escenario en unos 700 millones de dólares respecto de las proyecciones de febrero.

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