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Judiciales ⚖️

Quiénes fueron señalados por el parricida de Vicente López

Del Río hijo fue detenido el miércoles pasado como autor de un presunto doble parricidio, y quedó imputado por «doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa y por el uso de arma de fuego», delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

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Por Diego Recchini

Martín Santiago Del Río, el presunto parricida de Vicente López, intentó instalar en su indagatoria y en las testimoniales anteriores a su detención, a varios sospechosos con los que supuestamente su familia tenía conflictos y, entre ellos, nombró a un exfutbolista de Vélez Sarsfield, a una mujer que les vendió una Ferrari, a un escribano y a «Nina», la empleada que estuvo 13 días detenida por el caso.

Tres son las testimoniales que el principal sospechoso del doble crimen brindó ante los investigadores desde que el 25 de agosto fueron hallados asesinados José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72), y en ellas apuntó contra varias personas con los que especialmente su padre, o él como continuador de sus negocios, tenían litigios comerciales.

En su testimonial del 2 de septiembre último, cuando los fiscales le preguntaron por algún conflicto que pudiera motivar el doble asesinato, habló del automóvil de lujo Ferrari que los investigadores secuestraron en la cochera del edificio Forum Alcorta del bajo Belgrano donde él había alquilado un departamento.

La Ferrari

«Papá había comprado una Ferrari hará siete años atrás. Esa Ferrari se la paga en 12 cuotas de 10.000 dólares. Cuando termina de pagarla, la mujer que importó la Ferrari pidió su quiebra, entonces dijo que no le podía transferir el auto. Entonces mi papá le dijo ‘te compro otra Ferrari 456 año 2003, en 30 cuotas’, le pidió que se la transfiera y que le haga una prenda de garantía», explicó el ahora imputado.

Y continuó: «Se la terminó de pagar pero no se había inscripto la prenda. Entonces me denuncia por estelionato y hace una ejecución de prenda comercial, cosa que ganamos las dos».Del Río agregó que la Ferrari recién la recuperaron «seis días antes del hecho», en referencia al crimen.

El ex futbolista

Pero en aquella testimonial que tiene 24 fojas habló de un exfutbolista, defensor, que se destacó como jugador en el club Vélez Sarsfield, también jugó en la liga mexicana y en un equipo de la primera división de España, cuya identidad, pese a haber sido nombrado ante la Justicia por el hoy detenido, se va a resguardar.

Del Río explicó que cuando este exjugador se retiró alquiló una casa al lado de lo de su hermano, en el country Nordelta de Tigre, y que un día les dice: «Quiero comprar un garaje».

Contó que tras un primer intento frustrado con un garaje en la calle Río de Janeiro y Díaz Vélez, siguieron buscando y le consiguió en avenida Varela al 200 de Flores, «una propiedad muy grande que era una vieja imprenta».

«Cuando vamos a tomar posesión me dice: ‘¿Yo qué hago con esto?’. Y le digo ‘armemos un garaje’, y mi papá le dice ‘yo plata no tengo, ¿te lo puedo pagar en 10 años?’, y dijo que sí», declaró Del Río.

Explicó que a los pocos días le alquilaron la propiedad por 20 años al Colegio Limerick, bilingüe y de origen irlandés, y que el futbolista retirado le dijo «vos me estás pagando con la mía», que «se enojó» y «le envió una carta documento al colegio diciendo que le tenían que pagar a él porque es él el propietario», lo que generó que el alquiler que pagaba el colegio quedara en consignación en un juzgado.

«Él no entiende que vendió. Y me niega todos los pagos que yo le hice», dijo Del Río, quien además acusó al exfutbolista de Vélez y a su entorno de presionarlos con mensajes al celular e incluso contó que el novio de la hija del exdefensor los «filmó» mientras caminaban por el centro comercial del country Nordelta.

«Al día de hoy, le debemos 1.200.000 dólares que hay que empezar a pagar a partir del 2024 por cinco años más y ahí debería escriturar la propiedad», dijo.

El escribano

Otro apuntado por Del Río fue un escribano -su identidad también se resguarda-, que según dijo, comenzó a ser consultor de su padre «en todo lo que tenía que ver con contratos de locación, certificaciones de firma y revisaba garantías».

«Un día, en uno de los contratos le dice a papá que quiere asociarse con él, y mi papá le dice que en el próximo negocio que saliera él lo asociaba. Así es que sale el galpón de la calle Gualeguay 1.130, e iban a poner 50 y 50 cada uno», señaló el ahora acusado de parricidio.

Explicó que en aquella operación el escribano finalmente le propuso, en vez de asociarse, un préstamo de dinero «en un mutuo», y que era a pagar en 36 cuotas de 7.000 dólares.

«Mi papá no le terminó pagando, y le dijo que lo esperara. Un día se pelea con papá e inicia la ejecución del mutuo, ese es el último conflicto que tuvo», agregó.

Nina, la empleada

La cuarta señalada como sospechosa, aunque no por conflictos comerciales, fue María Ninfa «Nina» Aquino (64), la empleada que trabajaba hace 12 años en la casa de sus padres, quien halló los cadáveres y a quien Del Río incriminó, entre otras cosas, diciéndole a los fiscales que la billetera de cuero -él le dice «misal» porque su madre tenía allí estampitas-, que le encontraron en su domicilio era donde se guardaba la llave de la caja fuerte, lo que hizo que la mujer estuviera casi 13 días detenida como presunta «entregadora».

Incluso, ya en su indagatoria del jueves pasado, con Aquino liberada y él detenido, insistió con las sospechas hacia «Nina»: «Nos sorprendió con la vaina que encontró después de estar dos horas y media ahí», dijo y agregó: «Todos empezamos a sacar conjeturas».

«Nina no vio que estaba todo revuelto, no vio que las cortinas estaban abiertas, la mesa seguía puesta, el desorden era impresionante, dijo que estaban durmiendo, y no podían estar durmiendo con la televisión a todo lo que da como estaba», especuló.

«A todos les dijo que estaban durmiendo, 8.54 la llama a Blanca dice, le comentó esto y le dice que vaya a ver el garaje, y ahí se encuentra supuestamente con mis padres fallecidos abajo. Los ve, cierra la puerta con llave, la cuelga y apaga la luz».

«Son todas actitudes que no puede darse cuenta. ¿Y por qué me manda un mensaje a las 9 a mí? Porque a las 9 dejaba de estar sola y venía Blanca la enfermera de mi padre», dijo el imputado.

Del Río hijo fue detenido el miércoles pasado como autor de un presunto doble parricidio, y quedó imputado por «doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa y por el uso de arma de fuego», delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

DDHH

El Estado no garantiza derechos pero sí castigo: entra en vigencia el Régimen Penal Juvenil

Con la Ley 27.801 a punto de entrar en vigencia en septiembre, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, un informe del Ciclo Básico Común de la UBA revela que casi la mitad de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad. La pregunta que el Gobierno no responde es cuántas políticas públicas acompañan al castigo.

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Septiembre se acerca y con él la implementación plena del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), sancionado en febrero de 2026 y promulgado mediante el decreto 138/2026. La norma impulsada por el Gobierno de Javier Milei baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fue celebrada por la Oficina del Presidente como «un acto de justicia hacia la sociedad». Sin embargo, mientras el Estado nacional afinaba el instrumento del castigo, otro documento producido por una de las instituciones académicas más importantes del país revelaba la magnitud del abandono que ese mismo Estado ejerce sobre la población juvenil.

El informe «Jóvenes vulnerables en la Argentina: condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro», elaborado por investigadores del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (CBC-UBA) en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA) y coordinado por el investigador del CONICET Juan Cruz Esquivel y el Director del CBC Felipe Vega Terra, arroja una conclusión que interpela directamente a quienes diseñan las políticas de seguridad: el 48,9% de los jóvenes de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad social. La vulnerabilidad dejó de ser un fenómeno de los márgenes. Es la norma.

El régimen que llega sin infraestructura ni debate

La Ley 27.801 fijó un plazo de seis meses para que el sistema judicial y los organismos involucrados adaptaran sus estructuras antes de la implementación plena. Ese plazo vence en septiembre. Sin embargo, no hay discusiones públicas de cara a la sociedad, no se han saldado las falencias del sistema anterior, y muchas de ellas seguirán vigentes con el nuevo régimen. La Defensoría del Pueblo de la Nación (La Defensa), en un documento de análisis publicado en abril de 2026, advirtió que la norma «lesiona principios, garantías y derechos reconocidos convencional y constitucionalmente» y que podría colocar a la Argentina en condiciones de recibir una nueva condena internacional.

Desde el sistema judicial, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina emitió una carta abierta calificando la baja de la edad de punibilidad como un «efecto placebo» que «genera la apariencia de acción estatal sin producir mejoras reales en la seguridad pública». Los magistrados advirtieron que la reforma implica una «renuncia del Estado a diseñar políticas públicas complejas» y cuestionaron que se responda con penas de adultos a «subjetividades en proceso de formación».

El Triple Ni-Ni: sin trabajo, sin estudio, sin horizonte

El estudio del CBC-UBA, basado en 1.002 encuestas presenciales realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a jóvenes de los principales aglomerados urbanos del país, describe con precisión el terreno sobre el que operará la nueva ley penal. Dos de cada diez jóvenes vulnerables no trabajan ni estudian. Y dentro de ese grupo, la investigación detecta lo que sus coordinadores denominaron el fenómeno del «Triple Ni»: un tercio de quienes no tienen empleo y no estudian tampoco busca trabajo.

«Esta desconexión refleja una ruptura de las expectativas de progreso, donde el mercado laboral ya no es percibido como un espacio de inclusión accesible», explicó Juan Cruz Esquivel. Entre los jóvenes que no tienen trabajo (30,6%), la búsqueda reciente de empleo alcanza solo a cuatro de cada diez, lo que, según el informe, evidencia «procesos de desánimo profundamente arraigados y la magnitud de la crisis social juvenil en Argentina».

Quienes sí logran insertarse en el mercado laboral lo hacen en condiciones que el propio sistema no reconoce como trabajo pleno. El 75,9% de los jóvenes que trabaja lo hace en condiciones de informalidad total, changas, venta ambulante o por internet, mientras que apenas el 18,9% cuenta con un empleo registrado o parcialmente registrado. Para el 57% de ellos, los ingresos del hogar no alcanzan para llegar a fin de mes. El 78% carece de obra social o prepaga y depende exclusivamente del sistema público de salud.

La salud mental como variable invisible

El informe de la UBA incorpora una dimensión que las políticas de seguridad sistemáticamente eluden: más del 70% de los jóvenes relevados manifiesta tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, mientras que el 50% reconoce síntomas compatibles con la depresión. Un 30% reconoce dificultades para controlar el consumo de alcohol, tabaco o sustancias, con mayor incidencia en los sectores con menores niveles de instrucción. La crisis de salud mental no es un dato colateral: es parte constitutiva del cuadro de vulnerabilidad que el Estado eligió responder con un código penal.

Educación: el deseo que el sistema bloquea

Contra el sentido común punitivista, el estudio rescata que el 85,7% de los jóvenes vulnerables considera que estudiar le permitiría mejorar su calidad de vida. La educación no es un valor ajeno a estos sectores, sino una aspiración bloqueada por obstáculos estructurales: la falta de dinero y la ausencia de oportunidades reales operan como barreras que el Estado no remueve. «La vulnerabilidad social opera como un eje estructurante de desigualdades materiales y subjetivas, cuya complejidad demanda intervenciones coordinadas e integrales», concluye el informe del CBC-UBA.

El castigo como política de Estado

La Ley 27.801 fue presentada por el Gobierno de Milei como el cierre de «un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa». El argumento oficial omite, sin embargo, la pregunta que el informe de la UBA instala con datos: ¿cuántas décadas de inacción en políticas educativas, laborales y de salud mental precedieron al castigo? El nuevo régimen penal juvenil no creó la situación de los pibes y pibas pobres de las ciudades argentinas. Solo decidió formalizarla como problema de orden público en lugar de reconocerla como fracaso del Estado.

Mientras la implementación de la ley avanza sin debate público ni infraestructura consolidada, y mientras la Ciudad de Buenos Aires tampoco ha dado señales claras sobre cómo adecuará su legislación procesal, el dato más incómodo lo aporta la propia academia: los jóvenes que el sistema penal se apresta a procesar son, en su mayoría, los mismos que el sistema educativo, laboral y de salud mental ya expulsó antes.

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