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Las claves del doble parricidio de Vicente López

Se descubrió que Martín Del Río tenía una relación extramatrimonial con una mujer identificada por los investigadores como “Paola”, quien lo involucró en el hecho.

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La siguiente es una nómina de algunas pruebas e indicios por las que Martín Santiago Del Río (47) quedó detenido e imputado por la fiscalía como presunto autor del doble parricidio de sus padres cometido el 24 de agosto cuando las víctimas fueron halladas asesinadas en su casa del partido bonaerense de Vicente López.

-Los videos:

Martín Del Río quedó filmado caminando unas 30 cuadras desde Núñez a la casa de sus padres en la esquina de Melo y Gaspar Campos de Vicente López.

Los investigadores analizaron cientos de horas de grabaciones y detectaron que el imputado estacionó su camioneta Mercedes Benz ML 350 luego de girar en avenida Del Libertador y Campos Salles de Núñez.

Allí dejó el celular prendido dentro del vehículo para despistar y no ser geolocalizado. El teléfono recibió llamadas, mensajes y datos entrantes, pero nunca salientes durante el período en el que se cometió el crimen.

Según la imputación, a Del Río lo captan caminando por avenida Del Libertador tanto del lado de Capital Federal como de Vicente López, cámaras municipales y privadas, algunas en alta definición.

Iba cubierto con gorra, capucha de buzo y barbijo. De ida, vestido con un buzo azul. A la vuelta, se agregó encima del buzo una campera gris y llevaba una bolsa de tela donde creen que se llevaba el DVR con las grabaciones de las cámaras de la casa de sus padres y otros objetos.

Se lo identificó por la forma particular que tiene de caminar.

Los videos determinaron que estuvo dentro de la casa entre las 17.30 y las 18.30 del día del crimen.

-Sus deudas:

Los fiscales detectaron que tiene una serie de deudas e investigan posibles manejos irregulares que hizo con los negocios, las empresas y las propiedades de sus padres. “El móvil puede ser económico”, dijo a Télam una fuente judicial.

-La mudanza que no fue:

Creen que les mintió a sus padres con la mudanza a un departamento del exclusivo Chateau de Libertador, en el barrio de Núñez, que nunca terminó de comprar ni de alquilar.

Había pagado solo cuatro cuotas de 10.000 dólares y para que pudieran tomar posesión del mismo faltaban 36 cuotas mensuales (tres años) y la suma de 1.700.000 dólares.

Se analizaron los celulares de las víctimas, donde se desprende que los padres dudaban de su hijo por esta operación.

Cuando declaró como testigo, el imputado también declaró que la casa de sus padres en Melo al 1100 iba a ser alquilada por la embajada de Tailandia, dato que no se pudo confirmar.

En paralelo, Del Río hijo había alquilado otro departamento el exclusivo edificio Forum Alcorta del Bajo Belgrano.

La empresa mudadora “Verga Hnos”, que supuestamente había sido contratada para hacer la mudanza, confirmó a la fiscalía nunca fue contactada por los Del Río.

La sospecha es que pese a que los padres tenían planteado mudarse desde 2021, la mudanza nunca se concretó por los supuestos desmanejos financieros del ahora imputado.

-La relación extramatrimonial:

Se descubrió que Martín Del Río tenía una relación extramatrimonial con una mujer identificada por los investigadores como “Paola”. Fue investigada, anoche se allanó su vivienda en la calle Aristóbulo del Valle al 2700 de Vicente López, pero fue llevada a declarar como testigo, por ahora no como imputada. Fuentes judiciales revelaron que en su testimonial la mujer “complicó al imputado”.

“Paola”, quien trabajó en la inmobiliaria “Remax”, trabajaba con el imputado en algunas transacciones comerciales e inmobiliarias.

-Instaló sospechas sobre la empleada:

Martín Del Río impulsó en varias de sus testimoniales las sospechas contra la empleada de sus padres, María Ninfa “Nina” Aquino, quien estuvo 13 días detenida como presunta “entregadora” del hecho, hasta que ayer fue liberada por falta de pruebas.

El ahora detenido fue quien le dijo a los fiscales que la cartera tipo sobre de cuero rojizo hallada en la casa de la empleada y de la cual la mujer tenía una foto borrada en el celular, era el sitio donde su madre ocultaba la llave de la caja fuerte de la casa.

Llegó a decir que se trataba de una “reliquia familiar de más de 40 años”, cuando en realidad era un artículo de la firma “Prüne”, que comenzó a funcionar en 1999 en Argentina, y que según declaró “Nina”, su patrona se la había regalado.

-Huellas dactilares:

Los peritos encontraron una huella dactilar del hijo menor de las víctimas en una puerta clave para la investigación. Si bien por ser el hijo del matrimonio su presencia en la vivienda está justificada, el sitio del hallazgo podría comprometerlo.

-Los allanamientos:

En su camioneta Mercedes Benz ML 350 secuestrada en los allanamientos, la Policía encontró una bolsa de tela de la inmobiliaria “Remax”, blanca y con vivos rojos y azules, idéntica a la que se ve cargar al presunto asesino cuando se aleja de la escena del crimen.

En la casa del country San Diego de Moreno, donde las víctimas pasaban los fines de semana, la familia entregó una serie de armas largas y cortas que tenía José Enrique Del Río en esa propiedad. Secuestraron munición 9 milímetros de la misma marca que la empleada en el doble crimen, pero no la pistola, que se cree fue robada del dormitorio de las víctimas en Vicente López y empleada por el asesino para cometer el hecho.

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Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual

El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.

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Lo que tenés que saber

  • Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
  • La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
  • La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
  • La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
  • El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.

Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial

El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.

Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.

La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente

La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.

De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.

Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.

La causa penal continúa abierta

Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.

En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.

La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.

Posible juicio oral durante este año

Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.

En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.

Repercusiones políticas en San Isidro

El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.

El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.

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