Investigación 🔎
Escribanos sobre el caso Adorni: “Generalmente pedimos la destitución antes que la Justicia”
La presidenta del Colegio de Escribanos de CABA, Magdalena Tato, ratificó la obligación de reportar operaciones de funcionarios ante la Unidad de Información Financiera, en un contexto marcado por las sospechas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.
Escribanos, bajo la lupa tras el caso Adorni
★ En medio de la creciente presión judicial sobre las finanzas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, intentó deslindar responsabilidades sobre el rol notarial en las operaciones de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Durante una entrevista en Radio Rivadavia este viernes, la dirigente aseguró que los escribanos tienen el deber legal de informar de manera sistemática cualquier transacción realizada por funcionarios públicos ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
El reporte ante la UIF como única respuesta
Tato enfatizó que el control sobre los activos de los funcionarios no es discrecional, sino un requisito técnico automatizado. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, sostuvo al referirse al procedimiento mensual de reporte. Ante las dudas sobre el origen de los fondos en las operaciones inmobiliarias del funcionario libertario, la escribana desestimó la frecuencia del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), argumentando que, usualmente, las operaciones se frustran antes de que el profesional deba tomar una decisión de denuncia si comienza a solicitar documentación probatoria sobre el origen del dinero.
“Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, explicó la presidenta de la institución. Sin embargo, aclaró que la obligación de reportar persiste si el escribano mantiene dudas tras la concreción de la operación.
Silencio institucional y control disciplinario
Sobre el caso específico de la escribana Adriana Nechevenko, cuya actuación es objeto de investigación judicial por las hipotecas sin interés pactadas en las propiedades de Adorni, Tato evitó realizar una defensa corporativa explícita. Confirmó que el Colegio de Escribanos sigue el expediente judicial y actúa como auxiliar de la Justicia, remitiendo la documentación requerida por los magistrados.
La dirigente hizo hincapié en el poder sancionatorio del ente que preside, mencionando que la entidad cuenta con facultades para iniciar expedientes disciplinarios que podrían derivar en la destitución del matriculado incluso antes de que la Justicia penal dicte sentencia. “Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia”, declaró ante los micrófonos.
La lupa sobre el origen de los fondos
A pesar de la defensa sobre el sistema de control, las palabras de la funcionaria notarial contrastan con la realidad del caso que involucra al jefe de Gabinete, cuya compra de un departamento por 230.000 dólares con préstamos de particulares sin interés mantiene en alerta a la fiscalía de Gerardo Pollicita. La exigencia de justificar ingresos, mencionada por Tato como una norma aplicable a todo cliente, se encuentra bajo revisión en los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga si existieron omisiones o irregularidades en la declaración jurada y en los documentos notariales presentados.
Puntos clave:
- Magdalena Tato, titular del Colegio de Escribanos, afirmó que informar operaciones de PEP a la UIF es un trámite obligatorio y automático.
- La dirigente admitió que realizar un Reporte de Operación Sospechosa es inusual porque las operaciones suelen desistirse cuando se solicita el origen de fondos.
- El Colegio de Escribanos confirmó que sigue el expediente judicial por el caso Adorni y colabora con la entrega de documentación.
- La institución cuenta con facultades disciplinarias para destituir a matriculados ante faltas graves.
Investigación 🔎
Red de falsos médicos en el Conurbano: cinco clínicas y dos farmacias clausuradas
Clínicas en Virrey del Pino, González Catán y San Justo fueron clausuradas, al igual que farmacias vinculadas a la red ilegal de salud. Uno de los acusados, identificado como CC, confirmó ser médico en Bolivia, pero sin habilitación en Argentina.
Cinco clínicas clausuradas y dos farmacias: la trama de falsos médicos de Argentina Salud sigue expandiéndose
★ La investigación judicial sobre la red de profesionales no habilitados que operaba bajo la marca Argentina Salud amplió su alcance en las últimas horas: ya son cinco las clínicas clausuradas y dos las farmacias que dejaron de funcionar por orden de la Justicia. A eso se suman las primeras indagatorias, en las que varios de los acusados confirmaron ser médicos en sus países de origen, pero reconocieron no contar con habilitación para ejercer la medicina en la Argentina.
Cinco clínicas y dos farmacias fuera de servicio
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, el fiscal Fernando Garate ordenó el cierre de los establecimientos de salud que integraban el esquema irregular. Las clínicas clausuradas se encuentran en los partidos bonaerenses de Virrey del Pino, González Catán y San Justo, todos en el cordón del Conurbano bonaerense, una zona con alta densidad poblacional y, en muchos casos, dificultades de acceso a la atención sanitaria pública. Las farmacias vinculadas al entramado también suspendieron su actividad por orden de la Justicia, aunque aún no se precisó oficialmente su ubicación.
Las indagatorias que destapan el mecanismo
Las declaraciones tomadas en las últimas horas aportaron detalles precisos sobre el modo de operación de la empresa. Dos testimonios resultaron especialmente relevantes para el avance de la causa.
El primero corresponde a un acusado identificado como C.C., quien reconoció ante la Justicia que ejerce la medicina en Bolivia, pero que no cuenta con matrícula habilitante en el territorio argentino. Según su propia declaración, fue contactado por una compañera para comenzar a trabajar en la organización, cuyo conductor identificó como Alberto Rubén Santarceri, presentado como el dueño de la empresa. Fue el propio Santarceri quien le entregó el sello del doctor Gonzalo La Torre y le asignó una oficina en Virrey del Pino para operar desde allí.
C.C. sumó un dato revelador sobre el trabajo en campo: cuando los acusados salían en ambulancia, llevaban certificados previamente sellados, listos para ser utilizados sin instancia de atención real. Por esa tarea, cobraban $80.000 por guardia de 24 horas, una suma fija que formaba parte del esquema de remuneración de la red.
El segundo testimonio clave fue el de D.S., quien declaró ser médica con titulación en Cuba pero sin habilitación en la Argentina. Al igual que C.C., reconoció haber atendido pacientes utilizando un sello provisto directamente por Santarceri, lo que evidencia un mecanismo centralizado de distribución de identidades profesionales ajenas para sostener la fachada de legitimidad del servicio.
Una causa que seguirá creciendo
La Justicia aguarda en las próximas horas y días nuevas indagatorias y declaraciones testimoniales que permitan reconstruir la totalidad del entramado. La causa, que involucra a personal médico extranjero sin matrícula local, al uso de sellos de terceros y a la prestación de servicios de ambulancia con documentación fraguada, pone en evidencia una falencia estructural en los controles sanitarios sobre empresas que brindan atención domiciliaria y urgencias en el Conurbano bonaerense.
La figura de Santarceri, señalado como el organizador del esquema, emerge como el eje articulador de una red que habría logrado operar durante un tiempo prolongado antes de ser desarticulada. Aún resta determinar cuántos pacientes fueron atendidos por profesionales no habilitados, en qué condiciones y con qué consecuencias para su salud.
Puntos clave
- Cinco clínicas en Virrey del Pino, González Catán y San Justo fueron clausuradas por orden del fiscal Fernando Garate.
- Dos farmacias vinculadas al esquema también suspendieron su actividad por orden judicial.
- El acusado C.C. confirmó ser médico en Bolivia pero sin habilitación en Argentina; recibió el sello del doctor Gonzalo La Torre de parte de Alberto Rubén Santarceri.
- La acusada D.S. declaró ser médica titulada en Cuba pero sin matrícula local, y atendió pacientes con un sello provisto por el dueño de la empresa.
- Se aguardan nuevas indagatorias para reconstruir el alcance total de la red y el impacto sobre los pacientes atendidos.
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