Conectate con El Argentino

Investigación 🔎

Escribanos sobre el caso Adorni: “Generalmente pedimos la destitución antes que la Justicia”

La presidenta del Colegio de Escribanos de CABA, Magdalena Tato, ratificó la obligación de reportar operaciones de funcionarios ante la Unidad de Información Financiera, en un contexto marcado por las sospechas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.

Publicado hace

#

Escribanos, bajo la lupa tras el caso Adorni

★ En medio de la creciente presión judicial sobre las finanzas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, intentó deslindar responsabilidades sobre el rol notarial en las operaciones de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Durante una entrevista en Radio Rivadavia este viernes, la dirigente aseguró que los escribanos tienen el deber legal de informar de manera sistemática cualquier transacción realizada por funcionarios públicos ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

El reporte ante la UIF como única respuesta

Tato enfatizó que el control sobre los activos de los funcionarios no es discrecional, sino un requisito técnico automatizado. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, sostuvo al referirse al procedimiento mensual de reporte. Ante las dudas sobre el origen de los fondos en las operaciones inmobiliarias del funcionario libertario, la escribana desestimó la frecuencia del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), argumentando que, usualmente, las operaciones se frustran antes de que el profesional deba tomar una decisión de denuncia si comienza a solicitar documentación probatoria sobre el origen del dinero.

“Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, explicó la presidenta de la institución. Sin embargo, aclaró que la obligación de reportar persiste si el escribano mantiene dudas tras la concreción de la operación.

Silencio institucional y control disciplinario

Sobre el caso específico de la escribana Adriana Nechevenko, cuya actuación es objeto de investigación judicial por las hipotecas sin interés pactadas en las propiedades de Adorni, Tato evitó realizar una defensa corporativa explícita. Confirmó que el Colegio de Escribanos sigue el expediente judicial y actúa como auxiliar de la Justicia, remitiendo la documentación requerida por los magistrados.

La dirigente hizo hincapié en el poder sancionatorio del ente que preside, mencionando que la entidad cuenta con facultades para iniciar expedientes disciplinarios que podrían derivar en la destitución del matriculado incluso antes de que la Justicia penal dicte sentencia. “Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia”, declaró ante los micrófonos.

La lupa sobre el origen de los fondos

A pesar de la defensa sobre el sistema de control, las palabras de la funcionaria notarial contrastan con la realidad del caso que involucra al jefe de Gabinete, cuya compra de un departamento por 230.000 dólares con préstamos de particulares sin interés mantiene en alerta a la fiscalía de Gerardo Pollicita. La exigencia de justificar ingresos, mencionada por Tato como una norma aplicable a todo cliente, se encuentra bajo revisión en los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga si existieron omisiones o irregularidades en la declaración jurada y en los documentos notariales presentados.

Puntos clave:

  • Magdalena Tato, titular del Colegio de Escribanos, afirmó que informar operaciones de PEP a la UIF es un trámite obligatorio y automático.
  • La dirigente admitió que realizar un Reporte de Operación Sospechosa es inusual porque las operaciones suelen desistirse cuando se solicita el origen de fondos.
  • El Colegio de Escribanos confirmó que sigue el expediente judicial por el caso Adorni y colabora con la entrega de documentación.
  • La institución cuenta con facultades disciplinarias para destituir a matriculados ante faltas graves.

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo