¿Una solución real o una estrategia electoral?

La propuesta de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años fue presentada como una respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad en nuestro país.

Sin embargo, para Ofelia Fernández, exlegisladora y actual columnista, esta medida no es más que «demagogia punitiva».

Durante su análisis en su columna «Las sospechas de Ofelia», transmitido en el canal de YouTube «Gelatina», Fernández afirmó que «la política ha dejado de pretender resolver problemas para enfocarse en construir estridencias electorales».

Pedro Rosemblat, quien acompañó a Fernández en el debate, coincidió en que esta propuesta refleja una desconexión entre la dirigencia política y las problemáticas reales de los adolescentes.

«Es más fácil endurecer penas que invertir en educación o en programas de contención social», señaló el conductor , quien también criticó la falta de voluntad política para implementar soluciones integrales.

La construcción del «monstruo» adolescente

Uno de los puntos más polémicos del debate es la narrativa que deshumaniza a los adolescentes en conflicto con la ley.

Fernández denunció que «la demagogia por derecha desinfantiliza a los jóvenes delincuentes, construyendo una imagen de ‘monstruo’ que impide comprender la complejidad del problema». Esta visión, según la exlegisladora, no solo estigmatiza a los adolescentes, sino que también dificulta la búsqueda de soluciones efectivas.

La construcción mediática de los jóvenes como «peligrosos» ha sido clave para justificar medidas punitivas.

Sin embargo, los datos muestran una realidad más compleja. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 56% de los niños y adolescentes en Argentina vive en situación de pobreza, y muchos de ellos enfrentan barreras estructurales que los empujan hacia la marginalidad.

En este contexto, reducir la edad de imputabilidad no solo es insuficiente, sino que también podría agravar la exclusión social.

¿Qué dice la evidencia internacional?

La experiencia de otros países ofrece lecciones importantes sobre los efectos de bajar la edad de imputabilidad. En Brasil, donde la edad mínima de responsabilidad penal es de 12 años, los índices de reincidencia entre jóvenes encarcelados superan el 70%.

En contraste, países como Noruega, que priorizan medidas socioeducativas y programas de reinserción, tienen tasas de reincidencia inferiores al 20%.

Estos datos refuerzan la idea de que el enfoque punitivo no solo es ineficaz, sino que también puede ser contraproducente.

En Argentina, el sistema penal juvenil ya enfrenta serias deficiencias.

Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los centros de detención para menores están sobrepoblados y carecen de recursos para garantizar condiciones dignas.

Reducir la edad de imputabilidad sin abordar estas falencias estructurales podría exponer a más adolescentes a un sistema que no está preparado para rehabilitarlos.

La dimensión educativa y social del problema

Fernández y Rosemblat también destacaron la importancia de abordar la crisis juvenil desde una perspectiva educativa y social.

«No se puede dejar a los docentes solos ante esta emergencia. Están quemados, al igual que los alumnos, y necesitan apoyo urgente«, afirmó Fernández, quien abogó por una «revolución educativa» que adapte las escuelas a los cambios culturales y priorice el bienestar de docentes y estudiantes.

La exlegisladora también criticó la falta de espacios de diálogo en las escuelas y la ausencia de políticas públicas que promuevan la inclusión social.

Según un informe de CIPPEC, los adolescentes que abandonan la escuela tienen un 40% más de probabilidades de entrar en conflicto con la ley. En este sentido, invertir en educación y programas de contención social es clave para prevenir la violencia juvenil.

Un llamado a la reflexión

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad no puede reducirse a una discusión sobre seguridad.

Como señaló Ofelia, «la gravedad de un delito no puede ser una excusa para ignorar las causas estructurales que lo generan». En este sentido, es fundamental que la sociedad y la política adopten un enfoque integral que priorice la prevención, la inclusión y la justicia social.

La pregunta que queda es si la dirigencia política estará dispuesta a abandonar la demagogia punitiva para enfrentar los desafíos de fondo. Mientras tanto, los adolescentes más vulnerables seguirán siendo las principales víctimas de un sistema que, lejos de protegerlos, los empuja aún más hacia la exclusión.