Conectate con El Argentino

Medios

¿Bajar la edad de imputabilidad? Ofelia Fernández destrozó la “demagogia punitiva” del Gobierno

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina volvió a la agenda política y genera tensiones entre quienes la ven como una solución a la inseguridad y quienes la critican como una medida punitiva que ignora las causas estructurales de la violencia juvenil. ¿Cuáles son las intenciones detrás de esta propuesta?

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Ofelia Fernández.

¿Una solución real o una estrategia electoral?

La propuesta de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años fue presentada como una respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad en nuestro país.

Sin embargo, para Ofelia Fernández, exlegisladora y actual columnista, esta medida no es más que «demagogia punitiva».

Durante su análisis en su columna «Las sospechas de Ofelia», transmitido en el canal de YouTube «Gelatina», Fernández afirmó que «la política ha dejado de pretender resolver problemas para enfocarse en construir estridencias electorales».

Pedro Rosemblat, quien acompañó a Fernández en el debate, coincidió en que esta propuesta refleja una desconexión entre la dirigencia política y las problemáticas reales de los adolescentes.

«Es más fácil endurecer penas que invertir en educación o en programas de contención social», señaló el conductor , quien también criticó la falta de voluntad política para implementar soluciones integrales.

La construcción del «monstruo» adolescente

Uno de los puntos más polémicos del debate es la narrativa que deshumaniza a los adolescentes en conflicto con la ley.

Fernández denunció que «la demagogia por derecha desinfantiliza a los jóvenes delincuentes, construyendo una imagen de ‘monstruo’ que impide comprender la complejidad del problema». Esta visión, según la exlegisladora, no solo estigmatiza a los adolescentes, sino que también dificulta la búsqueda de soluciones efectivas.

La construcción mediática de los jóvenes como «peligrosos» ha sido clave para justificar medidas punitivas.

Sin embargo, los datos muestran una realidad más compleja. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 56% de los niños y adolescentes en Argentina vive en situación de pobreza, y muchos de ellos enfrentan barreras estructurales que los empujan hacia la marginalidad.

En este contexto, reducir la edad de imputabilidad no solo es insuficiente, sino que también podría agravar la exclusión social.

¿Qué dice la evidencia internacional?

La experiencia de otros países ofrece lecciones importantes sobre los efectos de bajar la edad de imputabilidad. En Brasil, donde la edad mínima de responsabilidad penal es de 12 años, los índices de reincidencia entre jóvenes encarcelados superan el 70%.

En contraste, países como Noruega, que priorizan medidas socioeducativas y programas de reinserción, tienen tasas de reincidencia inferiores al 20%.

Estos datos refuerzan la idea de que el enfoque punitivo no solo es ineficaz, sino que también puede ser contraproducente.

En Argentina, el sistema penal juvenil ya enfrenta serias deficiencias.

Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los centros de detención para menores están sobrepoblados y carecen de recursos para garantizar condiciones dignas.

Reducir la edad de imputabilidad sin abordar estas falencias estructurales podría exponer a más adolescentes a un sistema que no está preparado para rehabilitarlos.

La dimensión educativa y social del problema

Fernández y Rosemblat también destacaron la importancia de abordar la crisis juvenil desde una perspectiva educativa y social.

«No se puede dejar a los docentes solos ante esta emergencia. Están quemados, al igual que los alumnos, y necesitan apoyo urgente«, afirmó Fernández, quien abogó por una «revolución educativa» que adapte las escuelas a los cambios culturales y priorice el bienestar de docentes y estudiantes.

La exlegisladora también criticó la falta de espacios de diálogo en las escuelas y la ausencia de políticas públicas que promuevan la inclusión social.

Según un informe de CIPPEC, los adolescentes que abandonan la escuela tienen un 40% más de probabilidades de entrar en conflicto con la ley. En este sentido, invertir en educación y programas de contención social es clave para prevenir la violencia juvenil.

Un llamado a la reflexión

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad no puede reducirse a una discusión sobre seguridad.

Como señaló Ofelia, «la gravedad de un delito no puede ser una excusa para ignorar las causas estructurales que lo generan». En este sentido, es fundamental que la sociedad y la política adopten un enfoque integral que priorice la prevención, la inclusión y la justicia social.

La pregunta que queda es si la dirigencia política estará dispuesta a abandonar la demagogia punitiva para enfrentar los desafíos de fondo. Mientras tanto, los adolescentes más vulnerables seguirán siendo las principales víctimas de un sistema que, lejos de protegerlos, los empuja aún más hacia la exclusión.

Mundo 🌐

Chat Control: la ley europea que convierte tu celular en un testigo

El Parlamento Europeo debate una normativa que obligaría a escanear mensajes privados para detectar abuso sexual infantil, incluso en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo. El debate enfrenta la protección de la infancia contra el derecho a la privacidad de millones de usuarios y pone en cuestión el futuro de las comunicaciones digitales.

Publicado hace

#

La propuesta "Chat Control 2.0" plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.

Millones de conversaciones privadas, fotos, audios y textos intercambiados a diario en aplicaciones como WhatsApp o Signal podrían ser escaneados automáticamente antes de llegar a su destinatario. Eso es lo que prevé la normativa conocida como «Chat Control», una propuesta legislativa en debate en el Parlamento Europeo que divide a juristas, activistas digitales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en toda la Unión Europea.

La regulación apunta a detectar contenido de explotación sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en las comunicaciones digitales. En su versión vigente, una normativa temporal prorrogada hasta 2028 permite a las plataformas identificar de manera voluntaria ese tipo de material en mensajes privados, imágenes y videos. Pero la propuesta de largo plazo, denominada «Chat Control 2.0», plantea extender esa capacidad de detección también a los servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que representa un salto cualitativo de enorme magnitud en términos de vigilancia digital masiva.

Un escudo que también puede convertirse en una red de arrastre

El cifrado de extremo a extremo, tal como funciona hoy en aplicaciones como Signal o WhatsApp, impide que ni siquiera el proveedor del servicio pueda leer los mensajes en tránsito. Es, en términos prácticos, el equivalente digital del secreto postal. Cualquier sistema de detección que pretenda operar sobre mensajes cifrados tendría que actuar antes de que ese escudo se active, es decir, en el dispositivo del usuario, justo antes de que el mensaje sea enviado. Esta técnica se denomina «client-side scanning» y consiste en examinar el contenido mientras aún es legible, antes de que se aplique el cifrado.

Las herramientas técnicas propuestas funcionan transformando cada archivo en una especie de huella digital que se compara con bases de datos de material ilegal ya identificado. Además, utilizan modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer contenido nuevo o modificado y analizan los textos en busca de patrones lingüísticos asociados al grooming o acoso sexual a menores.

El fallo humano en la cadena de verificación

En plataformas sin cifrado, cuando un sistema automático detecta una coincidencia, la alerta es enviada a revisores humanos expertos que examinan el material antes de informarlo a las autoridades. Empresas como Google sostienen que este proceso garantiza una verificación responsable. Sin embargo, según señaló el ex eurodiputado alemán Patrick Breyer, jurista y activista por los derechos digitales, es precisamente en esa etapa de verificación donde el sistema comienza a fallar cuando se utiliza a gran escala.

Los empleados encargados de revisar las alertas aplican criterios legales diversos, no siempre logran discernir la intención detrás del contenido y, con frecuencia, confunden situaciones de sexting consensuado entre jóvenes o imágenes enviadas como bromas en chats grupales. En muchos casos, los adolescentes involucrados nunca tuvieron intención de enviar ni recibir material ilegal, simplemente reenviaron un archivo dentro de una conversación diferente.

Breyer no se opone a la detección en sí misma. Su argumento es más preciso: el escaneo debería permitirse solo cuando un tribunal independiente confirme que hay motivos razonables para sospechar de una persona específica, tal como ocurre con una orden judicial para revisar la correspondencia de un ciudadano. Extender ese control a toda la población «por si acaso» representa, en sus términos, un tipo de intervención de naturaleza completamente diferente.

Una regulación que depende de la app que uses

Por el momento, lo que sucede con un mensaje depende enteramente de la aplicación que se use. En servicios sin cifrado, el contenido puede recibir una identificación digital o ser examinado por algoritmos antes o justo después de ser enviado, revisado luego por expertos y comunicado a las autoridades ante una coincidencia confirmada. En servicios con cifrado de extremo a extremo, la legislación europea actual no se aplica de la misma forma y el contenido permanece inaccesible para los proveedores.

Esa asimetría está en el centro del debate parlamentario. Si «Chat Control 2.0» finalmente incluye a los servicios cifrados, la arquitectura de privacidad digital que millones de personas dan por garantizada quedaría radicalmente transformada. La pregunta que el Parlamento Europeo no puede eludir es hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder privacidad en nombre de la seguridad, y si esa cesión puede hacerse sin abrir una puerta que, una vez abierta, sea prácticamente imposible cerrar.

El debate no es solo técnico. Es político, filosófico y tiene implicancias directas para las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la comunicación digital es constitutiva de su identidad. La decisión que tome Europa en los próximos años marcará un precedente global sobre los límites del Estado en las comunicaciones privadas.

Lo que tenés que saber

  • La normativa «Chat Control» vigente, prorrogada hasta 2028, permite a las plataformas detectar voluntariamente contenido de abuso sexual infantil en mensajes privados.
  • La propuesta «Chat Control 2.0» plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.
  • El ex eurodiputado Patrick Breyer advierte que el sistema falla a gran escala y que el escaneo solo debería habilitarse con orden judicial previa, no de manera masiva e indiscriminada.
  • Las herramientas de detección combinan huellas digitales de archivos conocidos, inteligencia artificial para contenido nuevo y análisis de patrones lingüísticos vinculados al grooming.
  • La decisión del Parlamento Europeo sobre si incluir o no a los servicios cifrados en la regulación definitiva tendrá impacto global en el futuro de la privacidad digital.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo