Judiciales ⚖️
Policía mató a su amigo de un tiro en el pecho cuando hacía un «chiste»
El acusado bromeaba habitualmente que le disparaba con el arma reglamentaria a personas de su entorno, hasta que la «joda» le salió mal y le metió un balazo a uno.
Un policía de Neuquén mató de un balazo a un amigo que trabajaba en un taller, tras quererle hacer un «chiste» al gatillarle su arma en el pecho, por lo que quedó detenido por «homicidio», informaron está sábado fuentes judiciales.
El hecho ocurrió el jueves último, alrededor de las 15.20, en el local ubicado en 12 de Septiembre al 800, en el centro-oeste de la capital provincial, donde la víctima, identificada como Diego Escobar (28), estaba trabajando junto a dos primos y otro empleado.
Fuentes judiciales informaron que, según la acusación de la fiscal de Homicidios, Eugenia Titanti, el policía Nicolás Leopoldo López (29), con aproximadamente dos años de antigüedad en la fuerza, se acercó al negocio luego de haber terminado su servicio.
En ese momento, uno de los primos de Escobar salió del taller para realizar unas compras y se topó con López, quien portaba su arma y, sorpresivamente, le apuntó en el pecho y apretó el gatillo, sin que saliera el proyectil.
“Asustado, le dijo que no hiciera eso, que no era un juego. Pero haciendo caso omiso, López ingresó al taller, dónde estaba la víctima junto a su otro familiar”, señaló la fiscal en la audiencia de imputación de cargos.
La representante del Ministerio Público afirmó que, en ese instante, el imputado reiteró la maniobra: apoyó el arma en el pecho de Escobar y volvió a apretar el gatillo pero esta vez, el disparo se efectuó, por lo que la víctima murió casi de inmediato.
Según los voceros, Titanti encuadró el hecho como un «homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor» ya que el acusado no se encontraba de servicio (lo había estado hasta el mediodía), por lo que no se aplica en este caso el agravante de la función policial.
El asistente letrado de la fiscalía, Bruno Micciulo, quien es parte del equipo que interviene en el caso, sostuvo que López actuó con “total desprecio por la vida y por la capacitación e instrucción que recibió”.
De acuerdo al funcionario judicial, el acusado “entró al taller bromeando y usando su arma a modo de chiste”.
“Un testigo le dijo que dejara de hacer esas bromas, ya que no era la primera vez que lo hacía”, agregó y aclaró que “este desprecio por la reglamentación y por su función nos hace pensar que si no pudo acatar eso, menos se someterá al proceso penal”.
Por ello, la fiscalía solicitó la imposición de una medida cautelar para garantizar la realización del juicio, por considerar que en el hecho se presentan los dos peligros procesales que habilitan la posibilidad de que una persona que no está condenada sea privada de su libertad: el riesgo no sometimiento al proceso y el de entorpecimiento de la investigación.
Para sostener el pedido de la medida cautelar más grave, como es la prisión preventiva, también argumentó que la pena en expectativa en caso de una condena es alta, con un mínimo de 10 años y 4 meses de prisión, y que ante esa situación, el imputado podría evadir el proceso.
Finalmente explicó que, como López tenía una relación de amistad tanto con la víctima como con los testigos, la prisión preventiva era necesaria para evitar que pudiera influenciar a estos últimos y, efectivamente, entorpecer la investigación.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Mauricio Zabala tuvo por formulados los cargos tal como los presentó la fiscal, fijó el plazo de investigación en dos meses y, tras descartar un pedido de detención domiciliaria que realizó la defensa, impuso la prisión preventiva por cuatro meses.
En tanto, los restos de Escobar fueron velados desde ayer por la tarde hasta esta mañana cuando iban a inhumarlos en el cementerio local.
Desregulación
Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil
La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.
¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo
★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.
Los delitos imputados y el eje de la denuncia
La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.
La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.
Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego
Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.
El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.
El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado
La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.
En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.
Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria
La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.
Puntos clave:
- La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
- Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
- La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
- La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
- Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
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