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Represión

Cortes y operativo de seguridad en el Congreso: Monteoliva despliega el protocolo represivo a pesar de fallo en su contra

El Ministerio de Seguridad despliega fuerzas federales y aplicará el ‘Protocolo Antipiquetes’ durante la movilización contra la reforma laboral, pese a que la Justicia Federal declaró su nulidad. El operativo incluye vallado perimetral y controles en accesos a la Ciudad.

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El Argentino Diario-Operativo de seguridad-Congreso-Marcha federal.

★ El gobierno nacional dispuso un fuerte operativo de seguridad para este miércoles en los alrededores del Congreso Nacional, donde se espera una masiva movilización sindical y política contra el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado. El despliegue incluye efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, confirmó que aplicará el ‘Protocolo Antipiquetes’, a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad. La decisión de implementar un instrumento judicialmente invalidado genera interrogantes sobre la legalidad del operativo y la estrategia gubernamental frente al derecho constitucional a la protesta.

Vallado y control de calles circundantes

Desde la cartera de Seguridad aseguraron que se «buscará garantizar la libre circulación» de los ciudadanos y que se impedirá el corte total de calles y avenidas circundantes. El despliegue de efectivos tendrá como objetivo principal custodiar el palacio legislativo y sus alrededores, que incluyen Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos (y su continuación Callao) y Riobamba.

Tal como sucede todos los miércoles durante las habituales marchas de los jubilados, se implementará el sistema de vallado en el perímetro del Congreso, una medida que impactará en el tránsito de la zona y que replica el esquema de control espacial aplicado en protestas anteriores.

Controles en accesos a la Ciudad

A esto se sumará la presencia policial en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de controlar la llegada de columnas de los sindicatos convocantes, entre ellos los gremios nucleados en la CGT, las dos CTA, ATE, UOCRA y la UOM, entre otros.

La estrategia de control en puntos de ingreso a la Capital Federal forma parte del dispositivo preventivo que el gobierno despliega ante movilizaciones de gran magnitud, y que en ocasiones anteriores generó denuncias por restricción al derecho de manifestación y criminalización de la protesta social.

Recomendaciones de tránsito

Por el momento, se recomienda evitar la zona debido a las complicaciones de tránsito, el despliegue policial y la concentración de activistas, organizaciones sociales, sindicales y políticas que participarán de la jornada de protesta contra la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza.

La aplicación de un protocolo declarado nulo por la Justicia plantea un escenario de potencial confrontación entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en un contexto de creciente tensión social por las políticas de ajuste del gobierno libertario.

Puntos clave:

• Ministerio de Seguridad aplicará ‘Protocolo Antipiquetes’ pese a su nulidad judicial

• Operativo incluye Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA en alrededores del Congreso

• Vallado perimetral y controles en principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires

• Se impedirá corte total de calles circundantes durante movilización sindical

• Recomiendan evitar zona por complicaciones de tránsito y concentración de manifestantes ★

DDHH

Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas

Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.

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El-Argentino-Presos Rejas Detenidos Cárcel.

Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.

El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.

Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia

El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.

El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.

El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.

Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave

El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.

La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.

A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.

Un patrón estructural del sistema penitenciario federal

Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
  • Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
  • Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
  • Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
  • Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.

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