Investigación 🔎
Escándalo Libra: 250 mil dólares y un pacto borrado que vincula a Milei con Hayden Davis
Una investigación reveló que el fiscal Eduardo Taiano mantuvo oculto un borrador de acuerdo entre el Presidente y Hayden Davis; mientras surgen pruebas de transferencias por miles de dólares a personas del entorno presidencial.
★ El Caso Libra sumó un capítulo determinante tras la revelación de un documento que la justicia mantuvo bajo reserva desde noviembre del año pasado. Se trata de una carta de intención (LOI por sus siglas en inglés) que establece un vínculo de asesoramiento entre el creador del criptoactivo, Hayden Davis, y el presidente Javier Milei.
La existencia de este archivo, recuperado del teléfono celular de Mauricio Nobelli (colaborador cercano al mandatario), contradice la versión oficial sobre la informalidad del encuentro en Casa Rosada y pone bajo la lupa el accionar del fiscal Eduardo Taiano, acusado por sectores de la oposición de «cajonear» la prueba.
El borrador del acuerdo secreto
La periodista Natalia Volosín reveló que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) recuperó el documento el 27 de noviembre de 2025. El archivo es un texto dirigido al «señor presidente Javier Milei» donde se ofrece un servicio de asesoramiento especializado en blockchain y criptomonedas de manera «ad honorem». Sin embargo, la fecha del documento (29 de enero) coincide con el pedido de audiencia para Davis, quien se reunió con el Jefe de Estado al día siguiente.
Fuentes judiciales con acceso al expediente indicaron que este borrador fue borrado del teléfono de Nobelli antes de ser secuestrado, lo que refuerza las sospechas sobre un intento de ocultamiento. A pesar de tener esta información procesada, el fiscal Taiano le consultó formalmente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, si existía constancia de tal acuerdo; un paso que las querellas califican como una maniobra distractiva dado que el Ministerio Público ya poseía el texto original.
Transferencias y facturas bajo sospecha
La investigación detectó una factura por 250.000 dólares emitida el 5 de enero por Pía Nobelli (hermana de Mauricio Nobelli) hacia la organización de Hayden Davis. Los investigadores intentan determinar la trazabilidad de estos fondos en billeteras virtuales, ya que sospechan que los pagos podrían estar vinculados al posteo que el presidente realizó el 14 de febrero invitando a invertir en el criptoactivo Libra.
Además de los hermanos Nobelli y el propio Milei, la causa tiene como imputados a Sergio Daniel Morales (ex integrante de la Comisión Nacional de Valores), Manuel Terrones Godoy, y se investiga el rol de Karina Milei como presunta facilitadora de los accesos al despacho presidencial.
El diputado Maximiliano Ferraro, integrante de la comisión investigadora en el Congreso, denunció que el fiscal Taiano no compartió estos hallazgos con el Poder Legislativo, obstaculizando el avance del control parlamentario sobre la presunta estafa.
La defensa de los involucrados
Mientras el gobierno nacional mantiene un estricto silencio sobre el hallazgo del documento, el entorno de Davis sostiene que no hubo delito sino una contratación de servicios de influencia (influencers) para promocionar la moneda.
No obstante, la justicia investiga si el uso de la figura presidencial para promover un activo que resultó en una estafa masiva configura los delitos de corrupción, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Por el momento, la defensa de Nobelli intentó frenar el acceso total a los datos del teléfono bajo el argumento de proteger la privacidad, pero los informes de la DATIP ya confirmaron la relevancia penal de los mensajes recuperados.
Puntos clave:
- Se recuperó un borrador de acuerdo entre Javier Milei y Hayden Davis que estaba borrado en un celular secuestrado.
- El fiscal Eduardo Taiano es cuestionado por no haber notificado a las partes sobre este hallazgo durante meses.
- Detectaron una factura de 250.000 dólares de la familia Nobelli vinculada al creador de Libra.
- La Comisión Investigadora del Congreso denuncia ocultamiento de información por parte del Ministerio Público Fiscal.
- La causa investiga si el posteo presidencial de febrero fue parte de una prestación de servicios remunerada. ★
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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