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Judiciales ⚖️

Denunciaron a Dujovne por el envío ilegal de dólares al exterior

El ex ministro de Economía del gobierno de Cambiemos, gestor de la deuda con el FMI, fue sindicado por presuntas «operatorias de triangulación y fuga de dinero».

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El ex ministro de Economía del gobierno de Cambiemos, Nicolás Dujovne, fue denunciado por presuntas «operatorias de triangulación y fuga de dinero», a partir de una investigación periodística que reveló conversaciones del ex funcionario en las que se hablaba de cómo mover dinero a cuentas en el exterior.

La denuncia presentada en los Tribunales de Comodoro Py recayó por sorteo en el Juzgado Federal porteño N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y fue formulada por el abogado Daniel Trava, quien solicitó que se corra traslado de su presentación a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y a la Oficina Anticorrupción.

En la denuncia se recoge la información difundida en el programa «Duro de Callar» de Radio Del Plata, donde aseguraron haber accedido a un intercambio de mensajes de WhatsApp atribuido al propio Dujovne, fechado en octubre de 2015, en el que el economista, supuestamente, acordaba una operatoria para trasladar dinero al exterior y eludir los controles cambiarios vigentes en aquel entonces.

«Las conductas delictivas desplegadas por el denunciado repugnan a la sociedad toda».

El denunciante sostuvo que la información periodística difundida «da cuenta de operatorias de triangulación y fuga de dinero, realizada por el denunciado, con la participación de otras personas y de bancos de origen extranjero, radicados en nuestro país. Desde alguna o algunas cuentas de las denominadas offshore en el Estado de Delaware, en Estados Unidos de Norte América; de las que el mencionado Dujovne era titular».

El abogado Trava también sostuvo en su denuncia que «el delito denunciado, puede haber sido continuado, incluso en el período en que Dujovne fue ministro de Economía de nuestro país, lo que importaría, además, la comisión de otros delitos, a los cuales Usía (apócope de ‘Vuestra señoría’, en referencia al juez) valorará y tipificará, según su experiencia y mejor conocimiento del ordenamiento jurídico vigente».

«Las conductas delictivas desplegadas por el denunciado repugnan a la sociedad toda, ya que estas conductas no serían ajenas al devenir de las cosas, que, entre otras, llevaron a este individuo a negociar un empréstito ilegal con el Fondo Monetario Internacional, generando una deuda, que, entre otros, pagaré yo, mis hijas, mis nietos y vaya a saberse cuantas generaciones más», añadió el denunciante.

«Dujovne siempre se dedicó a fugar plata, como Alfonso Prat Gay, como Federico Sturzenegger, como Luis Caputo».

«Y digo empréstito ilegal, porque se realizó con la complicidad del entonces Presidente de la Nación, por Mauricio Macri, otros ministros y miembros oficialistas del Parlamento Nacional; haciendo caso omiso a la manda de nuestra Constitución Nacional, que entre sus disposiciones del artículo 75 establece las atribuciones del Congreso (las cuales resultan indelegables); en el inciso 7 se dispone que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación, y en su inciso 4 dice que también es su facultad contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación», concluyó.

Los presuntos WhatsApps intercambiados por Dujovne en el año 2015 para fugar dinero al exterior circularon públicamente esta tarde: en los mensajes se menciona una suma de 15.000 dólares y la intervención de bancos de Uruguay, Suiza y Estados Unidos.

Dujovne es uno de los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que se encuentra imputado en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, durante la administración Cambiemos.

Tras conocerse la presentación de la denuncia, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) señaló que se trata de un tema «grave» que también «tiene que investigar el Banco Central» porque es el organismo «encargado de instruir en nuestro país los sumarios sobre infracciones a la ley penal cambiaria».

«La infracción cambiaria se da cuando en el país hay control de cambios. En el gobierno de Macri la fuga no era delito, pero en cambio en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había control de cambios, lo que significa que todas las operaciones que tenías que hacer para (sacar dinero) afuera tenían que pasar por el Banco Central», sostuvo.

«Dujovne siempre se dedicó a fugar plata, como Alfonso Prat Gay, como Federico Sturzenegger, como Luis Caputo. Son eso, no son otra cosa que eso. Por lo tanto, todo el proceso de la gestión económica de Mauricio Macri no podía terminar de otra manera, teniendo a estos cuatro personajes a cargo del ministerio de Hacienda, del ministerio de Finanzas y del Banco Central de la República Argentina», concluyó Tailhade.

Dujovne era ministro de Economía cuando el FMI decidió auxiliar a la gestión de Macri con un stand-by récord por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.000 millones.

Esa deuda preveía un cronograma de vencimientos muy comprometido, lo cual llevó al gobierno de Alberto Fernández a acordar una refinanciación con el propio organismo, que la Cámara de Diputados debate este jueves en el recinto.

Educación

Milei tiene cinco días para cumplir la Ley universitaria o pagar multas

El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a dar efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo perentorio de cinco días. Si no lo hace, el Gobierno deberá abonar astreintes por cada día de demora. La norma lleva 336 días aprobada por el Congreso y el Ejecutivo sigue sin aplicarla.

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Un juez federal le puso un reloj al Gobierno: cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario o enfrentar multas económicas diarias. La intimación la dictó el magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, y representa un nuevo revés judicial para la gestión de Javier Milei en su pulseada con las universidades nacionales.

La resolución establece que el demandado, el Estado Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, debe «dar efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días» a la medida cautelar vigente vinculada con la ejecución de la ley N°27.795, «bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora». La norma fue aprobada por el Congreso hace 336 días y el Ejecutivo sigue sin ejecutarla.

Qué dice la resolución y qué exige el gremio docente

La federación docente CONADU Histórica fue quien impulsó la acción judicial y difundió la resolución de Cormick. El gremio precisó que «para cumplir con la ley el aumento debe ser de 33,4%» y sintetizó su posición en una frase que ya circula en las redes sociales de los claustros universitarios: «Milei no sos rey, cumplí la ley».

Las astreintes son multas de aplicación progresiva: cada día que el Gobierno no cumpla con la cautelar, la deuda crece. Es el mecanismo que la Justicia tiene para forzar el acatamiento de sus resoluciones cuando el Estado demora o evita ejecutarlas.

El mismo juez ya había ordenado al Gobierno liberar partidas para la UBA

La intimación de esta semana no es la primera intervención de Cormick en el conflicto universitario. En septiembre, el mismo juzgado había hecho lugar a una cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires y ordenado ejecutar partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En aquella oportunidad, Cormick sostuvo que, luego del rechazo legislativo al veto presidencial, el proceso constitucional de sanción de la norma «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley».

El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario en 2024, pero el Congreso rechazó ese veto. Desde entonces, el Ejecutivo se niega a aplicar la norma, lo que derivó en sucesivas intervenciones judiciales y en cuatro marchas federales universitarias, con una quinta anunciada para octubre.

Un conflicto que ya tiene calle y tribunales

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a cuatro marchas federales desde que comenzó el conflicto presupuestario y anunció una quinta para octubre. Las movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas en todo el país en defensa de la educación pública y el salario docente. El recorte real al presupuesto universitario supera el 31% desde diciembre de 2023, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y del propio Presupuesto Nacional.

La intimación judicial llega en ese contexto: un Gobierno que recorta la educación pública, ignora una ley sancionada por el Congreso, desafía las órdenes judiciales y ahora tiene un contador regresivo de cinco días antes de que empiecen a correr las multas.

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