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Transporte

Guerrera dijo que la Ciudad debe «asumir responsabilidades» sobre el transporte

La propia ciudad de Buenos Aires asumió que tiene competencias en lo que hace al transporte automotor de pasajeros, eso queremos discutir», planteó el ministro de Transporte en referencia a la ley 26.740 de 2012.

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El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, sostuvo este jueves que la discusión con la ciudad de Buenos Aires sobre la jurisdicción del transporte público de pasajeros es «mucho más profunda» y va más allá de «una supuesta quita de subsidios», mientras que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, pidió al Gobierno porteño que asuma «las responsabilidades» que le competen.

«La propia ciudad de Buenos Aires asumió que tiene competencias en lo que hace al transporte automotor de pasajeros, eso queremos discutir», planteó Guerrera en referencia a la ley 26.740 de 2012, en la que el distrito pasó a asumir «en forma exclusiva la competencia de los servicios públicos de transporte de pasajeros».

En este marco, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su rechazo a la posible quita de subsidios a la Ciudad en materia de transporte público y señaló que el titular del Ejecutivo capitalino tendría que defender la autonomía también cuando se trata de asumir «las responsabilidades» y no solo para hacer uso de «los beneficios».

«Me parece que sería importante que el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no defienda la autonomía solamente cuando se trata de los beneficios, sino que la defienda también cuando se trata de las responsabilidades», criticó Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa de Gobierno.

Agregó que «suele suceder que Rodríguez Larreta quiere ser autónomo cuando tiene que recibir y no quiere ser autónomo cuando tiene que ser quien se haga responsable, por ejemplo, del transporte público”.

Larreta había indicado esta mañana, en una visita al Centro de Monitoreo Norte del Anillo Digital en la localidad de Villa Martelli, que la quita de subsidios implicaría «otro claro avance contra la autonomía» porteña.

«Tenemos que volver a ser un país federal, y esto supone respetar la autonomía de los distritos, especialmente en el tema movilidad», expresó el jefe de Gobierno porteño, y dijo que eventualmente tiene que hacerse «de forma coordinada».

Al respecto, Guerrera señaló en declaraciones radiales que «la Ciudad centra su discurso en una supuesta quita de subsidios», y sostuvo que el gobierno nacional quiere «dar una discusión mucho más profunda» que apunta a un ordenamiento de las atribuciones que coloque a la Ciudad en igualdad de condiciones con el resto del país.

En ese sentido, planteó que en la administración de Rodríguez Larreta «están abriendo el paraguas sobre una cuestión que no están dispuestos a absorber y negó que se trate de un «embate» del Gobierno nacional.

«Con 22 gobernadores que nos plantean la asimetría en las tarifas, ¿esto es un embate o es ir en la búsqueda de un país federal?», se preguntó el ministro.

Por su parte, Cerruti recordó que la ley 26.740 que dispuso en 2012 el traspaso del subterráneo “también incluía el transporte público en calidad de colectivos”, pese a que nunca se efectivizó este último cambio jurisdiccional.

“Se convocó a una mesa de diálogo y se va a llevar adelante en los términos que correspondan”, dijo la funcionaria.

También Guerrera insistió en la necesidad de encarar «sin chicanas» el debate sobre «un sistema que es necesario revisar en su conjunto» y en que la discusión va más allá de «una supuesta quita de subsidios» con el consiguiente incremento de tarifas.

Al respecto, señaló que eso podría no ocurrir «si el gobierno de la Ciudad quiere que los pasajeros de sus 32 líneas sigan pagando un boleto a $ 18», continuando con el subsidio tarifario que en la actualidad paga la Nación.

En la misma línea, el secretario de Transporte, Diego Giuliano, señaló que con la decisión de transferir a la Ciudad de Buenos Aires las 32 líneas del transporte urbano de pasajeros que tienen su recorrido exclusivamente en ese territorio, «se intenta generar una mayor paridad federal y fundamentalmente redistribuir un subsidio que en la Argentina generó una disparidad respecto del habitante de la provincia de Salta, o Tucumán, o Santa Fe o Río Negro en relación al habitante de la Ciudad».

El funcionario dijo que «esta discusión tiene que llevarse adelante” y destacó la importancia de “que esas asimetrías se vayan superando».

«Fundamentalmente, que la Ciudad reasuma su autonomía en lo que tiene que ver con la competencia, con los recorridos, con las paradas, con la tarifa y con el subsidio de su propio transporte automotor de pasajeros”, sostuvo Giuliano.

Economía 💲

Milei entrega Retiro al negocio privado: 30 años de concesión sin un peso del Estado

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos, convocar a la licitación y resolver la adjudicación. Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas, y mejoras en seguridad e iluminación.

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El Gobierno licitará la Terminal de Retiro con financiamiento 100% privado

El Ejecutivo nacional oficializó este viernes el llamado a licitación pública para remodelar y operar la Terminal de Ómnibus de Retiro, el principal nodo de transporte automotor de pasajeros del país.

La medida, formalizada mediante el Decreto 273/2026 publicado en el Boletín Oficial, declara el proyecto de interés público y pone fin a la concesión que desde 1993 ejerció la empresa TEBA S.A., históricamente vinculada al empresario Néstor Otero, fallecido a fines de 2024.

La nueva concesión tendrá una duración de 30 años y se ejecutará con financiamiento íntegramente privado, sin comprometer recursos del Estado, según precisó el comunicado oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien amplificó el anuncio en sus redes sociales.

Un negocio presentado como modernización

La licitación fue impulsada a partir de una iniciativa privada presentada por cuatro empresas: Inverlat Investments S.A. (propietaria de la cadena Havanna), Service Trade S.A. (vinculada al grupo inmobiliario Narváez, especializado en remates), Inversiones Peirod S.A. y BV Investment S.A.. Estas firmas presentaron la propuesta ante las autoridades competentes, que elaboraron el informe que derivó en la declaración de interés público.

El esquema elegido es la concesión de obra, infraestructura y servicio público. La empresa que resulte adjudicataria asumirá la totalidad de la inversión, operará el sistema y percibirá los ingresos de su explotación comercial; a cambio, deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional.

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos, convocar a la licitación y resolver la adjudicación. Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas, y mejoras en seguridad e iluminación. Además, el decreto derogó el llamado licitatorio de 2015, lanzado sin éxito durante la gestión de Mauricio Macri.

El «Zar de Retiro» y tres décadas de zona liberada

La historia de TEBA S.A. en Retiro es, en sí misma, un capítulo emblemático de cómo operan los negocios con el Estado en la Argentina. La empresa obtuvo la concesión original en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, en el marco del ciclo privatizador de aquella década.

El contrato vencía en 2005, pero fue prorrogado de manera directa hasta 2015 sin proceso competitivo alguno. A partir de ese año, la concesión continuó sin licitación vigente; entre 2015 y 2020 operó con el contrato ya expirado, y en 2020 se otorgó una nueva prórroga acompañada de compromisos de mantenimiento de alcance limitado. Desde entonces, la operación «se sostuvo en condiciones precarias y transitorias, sin un marco contractual actualizado».

Otero, conocido en el ambiente del transporte como el «Zar de Retiro», también controlaba la estación de trenes de Once, concesión que también le fue otorgada durante el menemismo. En 2018 apareció en la Causa de los Cuadernos de las Coimas, señalado como uno de los empresarios del transporte que habría realizado aportes ilegales al esquema de recaudación durante la gestión kirchnerista. Fue procesado, aunque eso no alteró su control sobre la terminal.

Ya bajo la presidencia de Milei, en diciembre de 2024, fue desalojado de la estación de Once por orden judicial; no obstante, el Ejecutivo libertario no le quitó el dominio de Retiro mientras estuvo con vida. Solo ahora, tras su fallecimiento, el Gobierno avanza formalmente con la licitación.

Lo que el Estado cede, lo que el Estado cobra

El esquema planteado por el gobierno de Milei sigue la lógica central de su gestión: retirar al Estado como agente de inversión y relegar su rol al de cobrador de un canon. En ese modelo, quien controle la terminal por 30 años concentrará ingresos provenientes de alquileres de locales comerciales, tasas a las empresas de micros, estacionamiento, consigna, servicios y explotación de baños, entre otros rubros.

La determinación del valor del canon, su mecanismo de actualización y las condiciones de la ecuación económica que garantice inversión real, aún no están definidas: quedarán fijadas en los pliegos que elabore el Ministerio de Economía.

El Gobierno aseguró que la continuidad del servicio estará garantizada durante el período de transición: TEBA S.A., en su actual condición de operador precario y revocable, continuará a cargo hasta que se adjudique la nueva concesión.

Por la terminal pasan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta, y se realizan más de 300 mil servicios anuales hacia destinos nacionales e internacionales.

Puntos clave

  • El Decreto 273/2026 oficializó la licitación pública de la Terminal de Ómnibus de Retiro con financiamiento 100% privado y concesión por 30 años.
  • La iniciativa fue presentada por cuatro empresas privadas, entre ellas Inverlat Investments S.A. (dueña de Havanna) y Service Trade S.A. (grupo Narváez).
  • La concesión de TEBA S.A., iniciada en 1993 bajo el menemismo, operó con contratos vencidos o en condiciones precarias desde 2005.
  • El adjudicatario asumirá toda la inversión y explotación; el Estado recibirá un canon mensual cuya magnitud se definirá en los pliegos.
  • El Ministerio de Economía elaborará los pliegos y resolverá la adjudicación; el servicio continuará sin interrupciones durante la transición.
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