El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó su análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) a octubre de 2025. El informe revela una caída real del 31% en el gasto público respecto de 2023, con un impacto directo en salud, educación, ciencia, desarrollo social, obra pública y transferencias a provincias.

En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, aumentó su ejecución un 31%, mientras que los Servicios de Deuda Pública mantuvieron un peso significativo del 8% del gasto total.

El ajuste sobre la vida cotidiana

Según el CEPA, el recorte generalizado afectó áreas esenciales del Estado, dejando programas paralizados y organismos sin fondos para funcionar.

Salud: los hospitales nacionales perdieron entre 29% y 38% de su financiamiento; el Instituto Malbrán cayó 22% y la ANMAT 28%. Programas de prevención de enfermedades crónicas y atención territorial no registraron ejecución alguna.

Ciencia y Tecnología: el CONICET perdió 31%, el Servicio Meteorológico 32%, la CONAE 23%, y el programa de Promoción de la Investigación e Innovación fue virtualmente desmantelado (-83%).

Educación: el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectar Igualdad tuvieron cero ejecución. Las becas estudiantiles retrocedieron 77% y la infraestructura escolar 89%.

Desarrollo Social: los comedores y merenderos se redujeron 68%, los programas de niñez 73%, y los planes sociales —como el de Economía Social— fueron eliminados (-100%).

Desarrollo productivo y energía: el INTI perdió 45% de su presupuesto, el INTA 37% y la Comisión Nacional de Energía Atómica 41%. Transporte y obra pública: la ejecución es “extremadamente baja, cercana a la paralización”, con caídas del 89% al 100% en rutas, obras hidráulicas y urbanas.

Transferencias a provincias y municipios: las partidas de Asistencia Financiera y Técnica, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense y los envíos a municipios cayeron entre 98% y 100%.

Inteligencia y deuda, los ganadores del ajuste

Mientras la mayoría de los ministerios registró contracciones, la Secretaría de Inteligencia del Estado fue la única área con un crecimiento relevante (+31%).

El CEPA advierte que el peso de la deuda pública, con una participación del 8% en el total, continúa drenando recursos que antes sostenían políticas de salud, educación y desarrollo.

El contraste es elocuente: los hospitales públicos, universidades y centros científicos padecen reducciones de entre 30% y 80%, mientras la inteligencia estatal y los servicios financieros expanden su gasto.

Efectos del ajuste: parálisis social y pérdida de capacidades estatales

El informe concluye que el ajuste ejecutado por el gobierno nacional “afecta la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo”, poniendo en riesgo la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto de deterioro económico.

En los hechos, el modelo de administración exhibe una reconfiguración del Estado: menos inversión en políticas públicas, más recursos para deuda e inteligencia.

Claves del informe del CEPA

Gasto público total: -31% real (2025 vs. 2023). Inteligencia: +31% real.

Salud: hospitales (-30%), Malbrán (-22%), programas sanitarios (-100%).

Ciencia: CONICET (-31%), investigación (-83%).

Educación: Conectar Igualdad (-100%), Becas (-77%), Infraestructura (-89%).

Desarrollo Social: Niñez (-73%), Comedores (-68%), Planes Sociales (-100%).

Transferencias a provincias y municipios: hasta -100%.

El ajuste de Milei no sólo redujo el gasto público: desmanteló el entramado social y productivo del Estado argentino, afectando de manera directa la vida cotidiana de millones de personas.

Mientras los recursos se retraen de las políticas públicas, crecen las partidas destinadas a espionaje e inteligencia, consolidando una orientación regresiva del gasto público y un Estado mínimo, sin herramientas para garantizar derechos básicos.