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La cifra escalofriante: cómo se documenta cada muerte en Gaza mientras continúan los ataques israelíes

El Ministerio de Sanidad del enclave palestino, controlado por Hamás, incorporó al recuento oficial a 284 víctimas que estaban bajo los escombros o no habían sido documentadas previamente.

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Gaza supera los 69.000 muertos tras incorporar víctimas bajo escombros

La ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza dejó al menos 69.169 muertos, según reveló este sábado el Ministerio de Sanidad del enclave —controlado por Hamás— tras incorporar a casi 300 palestinos cuya defunción aún no había sido registrada formalmente.

«Se han añadido 284 muertos a la estadística acumulativa de fallecidos, cuya información fue completada y aprobada por el Comité Gubernamental para la acreditación de muertos entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2025», informó el comunicado oficial del ministerio.

El complejo proceso de registro de víctimas

Las personas añadidas al recuento fallecieron antes del inicio del alto el fuego en Gaza, pero por diversos motivos no figuraban en el registro oficial de Sanidad. El director de la unidad a cargo del recuento de fallecidos, Zaher al Waheidi, explicó las causas de estos retrasos: «Algunos fueron enterrados sin llegar a pasar por los hospitales, otros están bajo los escombros. Algunos llegaron a los hospitales pero no tenemos registros de ellos».

El funcionario detalló el procedimiento mediante el cual estas víctimas pasan a integrar el registro oficial. El proceso arranca cuando las familias presentan una denuncia a través de internet. Posteriormente, reciben un mensaje de texto para comparecer ante un tribunal con pruebas y testigos que confirmen la muerte de la persona. Una vez confirmada, los documentos se envían a un comité especializado en verificar los datos del fallecido.

Este comité tiene la responsabilidad de verificar que la muerte «está relacionada con la guerra, fruto de un ataque directo del Ejército de Israel». De confirmarse, los denunciantes reciben otro mensaje de texto y pueden obtener el certificado de defunción de manos de las autoridades gazatíes.

Víctimas tras el alto el fuego

A pesar del cese al fuego vigente desde el 10 de octubre pasado, el reporte de Sanidad consignó que 241 palestinos murieron en ataques israelíes posteriores a esa fecha. Además, 614 personas resultaron heridas durante este período.

En ese mismo lapso, los equipos de rescate gazatíes lograron recuperar los cadáveres de 522 personas, tanto de entre los escombros como de otros lugares de difícil acceso.

Repatriación de rehén argentino

En un hecho vinculado al conflicto, el ejército israelí confirmó que el grupo Hamás entregó el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff, quien murió el 7 de octubre de 2023 durante el ataque al kibutz Nir Yitzhak.

«Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (…), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado», señaló el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Rudaeff, de 61 años, había nacido en la Ciudad de Buenos Aires y se radicó a los 8 años en el kibutz Nir Yitzhak, cerca de la Franja de Gaza, donde formó parte del equipo de seguridad. Era ambulanciero y médico voluntario, estaba casado y tenía cuatro hijos y dos nietos pequeños, Tomer y Dagan. Israel declaró oficialmente su muerte el 7 de mayo de este año.

Puntos clave

• El total de muertos por la ofensiva israelí en Gaza alcanzó los 69.169 según el Ministerio de Sanidad del enclave
• Se incorporaron 284 víctimas cuya documentación fue completada entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre
• 241 palestinos murieron tras el alto el fuego del 10 de octubre, y otros 614 resultaron heridos
• Los equipos de rescate recuperaron 522 cuerpos de entre escombros y zonas de difícil acceso
• Israel repatrió el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, quien murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023

Economía 💲

AySA no podrá cortar el agua de un hogar sin 60 días de restricción previa

El ERAS aprobó el Reglamento del Usuario de AySA: antes de cortar el servicio por deuda, la empresa deberá restringir el caudal al menos 60 días corridos, y no podrá hacerlo con beneficiarios de Tarifa Social, hospitales ni cárceles. La norma llega antes de que los nuevos dueños tomen el control.

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Cortes de agua: el nuevo reglamento llega antes de la privatización plena y deja afuera el régimen de mora.

AySA ya no podrá cortarle el agua a un hogar por una deuda sin antes reducirle el caudal durante al menos 60 días corridos. Es la principal novedad del nuevo reglamento que fija las reglas del vínculo entre la empresa y sus usuarios, justo cuando la compañía se encamina a manos privadas.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Reglamento del Usuario de los servicios de agua potable y desagües cloacales que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes 20 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma rige desde el día siguiente a su publicación y detalla en qué casos la concesionaria puede restringir o cortar el suministro.

Qué cambia antes de un corte por deuda

Para los usuarios residenciales, la empresa deberá aplicar primero una restricción temporal del servicio, con un caudal limitado por unidad funcional, durante un mínimo de 60 días corridos. Recién cumplido ese plazo, y si la deuda sigue impaga, AySA podrá mantener la restricción o avanzar con el corte, siempre que el usuario no tenga Tarifa Social ni un plan de pagos vigente.

Toda restricción o corte debe estar precedido por una intimación fehaciente, que puede enviarse por medios electrónicos y debe informar al usuario sobre la existencia de la Tarifa Social. Si la notificación es digital, no puede cobrarse cargo alguno por el aviso de corte.

El marco regulatorio vigente (Ley 26.221 y sus modificatorias, con texto ordenado por el Decreto 805/2025) fija que el corte procede con una mora mínima de 60 días para usuarios residenciales y de 15 días para los no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura, y exige una intimación de pago con al menos siete días hábiles de anticipación.

Quiénes quedan protegidos

El reglamento prohíbe restringir o cortar el servicio a los beneficiarios de la Tarifa Social y a los usuarios sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles. Tampoco se puede avanzar mientras exista un plan de pagos vigente o una orden expresa del ERAS en sentido contrario.

Para las cloacas la regla es más estricta: AySA no podrá cortar el servicio de desagües cloacales a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS, que deberá pronunciarse antes. Si se comprueba que una restricción o un corte fue improcedente, la empresa tendrá 48 horas para restablecer el servicio y deberá pagarle al usuario el 3% de la última factura por cada día de atraso.

Otras causales de corte

Según detalló la prensa local, el texto no se limita a la mora. También habilita medidas previa intimación ante fallas en las instalaciones sanitarias internas que perjudiquen a terceros, anomalías en las redes causadas por obras sin factibilidad técnica o manipulación de la red, y vertidos de efluentes industriales fuera de norma. En los casos de cianuro o reincidencia, el corte es directo.

Reclamos, plazos y atención presencial

El reglamento fija plazos máximos de respuesta: 24 horas ante riesgo inminente para las personas, 48 horas para reconectar tras un pago, 10 días hábiles para los pedidos de reconexión y 30 días para los reclamos generales. Si la empresa no responde a tiempo o la respuesta no conforma al usuario, este puede recurrir al ERAS, y toda contestación debe ser fundada y mencionar ese derecho.

Mientras se resuelve un reclamo por una factura, el servicio continúa si el usuario pagó la última que no impugnó, y no pueden aplicarse intereses ni recargos por la demora en responder. Las facturas deben enviarse al menos 10 días antes del vencimiento e incluir la línea gratuita del ERAS, y la Oficina Virtual debe conservar las copias de los últimos 12 meses.

En materia de atención presencial, AySA deberá mantener su oficina central y, en cada una de las cinco regiones (Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad de Buenos Aires), una oficina fija y una unidad móvil diaria, con cronograma publicado con un mes de anticipación.

Lo que quedó afuera y el contexto de la privatización

El ERAS dejó fuera del reglamento el régimen de mora, la prescripción y la ejecución fiscal de deudas, que considera materias del marco regulatorio o del contrato de concesión. La facturación durante cortes prolongados quedó pendiente de una norma específica, que según el organismo incluiría descuentos para los usuarios afectados.

El proyecto había sido presentado por AySA ante el ERAS en enero de 2026. La Defensoría del Pueblo de la Nación inició de oficio un trámite el 18 de marzo para analizarlo y recomendó a la empresa y al directorio del ERAS adoptar medidas que garanticen el acceso universal al agua potable y a las cloacas.

El reglamento llega en medio de la venta del 90% de AySA. El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1818/2026, adjudicó ese paquete por 340,2 millones de dólares a un consorcio integrado por Rowing, Arcos, PHX Aqua y Transclor, y fijó el 13 de noviembre como plazo para firmar el contrato de compraventa; el 10% restante queda en manos de los trabajadores. Según trascendió, el cierre de la operación se postergó hasta el 17 de diciembre, de modo que los nuevos dueños todavía no asumieron el control de la compañía.

Lo que tenés que saber

  • El ERAS aprobó el Reglamento del Usuario de AySA mediante la Resolución 46/2026, publicada el 20 de noviembre en el Boletín Oficial.
  • Antes de cortar el agua a un hogar por deuda, la empresa deberá restringir el caudal al menos 60 días corridos y enviar una intimación fehaciente.
  • No se puede restringir ni cortar a beneficiarios de Tarifa Social, hospitales, sanatorios y cárceles, ni con un plan de pagos vigente.
  • Si un corte resulta improcedente, AySA tiene 48 horas para reponer el servicio y debe pagar el 3% de la última factura por cada día de atraso.
  • Las cloacas de usuarios residenciales no pueden cortarse sin intervención previa del ERAS.
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