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Imputan a un segundo adolescente por el crimen escolar en San Cristóbal

N.C., de 16 años, afronta una acusación inicial por encubrimiento en el asesinato de Ian Cabrera. Sin embargo, los investigadores no descartan una calificación legal más severa ante la sospecha de un rol activo en el ataque y posibles vínculos con agresiones previas en la zona.

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San Cristóbal: imputan a un adolescente mientras el Gobierno insiste con su teoría de nicho

★ Este jueves a las 10.00, en la ciudad de Rafaela, comenzó la audiencia de imputación contra N.C., el joven de 16 años detenido en el marco de la causa que investiga el homicidio ocurrido en una escuela de San Cristóbal. A diferencia del primer involucrado, el nuevo acusado es considerado punible por su edad, por lo que la fiscal de Menores, Carina Gerbaldo, procedió a la atribución formal del hecho ante la mirada de la jueza Laura Lencina.

Del encubrimiento a la participación activa

Si bien la detención se produjo bajo la figura de encubrimiento del principal sospechoso, identificado como Gino C., la situación procesal de N.C. podría agravarse en el corto plazo. Según informaron fuentes de la Policía Federal, las pericias recientes sugieren que el joven habría tenido un rol activo durante la ejecución del ataque.

Esta línea de investigación busca determinar si existió una planificación conjunta que trascienda la mera colaboración posterior al crimen. En ese sentido, los investigadores analizan si esta nueva acusación guarda relación directa con el caso de Delfina Pérez, la adolescente que sufrió una brutal agresión por parte de compañeras el pasado 1 de enero en la misma localidad santafesina, marcando un antecedente de violencia escolar que la justicia no había logrado contener.

El sello de las comunidades True Crime

En sintonía con las declaraciones brindadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el ataque en San Cristóbal fue vinculado oficialmente al grupo denominado True Crime Community (TCC). Esta etiqueta, utilizada por la ministra Alejandra Monteoliva para definir a las llamadas culturas subdigitales, pretende encuadrar el asesinato de Ian Cabrera dentro de una red de admiradores de tiroteos masivos y conductas misantrópicas que operan en plataformas digitales.

Desde el oficialismo informaron que, mediante el trabajo de la Policía Federal y el FBI, se identificaron 15 casos similares en los últimos dos años. Sin embargo, este enfoque mediático sobre lo digital parece colisionar con la realidad territorial de San Cristóbal, donde los conflictos escolares y la falta de intervención estatal previa asoman como factores determinantes que la narrativa de la criminalidad de nicho tiende a opacar.

Contexto de una violencia que se expande

La causa judicial ya registra ramificaciones en otras ciudades, lo que confirma que la interacción entre los adolescentes implicados no era un hecho aislado. Mientras se aguarda la resolución de la jueza Lencina sobre la medida cautelar para N.C., el debate político vuelve a centrarse en la baja de la edad de imputabilidad y el monitoreo de redes sociales, dejando en un segundo plano la discusión sobre la soberanía educativa y la protección de los sectores más vulnerables frente a la escalada de violencia institucional y social.

Puntos clave:

  • El adolescente N.C. (16) es penalmente punible y enfrenta cargos por el asesinato de Ian Cabrera.
  • La fiscalía evalúa agravar la acusación de encubrimiento a una participación más directa en el hecho.
  • Se investigan vínculos entre los detenidos y la agresión sufrida por Delfina Pérez en enero.
  • El Gobierno nacional vinculó el ataque al grupo digital True Crime Community (TCC).
  • La Policía Federal sostiene que el acusado tuvo un rol activo según las nuevas hipótesis aportadas.

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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