Investigación 🔎
Imputan a un segundo adolescente por el crimen escolar en San Cristóbal
N.C., de 16 años, afronta una acusación inicial por encubrimiento en el asesinato de Ian Cabrera. Sin embargo, los investigadores no descartan una calificación legal más severa ante la sospecha de un rol activo en el ataque y posibles vínculos con agresiones previas en la zona.
San Cristóbal: imputan a un adolescente mientras el Gobierno insiste con su teoría de nicho
★ Este jueves a las 10.00, en la ciudad de Rafaela, comenzó la audiencia de imputación contra N.C., el joven de 16 años detenido en el marco de la causa que investiga el homicidio ocurrido en una escuela de San Cristóbal. A diferencia del primer involucrado, el nuevo acusado es considerado punible por su edad, por lo que la fiscal de Menores, Carina Gerbaldo, procedió a la atribución formal del hecho ante la mirada de la jueza Laura Lencina.
Del encubrimiento a la participación activa
Si bien la detención se produjo bajo la figura de encubrimiento del principal sospechoso, identificado como Gino C., la situación procesal de N.C. podría agravarse en el corto plazo. Según informaron fuentes de la Policía Federal, las pericias recientes sugieren que el joven habría tenido un rol activo durante la ejecución del ataque.
Esta línea de investigación busca determinar si existió una planificación conjunta que trascienda la mera colaboración posterior al crimen. En ese sentido, los investigadores analizan si esta nueva acusación guarda relación directa con el caso de Delfina Pérez, la adolescente que sufrió una brutal agresión por parte de compañeras el pasado 1 de enero en la misma localidad santafesina, marcando un antecedente de violencia escolar que la justicia no había logrado contener.
El sello de las comunidades True Crime
En sintonía con las declaraciones brindadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el ataque en San Cristóbal fue vinculado oficialmente al grupo denominado True Crime Community (TCC). Esta etiqueta, utilizada por la ministra Alejandra Monteoliva para definir a las llamadas culturas subdigitales, pretende encuadrar el asesinato de Ian Cabrera dentro de una red de admiradores de tiroteos masivos y conductas misantrópicas que operan en plataformas digitales.
Desde el oficialismo informaron que, mediante el trabajo de la Policía Federal y el FBI, se identificaron 15 casos similares en los últimos dos años. Sin embargo, este enfoque mediático sobre lo digital parece colisionar con la realidad territorial de San Cristóbal, donde los conflictos escolares y la falta de intervención estatal previa asoman como factores determinantes que la narrativa de la criminalidad de nicho tiende a opacar.
Contexto de una violencia que se expande
La causa judicial ya registra ramificaciones en otras ciudades, lo que confirma que la interacción entre los adolescentes implicados no era un hecho aislado. Mientras se aguarda la resolución de la jueza Lencina sobre la medida cautelar para N.C., el debate político vuelve a centrarse en la baja de la edad de imputabilidad y el monitoreo de redes sociales, dejando en un segundo plano la discusión sobre la soberanía educativa y la protección de los sectores más vulnerables frente a la escalada de violencia institucional y social.
Puntos clave:
- El adolescente N.C. (16) es penalmente punible y enfrenta cargos por el asesinato de Ian Cabrera.
- La fiscalía evalúa agravar la acusación de encubrimiento a una participación más directa en el hecho.
- Se investigan vínculos entre los detenidos y la agresión sufrida por Delfina Pérez en enero.
- El Gobierno nacional vinculó el ataque al grupo digital True Crime Community (TCC).
- La Policía Federal sostiene que el acusado tuvo un rol activo según las nuevas hipótesis aportadas.
Investigación 🔎
La causa ANDIS avanza: la Justicia rechazó los intentos de Spagnuolo y los Kovalivker de desbaratar la investigación
La Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó dos intentos clave por desbaratar la investigación principal: le negó a Diego Spagnuolo la condición de querellante en el expediente por los audios y desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker. En simultáneo, confirmó los procesamientos de 19 imputados por el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Doscientos cuarenta y cinco mil dólares pagados en efectivo y sin factura en refacciones de lujo, una pileta con cascada, un quincho de alta gama y un jacuzzi. Ese es el trasfondo que rodea la causa que investiga el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ahora tiene un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo y otros 18 imputados, y rechazó de plano dos maniobras defensivas que buscaban neutralizar la investigación.
Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo personal del presidente Javier Milei, protagonizó ambas presentaciones frustradas. Por un lado, intentó convertirse en querellante en el expediente que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen, donde se escucha una voz relatando el presunto esquema de retornos en medicamentos e insumos para personas con discapacidad, con un porcentaje que habría correspondido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por otro, la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina, también imputados en la causa principal, impulsó un planteo de nulidad de todo lo actuado alegando que las grabaciones habrían sido adulteradas u obtenidas de manera ilícita. Ninguno de los dos intentos prosperó.
Sin legitimación para querellarse
Spagnuolo había recurrido ante la Cámara la decisión del juez Julián Ercolini, quien rechazó en primera instancia que el ex funcionario ingresara al expediente sobre los audios como particular damnificado. A través de su abogado Pablo Parera, argumentó que había sido blanco específico, real y verificable de las maniobras de espionaje que se investigan en ese expediente paralelo, que tramita con el fiscal Carlos Stornelli como acusador.
Los camaristas Roberto Boico y Guillermo Farah cerraron esa puerta. Boico fue categórico: mientras no concluya la pericia destinada a establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en el expediente principal, Spagnuolo «mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido'». Farah, por su parte, señaló que la sola afirmación de haber sido víctima de espionaje no alcanza para reconocerle ese rol procesal y que el escrito de querella debería haber explicado, al menos como hipótesis, cómo los audios serían parte de maniobras ilegales y a manos de quién. Esa «falencia explicativa» fue el argumento decisivo para el rechazo.
La defensa de los Kovalivker, también sin éxito
El abogado Martín Magram, a cargo de la defensa de los hermanos Kovalivker, sostuvo que todo lo actuado en el expediente principal debía declararse nulo porque la investigación se montó sobre grabaciones adulteradas u obtenidas de manera ilícita. El planteo, rechazado en primera instancia, reunió la adhesión de otros imputados, pero tampoco tuvo éxito en la alzada.
Boico insistió en el argumento central: sin que se haya establecido aún si la voz que se escucha en las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval pertenece efectivamente a Spagnuolo, no resulta posible plantear con éxito una exclusión probatoria fundada en una captación ilícita no comprobada. Farah fue aun más explícito al señalar que ni el fiscal Franco Picardi ni el juez Ariel Lijo invocaron los audios como prueba de cargo en el expediente principal. «Oportunamente se verá qué valor probatorio tienen esos audios», escribió el camarista, dejando en claro que el debate sobre su validez está pendiente pero no pone en riesgo la investigación tal como está planteada hoy.
La pericia de Gendarmería, el nudo del asunto
El punto de inflexión de todo este capítulo procesal será la pericia que lleva adelante la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional sobre las piezas de audio que dieron origen al escándalo. Una vez que ese peritaje concluya, ambas controversias pendientes, la del querellante y la de la nulidad, podrán retomarse con nuevos elementos. Por ahora, la Cámara dejó en claro que ninguna de las maniobras defensivas tiene sustento suficiente para frenar el avance de la investigación.
En paralelo, los mismos camaristas confirmaron los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados, luego de que la investigación detectara pruebas de un aparente direccionamiento de licitaciones con simulación de competencia entre distintas empresas, que incluyó la manipulación del sistema informático del organismo. La ANDIS tiene bajo su órbita la gestión de medicamentos e insumos para personas con discapacidad, un universo presupuestario que, según la acusación, fue sistemáticamente vaciado a través de ese esquema.
Los audios, Karina Milei y el escándalo que no se apaga
El contenido de los audios atribuidos a Spagnuolo instaló en el centro del debate político a Karina Milei, hermana y secretaria general del presidente. Las grabaciones describirían un esquema donde la funcionaria participaría de los retornos sobre medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad. El gobierno de Milei nunca respondió sobre el fondo de esas acusaciones; prefirió instalar la hipótesis de que los audios fueron obtenidos de manera ilícita o adulterados, sin aportar prueba concreta de ninguna de las dos afirmaciones.
La estrategia, que ahora la Cámara rechazó en sus dos manifestaciones judiciales más directas, buscaba correrse del eje de la investigación para convertir a Spagnuolo en víctima de un complot y deslegitimar la evidencia antes de que sea evaluada. La resolución de Boico y Farah no habilitó ese camino. La causa sigue.
Lo que tenés que saber
- La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de Diego Spagnuolo de ser querellante en la causa que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen.
- También desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker, que alegaban que las grabaciones fueron adulteradas u obtenidas ilegalmente.
- Los camaristas Boico y Farah señalaron que los audios no fueron usados como prueba de cargo en el expediente principal.
- La pericia de Gendarmería Nacional sobre las grabaciones será determinante para resolver ambas controversias pendientes.
- La Cámara confirmó además los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados por el presunto vaciamiento de la ANDIS mediante licitaciones direccionadas.
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