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Judiciales ⚖️

¿Por qué apartaron a Arroyo Salgado de una causa por narcotráfico?

La Cámara Federal de San Martin le pidió que se aparte de la causa que tiene un fiscal, abogados y policías imputados.

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La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado fue apartada por «falta de imparcialidad», en la causa que tiene como imputado al fiscal de San Isidro Claudio Scapolán como jefe de una asociación ilícita, integrada también por más de 40 policías, abogados y funcionarios judiciales, que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes con causas armadas, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la sala I de la Cámara Federal de San Martín, en un fallo en el que hizo lugar al planteo de la defensa de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió por tercera vez (los dos planteos anteriores habían sido rechazados) el apartamiento de la jueza Arroyo Salgado por considerar que incurrió en «la pérdida de imparcialidad».

Precisamente Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan. «Se ha visto afectada la imparcialidad objetiva de la juez instructora, definida como aquella que ‘pueda mostrar garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso'», señala el fallo que fue firmado por el camarista Marcelo Darío Fernández.

De esta manera, la sala I de la Cámara Federal de San Martín le ordenó a la jueza que se aparte del expediente que tiene al fiscal Scapolán como imputado y de «todos los incidentes y legajos formados en dichas actuaciones», y pidió la intervención de la Secretaría de Superintendencia de la Cámara Federal para que sortee un nuevo magistrado.

La organización delictiva

Desde que se hizo el primer allanamiento en la causa, en julio de 2020, Scapolán fue apartado de sus funciones como fiscal de San Isidro y puesto de licencia por la Procuración bonaerense pero hasta que no avance el jury de enjuiciamiento, seguirá siendo fiscal.

Scapolán eludió su indagatoria en el expediente en cuatro oportunidades con planteos de nulidad y recusaciones, hasta que finalmente en marzo, presentó ante la jueza un escrito en el que declaró que la causa estaba «montada» y que era víctima de una «cacería».

Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.

Los hechos que le imputan a Scapolán están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016.

La imputación de la justicia federal es que Scapolán y un grupo de policías que trabajaba en la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, armaban causas, pedían coimas a narcos y hasta se quedaban con droga de algunos operativos.

El más resonante de esos procedimientos fraguados fue el conocido como «Leones Blancos», ocurrido en 2013 en Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.

El fiscal federal que tuvo a cargo la investigación, Fernando Domínguez, imputó a 41 efectivos de la policía bonaerense y a tres abogados como integrantes de esa organización delictiva presuntamente liderada por Scapolán.

Actualmente, la causa tiene más de 30 procesados, 15 de ellos con prisión preventiva, y dos secretarios judiciales de Scapolán que inicialmente habían sido detenidos y procesados, fueron liberados por falta de mérito en diciembre pasado, a raíz de un fallo de la Cámara Federal de San Martín.

DDHH

Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas

Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.

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El-Argentino-Presos Rejas Detenidos Cárcel.

Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.

El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.

Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia

El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.

El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.

El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.

Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave

El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.

La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.

A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.

Un patrón estructural del sistema penitenciario federal

Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
  • Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
  • Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
  • Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
  • Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.

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