El oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados expondrá el miércoles próximo el informe con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, tras considerar que la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados ya está concluida.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), convocó para el próximo miércoles a las 15 a los diputados y diputadas que integran ese cuerpo parlamentario para poner a disposición de los legisladores ese informe con las principales causales del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Tras aprobar el informe en la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se dará traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo si así lo decidieran.

La necesidad de avanzar en la elaboración del informe fue planteada la semana pasada por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), tras lo cual el oficialismo lo puso a votación en la última reunión y el FdT impuso su mayoría para avanzar en la elaboración de esos cargos por las causales que el cuerpo parlamentario investiga desde el pasado 26 de enero.

En la oportunidad, Gaillard sostuvo que la intención de la comisión es «ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo».

La propuesta de Tailhade fue planteada tras haber agotado la etapa sumarial de acumulación de pruebas por los cuales se investiga el accionar de los integrantes de la Corte Suprema en los casos del fallo 2×1 que benefició a un represor de la dictadura militar; el que ordenó restituir fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el que volvió a reformar el Consejo de la Magistratura. También está la acusación por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Sobre el tema de connivencia entre la CSJN con JXC que dirige el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo dice que esa situación se comprueba con los chats filtrados entre el Director General de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles y el ex Ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro realizados el 9/11/ 2022 y el fallo que dictamina la medida cautelar a favor de la Ciudad del 21/12/2022.

De esta manera, en la próxima reunión los diputados expondrán los cargos contra los magistrados y se les correrá traslado para que puedan hacer su descargo, aunque podrían no utilizar ese mecanismo.

En el caso de Maqueda y la obra social de los judiciales, el ministro de la Corte, si bien había sido citado, no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.

Otras de las cuestiones a resolverse es el pedido de juicio político de la Corte presentado años atrás por la Coalición Cívica por la ex titular de la CC, Elisa Carrió, contra Ricardo Lorenzetti por abuso de poder, y a que el bloque pidió una prórroga de tiempo para ampliar las causales y la lista de testigos.

De todos modos, Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político contra Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri; sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperaron en el Congreso.

Hasta el momento y en las más de 23 reuniones que se desarrollaron, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.

En la reunión de la semana pasada, el oficialismo buscó probar que el juez Rosenkrantz cometió abuso de poder al no haberse excusado de intervenir en causas en las que estaban involucrados ex clientes de su estudio de abogados, antes de ser miembro del máximo tribunal.

En ese sentido, se analizó su rol en 69 sentencias de ex clientes y se cuestionó que el juez haya reclamado la regulación de honorarios a la Corte, cuando ya integraba el máximo tribunal, por $18.000 millones en un juicio en el que representó a la provincia de Santa Fe, por un reclamo de coparticipación contra el Estado nacional.

Respecto al accionar de los magistrados en el Consejo de la Magistratura, los diputados consideran que «se arrogaron, con arbitrariedad manifiesta, la administración del Poder Judicial y la selección y control disciplinario de jueces y juezas de instancias inferiores», Según el informe, destacan «la asunción de manera irregular de la Presidencia de la CSJN por parte de Rosatti» y la «manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas (Atribución de facultades legislativas)».

Ahora, se deberán poner a disposición de los integrantes de la comisión todas la causales por las que se acusa a los integrantes del máximo tribunal y ponerla a consideración de sus pares para trasladarla a los magistrados, quiénes podrán hacer su descargo pertinente.

El proceso de inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FDT, al considerar que existen «sobrados elementos como para avanzar» en ese proceso.

Luego del encuentro que el jefe de Estado mantuvo con mandatarios provinciales en la Casa de Gobierno, donde firmaron la iniciativa, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, remarcó que «son escandalosos los chats entre (el estrecho colaborador de Rosatti) Silvio Robles y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro», quien luego pidió licencia.

En el pedido de juicio político, el Presidente y los gobernadores advirtieron sobre el riesgo de que haya un «gobierno de los jueces» y acusaron a los integrantes de la Corte de «invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes» del Estado, afectando «seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional».

Por todas estas causales, el oficialismo con la oposición en contra en cada una de las audiencias y los más de 50 testigos citados, avanza ahora en pulir la elaboración de ese informe que los diputados podrán analizar antes de emitir un documento definitivo, para ser puesto en consideración en el recinto.