Salta
Estiman que la vacuna contra el dengue se comenzará a aplicar en Salta antes de fin de año
«Esta temporada va a ser peor que la anterior, pero podemos decir que Salta es la primera provincia argentina que tiene una estrategia pública para vacunar contra el dengue», afirmó Mangione.
El Gobierno de Salta estima que aplicará las primeras dosis de la vacuna contra el dengue antes de fin de año, mediante una estrategia de inmunización que comenzará en el norte provincial, en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, se informó hoy.
«Esta temporada va a ser peor que la anterior, pero podemos decir que Salta es la primera provincia argentina que tiene una estrategia pública para vacunar contra el dengue», afirmó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.
El funcionario brindó hoy una conferencia de prensa, en la que dio detalles de la decisión adoptada por el Gobierno de Salta, de adquirir 300 mil dosis de la vacuna contra el dengue y anticipó que antes de que finalice el año se comenzará a aplicar.
«Las dosis que compró la provincia tienen que venir de Alemania, mientras tanto ya tenemos diseñada la estrategia para vacunar a la población que vive en los lugares de más alto riesgo», precisó Mangiones.
El ministro ratificó que llegarán 300 mil dosis de la vacuna tetravalente, es decir, que protege contra los cuatro serotipos del virus dengue, para inmunizar a 150 mil personas, ya que el esquema de vacunación consiste en dos dosis, con un intervalo de tres meses entre una y otra.
«Vamos a comenzar vacunando en el norte, donde históricamente se produce la mayor cantidad de casos», dijo el funcionario, quien agregó que «la vacuna va a ayudar, pero no es la solución definitiva, sino parte de la lucha en la que toda la comunidad debe involucrarse, porque tenemos que combatir al mosquito descacharrando todo el año y no sólo en la época de lluvias».
En este sentido, consideró que «el dengue no se va a terminar si no hay conciencia social», y apuntó que «el gobernador Gustavo Sáenz tomó la decisión de comprar las vacunas, porque ya tuvimos un caso temprano de dengue tipo 2 en Tartagal».
«Esas vacunas están aprobadas por la Anmat y se cuenta con el marco legal para introducirlas», afirmó Mangione.
De la conferencia de prensa participaron el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos; y la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, quienes dieron detalles de la forma en que se aplicarán las vacunas contra el dengue, de acuerdo con los análisis epidemiológicos efectuados.
En una primera etapa, las dosis se destinarán a los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, y a continuación, se avanzará con Anta y General Güemes.
Las personas a vacunar son las comprendidas entre los 25 y los 39 años, de acuerdo con los estudios efectuados sobre las tasas de incidencia de la enfermedad, independientemente de si han tenido o no algún tipo de dengue.
La administración de la vacuna será por vía subcutánea, preferentemente en la parte superior del brazo, y se trata de una vacuna tetravalente, marca Qdenga, del laboratorio Takeda, apta para inmunizar contra dengue tipo 1, 2, 3 y 4.
No está indicada para embarazadas, mujeres en período de lactancia, ni para personas con inmunocompromiso, y el efecto de inmunización dura cinco años.
Esta vacuna ha sido aprobada en Indonesia, Unión Europea, Reino Unido y Brasil, y presenta 19 estudios clínicos realizados en diferentes centros de 13 países.
La aplicación de la vacuna puede producir algunas reacciones leves a moderadas, que pueden durar de uno a tres días.
Los primeros casos de dengue tipo 2 se registraron en Tartagal, en 1997, y actualmente se verifica la circulación de los cuatro serotipos de la enfermedad, detalló Francisco García Campos.
Para definir la estrategia de vacunación, la Dirección General de Coordinación Epidemiológica y el Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública efectuaron un estudio integral sobre las tasas de incidencia de la enfermedad, las curvas de comportamiento, las tasas de internación y los grupos de edad de las personas afectadas.
De ese análisis surgió la propuesta de inmunización que se aplicará en la provincia a través de enfermeros y agentes sanitarios de las áreas operativas, que ya están recibiendo la capacitación pertinente.
«Como toda vacuna, esta también disminuye las formas graves de enfermedad, las internaciones y defunciones», explicó Jure, quien añadió que las dosis se distribuirán en forma gradual, en los departamentos de mayor riesgo.
La funcionaria dijo que «tiene una eficacia comprobada de más del 80% y disminuye en más del 90% los casos que requieren internación».
Judiciales ⚖️
Fraude con certificados truchos en Salta: cómo una red en Facebook burló los controles de la provincia
Una red de falsificación de títulos y diplomaturas con aval ficticio de instituciones reales afectó los procesos de designación del Ministerio de Salud de Salta. La maniobra se detectó tras una auditoría interna que encontró casi 300 inscripciones con documentación apócrifa.
★ La Justicia de Salta imputó a 53 docentes por presentar certificados falsos para aumentar puntajes en concursos y procesos de designación del Ministerio de Salud provincial. La investigación, que arrancó el 17 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia formal del secretario de Gestión Educativa, expuso una red organizada de falsificación de instrumentos privados que operó a través de redes sociales y cobró entre 95.000 y 360.000 pesos por certificado apócrifo.
Así lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta en un comunicado oficial que detalla el alcance de la maniobra y los roles que cada uno de los imputados habría cumplido dentro de la organización.
La auditoría que destapó la olla
La denuncia que activó la investigación judicial partió del propio sistema educativo provincial. Según el MPF salteño, la auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos, 286 registros adulterados y un universo de 237 profesores implicados en total, de los cuales 53 ya fueron formalmente imputados en esta primera etapa procesal.
La pesquisa quedó en manos de la Unidad de Delitos Complejos (UDEC), que determinó que las Juntas Calificadoras comparten base de datos, lo que facilitó tanto la detección de las irregularidades como la identificación de duplicaciones y numeraciones de títulos inexistentes.
Facebook como vidriera del fraude
La red operaba de manera abierta en Facebook, a través de perfiles como «Cursos Educar» o bajo el alias «Ana Guzmán». Desde esas cuentas se ofrecían diplomaturas con puntaje aparentemente avaladas por instituciones educativas reales; una modalidad que, según la fiscalía, resultó lo suficientemente convincente como para captar a cientos de docentes en distintas regiones de la provincia.
Una vez acordado el servicio, los interesados realizaban el pago, y a cambio recibían certificados en formato PDF con sellos y firmas escaneadas, sin ningún respaldo en registros oficiales. Miembros de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmaron que los números de los certificados no existían en las bases de datos estatales.
Roles identificados dentro de la red
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio fue quien trazó el mapa de responsabilidades dentro de la organización. Según la funcionaria judicial, la estructura se articulaba en tres funciones diferenciadas:
- Una docente del sur provincial se encargaba de la captación de clientes y el cobro de los pagos.
- Una mujer en el norte brindaba soporte y canalizaba consultas bajo una identidad ficticia.
- Un hombre radicado en Bariloche fue señalado como administrador digital y receptor de los fondos.
Dos mujeres fueron detenidas y acusadas de manera provisoria por los delitos de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude a la administración pública, y asociación ilícita en concurso real, según informó el MPF.
Un escándalo que pone en jaque la selección de personal en salud
Más allá de la dimensión penal, el caso expone una grieta estructural en los mecanismos de control del sistema de designaciones en salud pública provincial. Que una red de este tipo haya podido operar durante un tiempo considerable, captando a cientos de docentes y manipulando registros sin ser detectada de inmediato, pone en cuestión la solidez de los sistemas de verificación de credenciales en el Estado salteño.
La magnitud del número de inscripciones adulteradas (286 sobre un universo de 291 detectadas como irregulares) sugiere que se trata de una práctica que encontró condiciones favorables para instalarse. La investigación judicial deberá determinar si existieron complicidades internas o simplemente fallas en los controles institucionales.
Puntos clave
- 53 docentes imputados en una primera etapa; el universo total investigado alcanza los 237 profesores.
- La auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos y 286 registros adulterados.
- La red operaba en Facebook y cobraba entre $95.000 y $360.000 por certificado apócrifo.
- Dos mujeres fueron detenidas y acusadas por falsificación, fraude a la administración pública y asociación ilícita.
- La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio identificó tres roles diferenciados dentro de la organización criminal. ★
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