Judiciales ⚖️
Liberaron a uno de los detenidos por el crimen de Padua
Se trata de Gustavo Damián Potenza, alias «Chevecha», quien se encontraba detenido desde el 17 de junio pasado, tras allanamientos realizados en una vivienda en la localidad de Pontevedra.
La justicia de Morón ordenó la liberación de uno de las tres personas por el momento detenidas por del crimen de Gabriel Izzo, el comerciante asesinado durante un violento asalto ocurrido el 9 de junio pasado en su casa en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua, en un hecho en el que su esposa resultó gravemente herida, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Gustavo Damián Potenza, alias «Chevecha», quien se encontraba detenido desde el 17 de junio pasado, tras allanamientos realizados en una vivienda en la localidad de Pontevedra.
En la causa, además, hay otras dos personas prófugas, con pedido de captura nacional e internacional -Diego Eduardo Correa (25), alias «Tiki», quien fue herido en una pierna con un balazo disparado por la víctima, y Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (30).
En tanto, las otras dos personas que permanecen detenidas tras la liberación de Potenza son Walter Rodríguez Sierra (53), alias «El uruguayo», Gustavo Julio Alberto Mac Dougall (49).
Sobre la decisión de liberar a Potenza, fuentes judiciales indicaron a Télam que, luego de diferentes pericias y de la recolección de pruebas con filmaciones recolectada, se concluyó que el acusado no habría tenido intervención en el robo.
Para los fiscales Montí y Oviedo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, el mecánico Gustavo Damián Potenza «no estuvo en la casa donde fue el crimen del comerciante y en que fue herida su mujer».
«Quedo claro en la investigación que el acusado no estuvo en el auto Volkswagen Gol Power que llegó a la escena de la entradera», añadieron los informantes.
Mientras tanto, la fiscalía trabaja contrarreloj para establecer sì las otras dos personas que permencen detenidas -Walter Rodríguez Sierra y Gustavo Julio Alberto Mac Dougall- tuvieron participación directa en el caso.
El crimen ocurrió el viernes 9 de junio a las 4.20 en una casa de la calle Italia 1077, a pocas cuadras del centro de la estación de San Antonio de Padua, donde vivía Izzo, dueño de un aserradero, junto a su esposa Silvana Andrea Petinari (56), hija del propietario de una empresa dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques en Merlo.
Al menos dos delincuentes forzaron una persiana de madera tipo americana de la casa e ingresaron, tras lo cual sorprendieron al matrimonio.
Afuera, otros dos delincuentes los aguardaban dentro de un Volkswagen Gol Power gris como «campana».
Según las fuentes, Izzo se despertó al escuchar ruidos y agarró dos armas de su propiedad que guardaba en su habitación: una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38, y salió de la habitación para ver qué sucedía.
En esas circunstancias, se enfrentó con los delincuentes, quienes le dispararon con armas de fuego y además lo apuñalaron.
La víctima también disparó, aunque sólo con el revólver dado que la pistola se le trabó y aparentemente no alcanzó a herir a nadie, añadieron los voceros.
Izzo fue alcanzado por al menos cinco proyectiles y murió en el lugar a raíz de las lesiones de bala y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, mientras que su esposa fue apuñalada y golpeada.
En la vivienda también se encontraba la madre de la mujer herida, Elsa Otruba de Petinari (83), quien resultó ilesa ya que no salió de la habitación.
Días después del crimen fue detenido Rodríguez Sierra, dueño del Gol en el que huyeron los ladrones, y también fueron apresados su hijo y un joven de 18 años, quienes fueron liberados.
Es que el auto, que quedó filmado por cámaras de seguridad municipales, fue hallado precisamente frente al local comercial perteneciente a Rodríguez Sierra.
Sin embargo, el dueño del vehículo siempre dijo que él no manejaba ese auto, sino que era utilizado por sus empleados de sus comercios.
El informe de autopsia reveló que el empresario recibió cuatro impactos de bala (el mortal en el cuello) y un cotejo balístico que estableció que a Izzo le dispararon con una pistola calibre .380 secuestrada, junto a una Bersa 9 milímetros, en la pizzería «Lo de Cata», situada en Gervasio Pavón al 3500 de Castelar Sur, en cuya puerta fue hallado estacionado el rodado en el que se movilizaban los asaltantes.
Esa pizzería, al igual que un kiosco lindero y otros locales de la zona, pertenece a Rodríguez Sierra.
En esa pizzería, además de armas de fuego, los pesquisas hallaron objetos presuntamente robados a Izzo y a su mujer.
El 27 de junio pasado, la viuda del comerciante fue dada de alta tras permanecer más de dos semanas internada.
En el hecho, Silvina Andrea Petinari (56) había recibido heridas cortantes de gravedad en la región cervical y había sido golpeada por los asaltantes.
Tras ser intervenida quirúrgicamente en el hospital Eva Perón de Merlo, la mujer, que es hija del propietario de una empresa dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques en Merlo, fue derivada a un sanatorio del barrio porteño de Palermo, donde finalmente fue dada de alta el martes de la semana pasada, tras permanecer en total 18 días internada.
Judiciales ⚖️
La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica
Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.
El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.
Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.
Qué dijo el juez
Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.
El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.
La Cámara Federal cerró dos puertas
Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».
Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.
Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto
La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo que tenés que saber
- El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
- Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
- La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
- El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
- Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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