Judiciales ⚖️
Cesantía para policías por crimen en comisaría
Al margen de la causa penal que investiga la muerte de Florencia Morales en una dependencia policial de San Luis, se decidió dejar cesantes a cinco de los ocho efectivos involucrados en el caso como corolario del sumario administrativo en el que algunos ya habían sido pasados a disponibilidad
Por Néstor Llidó
A 31 meses de la muerte de Florencia Magalí Morales, una mujer de 39 años que fue detenida por estar presuntamente violando el aislamiento durante la pandemia y fue hallada sin vida en un calabozo de una comisaría de la ciudad de San Luis, la causa penal se encuentra virtualmente estancada, pero se produjeron novedades en la “vía administrativa” con la cesantía de algunos de los policías involucrados en el hecho, que para la familia de la víctima se trató de un crimen, descartándose la versión oficial del suicidio.
Más allá de los procesamientos al entonces titular y un grupo de oficiales de la comisaría 25ta. de Santa Rosa de Conlara, el expediente judicial no ha logrado avanzar, en medio de los cuestionamientos de los abogados de la familia Morales y los pedidos de profundizar la investigación hacia un episodio de violencia institucional impulsados por la querella institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En este contexto de reclamos sin respuestas en la causa penal, surgió la resolución del gobierno de San Luis de cesantear por decreto a los policías involucrados en la muerte de Florencia Morales. La medida alcanzó al comisario Reinaldo Clavero, el subcomisario Marcos Ontiveros, la suboficial Eugenia Arguello y la agente Victoria Torres, al considerarse que cometieron “faltas disciplinarias gravísimas”.
Al inspector Gabriel Tarado solo lo sancionaron 30 días de suspensión, en el sumario que también se abrió contra los oficiales Héctor Mansilla, Patricia Ríos y Julio Busto por “omitir normas protocolares de custodia y traslados de detenidos”.
En los casos en que ya habían sido pasados a disponibilidad, se destacó que cometieron “irregularidades en el procedimiento, negligencia grave en la custodia y posterior deceso de Florencia Magalí Morales”, en medio de un expediente judicial con idas y vueltas, donde mediante una segunda autopsia comenzó a desestimarse aquella hipótesis inicial de un suicidio, en sintonía con la demanda de la familia de la mujer denunciando que se trató de un asesinato.
Tras conocerse estas cesantías de los policías imputados, Celeste Morales, hermana de la víctima, expresó a EL ARGENTINO que “está claro que no es la justicia que necesitamos, ya que estamos esperando las novedades en la causa penal, pero no deja de ser un pasito más en esta lucha que venimos llevando adelante”.
La referencia es a la causa donde hay un grupo de efectivos imputados por el delito de aplicación de torturas seguida de muerte, pero que no avanza ante los recurrentes planteos y presentaciones de los abogados sus defensores que no se resuelven, derivando en la virtual parálisis del expediente.
Desde principios de junio, por ejemplo, el Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial de la San Luis decidió sostener al frente de la investigación al juez penal Jorge Pinto y ampliar las indagatorias de los procesados Reynaldo Clavero, Marcos Ontiveros, Eugenia Argüello y Victoria Torres, los que permanecen en libertad, al ser beneficiados con la excarcelación.
El 5 de abril de 2020, Florencia Morales salió de su domicilio a buscar alimentos y terminó presa por violar el aislamiento por la pandemia, debido a que no le correspondía en ese día según su número de DNI. Horas más tarde, apareció muerta en una celda de la seccional policial de Santa Rosa de Conlara, en San Luis, argumentándose que se había suicidado, al estrangularse, pero tras las irregularidades en la primera autopsia y las dudas de su familia, todo apuntó a que se trató de un hecho violento, relacionado con un homicidio.
Judiciales ⚖️
“Los únicos que evadimos somos Manuel y yo”: el contratista quiso defender a Adorni y lo hundió más
El empresario Matías Tabar reconoció ante Radio Rivadavia que los pagos fueron en efectivo y sin facturas, pero intentó relativizar la responsabilidad del Jefe de Gabinete. La causa por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Ariel Lijo suma nuevas aristas en una semana cargada de revelaciones judiciales.
“Acá parece que los únicos que evadimos somos Manuel y yo”: el contratista de Adorni quiso apagar fuego con nafta
★ El empresario de la construcción Matías Tabar volvió a ocupar el centro de la escena judicial y mediática este jueves al brindar declaraciones ante Radio Rivadavia donde, mientras intentaba minimizar su rol en el presunto esquema de evasión que rodea al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, terminó por confirmar los elementos centrales que sostienen la investigación: pagos íntegramente en efectivo, ausencia de facturas y una obra de refacciones millonaria que el funcionario no puede justificar con sus ingresos declarados.
«Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo«, lanzó Tabar en el inicio de la entrevista, en un intento de contextualizar la práctica dentro de lo que describió como una normalidad sectorial. «Hay muchas cosas de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura«, añadió, antes de adentrarse en una defensa de la informalidad estructural del rubro.
La «normalidad» de la evasión como argumento de defensa
La estrategia discursiva de Tabar resulta, cuanto menos, llamativa: ante la evidencia de haber recibido y abonado en efectivo sumas millonarias sin respaldo documental, el contratista apeló a un argumento de equivalencia sectorial. Según sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia, «ninguna persona» en Argentina que esté construyendo una casa puede solventar la obra «si tiene que declarar todo«.
«Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco te dé«, explicó. Y añadió que Adorni no le propuso trabajar en negro ni le exigió facturas, aunque reconoció que los pagos siempre fueron en efectivo. También aclaró que sí existieron facturas durante el proceso de obra y que las presentará ante la Justicia.
La aclaración no disipa, sin embargo, el núcleo del problema judicial: la causa que tramita ante el juzgado federal del juez Ariel Lijo, con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, investiga si los fondos utilizados por Adorni en las refacciones tienen origen lícito y si fueron debidamente declarados. Que Tabar haya facturado «algo» no equivale a que el funcionario pueda justificar el origen del efectivo que entregó.
Un patrimonio de más de 840.000 dólares bajo la lupa
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni se construyó sobre la base de un patrimonio que, según la investigación judicial, supera los 840.000 dólares y que el funcionario no logra justificar con sus ingresos declarados. El eje del expediente arrancó con la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio de Caballito, escriturado por 230.000 dólares, donde Adorni declaró haber aportado apenas 30.000 dólares iniciales, dejando el saldo como deuda con las vendedoras, dos jubiladas identificadas como Claudia Sbabo y Alicia Viegas. El vínculo adquirió otra dimensión cuando se comprobó que los hijos de ambas mujeres, Leandro Miano y Pablo Feijoo, son socios en una desarrolladora inmobiliaria, y que Feijoo reconoció ante la Justicia un pago adicional de 65.000 dólares «de palabra», fuera de escritura.
A eso se sumaron los 14 millones de pesos que el propio Tabar reveló haber cobrado por la renovación del mobiliario de ese departamento.
Pero el capítulo más costoso de la investigación es el que tiene como escenario el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Allí, según declaró Tabar ante la Justicia, las refacciones ascendieron a 245.000 dólares, abonados íntegramente en efectivo y sin factura, e incluyeron una pileta con cascada en el jardín, un quincho de alta gama con una parrilla valuada en 15.000 dólares, y trabajos de revestimiento, cocina y baños de lujo con jacuzzi.
Sin alternativa, pero con afecto
Con la causa ya encuadrada, Tabar admitió en la entrevista radial que sabía «a lo que se exponía» al presentarse a declarar ante la Justicia. «Tampoco me quedaba mucha alternativa», señaló. Pese a ello, no ocultó el vínculo personal con el funcionario investigado: «Lo adoro. A él, a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar, y entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar. Es una persona con la cual conviví casi un año y medio». Y cerró con una frase que resume el clima que rodea a toda la investigación: «Es una cagada tener que transitar todo esto«.
La trama se amplía: hermano imputado, abogado compartido con $LIBRA y avión presidencial
La semana resultó especialmente activa en el expediente Adorni. El hermano del jefe de Gabinete fue imputado por presunto «enriquecimiento ilícito y lavado de dinero» en una causa iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien también solicitó la detención del propio Adorni por presunto entorpecimiento de la Justicia, alegando que el funcionario intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones.
Se conoció además que el abogado defensor de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito, Matías Ledesma, también representa a la familia de Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino, quien habría recibido fondos vinculados a la causa $LIBRA. La superposición de representaciones legales en causas conexas amplía el mapa de relaciones que la Justicia mantiene bajo la lupa.
La investigación abarca además el presunto uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York; los posibles vínculos de Angeletti con triangulaciones a través de contratos en YPF y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y los contratos que habría obtenido la productora ImHouse, del periodista Marcelo Grandio, amigo íntimo de Adorni, en la Televisión Pública. El juez Lijo ya ordenó el peritaje de los teléfonos de Grandio y el secuestro de documentación vinculada.
Puntos clave:
- Tabar admitió pagos en efectivo y sin facturas por obras en el country Indio Cuá de Adorni, valuadas en 245.000 dólares.
- El contratista reconoció la evasión como práctica «normal» en el sector, pero sostuvo que Adorni no le propuso trabajar en negro.
- El patrimonio investigado del Jefe de Gabinete supera los 840.000 dólares sin justificación acreditada.
- El hermano de Adorni fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa conexa.
- El abogado defensor de Adorni también representa a la familia de un receptor de fondos de la causa $LIBRA.
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