Por Néstor Llidó

A 31 meses de la muerte de Florencia Magalí Morales, una mujer de 39 años que fue detenida por estar presuntamente violando el aislamiento durante la pandemia y fue hallada sin vida en un calabozo de una comisaría de la ciudad de San Luis, la causa penal se encuentra virtualmente estancada, pero se produjeron novedades en la “vía administrativa” con la cesantía de algunos de los policías involucrados en el hecho, que para la familia de la víctima se trató de un crimen, descartándose la versión oficial del suicidio.

Más allá de los procesamientos al entonces titular y un grupo de oficiales de la comisaría 25ta. de Santa Rosa de Conlara, el expediente judicial no ha logrado avanzar, en medio de los cuestionamientos de los abogados de la familia Morales y los pedidos de profundizar la investigación hacia un episodio de violencia institucional impulsados por la querella institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En este contexto de reclamos sin respuestas en la causa penal, surgió la resolución del gobierno de San Luis de cesantear por decreto a los policías involucrados en la muerte de Florencia Morales. La medida alcanzó al comisario Reinaldo Clavero, el subcomisario Marcos Ontiveros, la suboficial Eugenia Arguello y la agente Victoria Torres, al considerarse que cometieron “faltas disciplinarias gravísimas”.

Al inspector Gabriel Tarado solo lo sancionaron 30 días de suspensión, en el sumario que también se abrió contra los oficiales Héctor Mansilla, Patricia Ríos y Julio Busto por “omitir normas protocolares de custodia y traslados de detenidos”.

En los casos en que ya habían sido pasados a disponibilidad, se destacó que cometieron “irregularidades en el procedimiento, negligencia grave en la custodia y posterior deceso de Florencia Magalí Morales”, en medio de un expediente judicial con idas y vueltas, donde mediante una segunda autopsia comenzó a desestimarse aquella hipótesis inicial de un suicidio, en sintonía con la demanda de la familia de la mujer denunciando que se trató de un asesinato.

Tras conocerse estas cesantías de los policías imputados, Celeste Morales, hermana de la víctima, expresó a EL ARGENTINO que “está claro que no es la justicia que necesitamos, ya que estamos esperando las novedades en la causa penal, pero no deja de ser un pasito más en esta lucha que venimos llevando adelante”.

La referencia es a la causa donde hay un grupo de efectivos imputados por el delito de aplicación de torturas seguida de muerte, pero que no avanza ante los recurrentes planteos y presentaciones de los abogados sus defensores que no se resuelven, derivando en la virtual parálisis del expediente.

Desde principios de junio, por ejemplo, el Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial de la San Luis decidió sostener al frente de la investigación al juez penal Jorge Pinto y ampliar las indagatorias de los procesados Reynaldo Clavero, Marcos Ontiveros, Eugenia Argüello y Victoria Torres, los que permanecen en libertad, al ser beneficiados con la excarcelación.

El 5 de abril de 2020, Florencia Morales salió de su domicilio a buscar alimentos y terminó presa por violar el aislamiento por la pandemia, debido a que no le correspondía en ese día según su número de DNI. Horas más tarde, apareció muerta en una celda de la seccional policial de Santa Rosa de Conlara, en San Luis, argumentándose que se había suicidado, al estrangularse, pero tras las irregularidades en la primera autopsia y las dudas de su familia, todo apuntó a que se trató de un hecho violento, relacionado con un homicidio.