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Causa YPF: Argentina rechazó orden judicial sin precedentes sobre los mails y chats de Caputo y Massa

La solicitud se presentó en el marco del juicio de fondos buitre contra Argentina por la expropiación de YPF de 2012.

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El Argentino Diario-YPF.

El Gobierno de Javier Milei presentó este miércoles una solicitud formal ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para que reconsidere su orden de entregar mails, chats de WhatsApp y otras comunicaciones del ministro de Economía Luis Caputo, su antecesor Sergio Massa, y otros altos funcionarios de las administraciones de Milei y Alberto Fernández.

La medida se enmarca en el litigio iniciado por fondos especulativos contra la forma en que se expropió la petrolera YPF en 2012, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Los demandantes, liderados por el influyente Burford Capital, habían logrado que Preska aceptara su pedido para acceder a esta información privada.

El Estado argentino sostiene no tener control sobre dispositivos privados

El argumento central de la defensa argentina se basa en que el Estado no posee los dispositivos solicitados porque no le pertenecen. «La República Argentina pide a la jueza Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y exfuncionarios, ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos, porque no les pertenecen», informó Sebastián Maril, especialista que sigue de cerca los juicios de los fondos buitres contra Argentina.

La presentación del gobierno argentino sostiene que «el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de República».

Cuestionamiento a los demandantes por no probar el control estatal

El escrito dirigido a Preska señala que «los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios».

La defensa argentina explica que «la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador». Esta argumentación se basa en principios constitucionales sobre la propiedad privada y las comunicaciones personales.

Antecedentes del caso: la expropiación de YPF en 2012

El litigio se origina en la expropiación del 51% de las acciones de YPF concretada el 16 de abril de 2012. Ese día, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la presentación de un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación esas acciones, que pertenecían a la petrolera española Repsol. La ley fue promulgada el 4 de mayo de 2012.

La Procuración del Tesoro de la Nación había adelantado la semana pasada que estaba «evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery (búsqueda) sin precedentes». El gobierno realizó dos presentaciones ante Preska relacionadas con decisiones tomadas en la audiencia de discovery del pasado 29 de julio.

Puntos clave:

  • El gobierno de Milei pidió a la jueza Preska reconsiderar su orden de entregar comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios
  • La solicitud se basa en que el Estado no tiene posesión ni control sobre dispositivos personales
  • El caso deriva del litigio de fondos especulativos por la expropiación de YPF en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner
  • Los demandantes están liderados por Burford Capital y buscan acceder a chats de WhatsApp de Caputo, Massa y otros funcionarios
  • La defensa argentina cuestiona que los demandantes no probaron el control estatal sobre las comunicaciones privadas

Actualidad

Flores: un alero mató a una mujer y la Justicia investiga un estrago culposo

La Fiscalía porteña N° 22 investiga el desprendimiento de mampostería que mató a una mujer de 65 años y dejó a su esposo con fractura de cráneo. Por primera vez en la Ciudad se aplicó el protocolo de autopsias mínimamente invasivas.

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Vivienda de Flores tras el desprendimiento de mampostería

Caminaban por una vereda de Flores cuando parte del alero de una casa se les vino encima: ella murió y él terminó con una fractura de cráneo. La Justicia porteña investiga ahora por qué una estructura de mampostería cedió sobre la calle Granaderos al 400, a metros de la avenida Avellaneda, y quién debe responder por ella.

La tragedia ocurrió el sábado 14 de noviembre. Según informaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Nélida Graciela Haper, de 65 años, y su esposo como Alberto Guidon. Ambos quedaron atrapados bajo los escombros y fueron rescatados por los Bomberos de la Ciudad. El SAME los trasladó al Hospital Vélez Sarsfield, donde se constató la muerte de la mujer; el hombre quedó internado en observación y luego fue derivado al Hospital Durand.

La investigación

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, encabezada por el fiscal interino Sebastián Rubén Sttopani, con la secretaría de la doctora Aragón, y fue caratulada como estrago culposo. La auxiliar fiscal Daiana Biassotti, de la Unidad de Flagrancia Oeste, ordenó los análisis correspondientes y dio intervención a la Guardia de Auxilio, Defensa Civil, Bomberos y Criminalística.

Tras el operativo, la Guardia de Auxilio demolió por completo el alero que se había desprendido parcialmente, para evitar nuevos derrumbes, y se descartó de manera preliminar que la vivienda corriera riesgo de colapso. Ahora la fiscalía espera el resultado de las pericias técnicas. Según consignó un canal de noticias, esos estudios buscan establecer cómo se produjo el desprendimiento y las posibles responsabilidades de la empresa constructora. La pregunta de fondo es quién controlaba el estado de una estructura que colgaba sobre una vereda transitada.

Una autopsia sin bisturí

El caso dejó además un precedente judicial. El fiscal autorizó por primera vez en la Capital la aplicación del nuevo protocolo de Autopsias Mínimamente Invasivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo con los principios religiosos de la víctima, y con la intervención del Superior Rabinato de la AMIA, se realizaron una tomografía y una resonancia post mortem que permitieron preservar la integridad del cuerpo sin recurrir a una autopsia tradicional.

La decisión abre una vía para que las familias puedan conciliar la investigación judicial con el respeto a sus creencias.

Lo que tenés que saber

  • Una mujer de 65 años murió y su esposo sufrió una fractura de cráneo por la caída de un alero en Granaderos al 400, en Flores.
  • El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre; ambos fueron rescatados de los escombros por Bomberos.
  • La Fiscalía PCyF N° 22 caratuló la causa como estrago culposo y espera las pericias.
  • La Guardia de Auxilio demolió el resto del alero y se descartó riesgo de derrumbe de la vivienda.
  • Se aplicó por primera vez en la Capital el protocolo de autopsias mínimamente invasivas de la Corte Suprema.
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