El Gobierno de Javier Milei presentó este miércoles una solicitud formal ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para que reconsidere su orden de entregar mails, chats de WhatsApp y otras comunicaciones del ministro de Economía Luis Caputo, su antecesor Sergio Massa, y otros altos funcionarios de las administraciones de Milei y Alberto Fernández.

La medida se enmarca en el litigio iniciado por fondos especulativos contra la forma en que se expropió la petrolera YPF en 2012, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Los demandantes, liderados por el influyente Burford Capital, habían logrado que Preska aceptara su pedido para acceder a esta información privada.

El Estado argentino sostiene no tener control sobre dispositivos privados

El argumento central de la defensa argentina se basa en que el Estado no posee los dispositivos solicitados porque no le pertenecen. «La República Argentina pide a la jueza Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y exfuncionarios, ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos, porque no les pertenecen», informó Sebastián Maril, especialista que sigue de cerca los juicios de los fondos buitres contra Argentina.

La presentación del gobierno argentino sostiene que «el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de República».

Cuestionamiento a los demandantes por no probar el control estatal

El escrito dirigido a Preska señala que «los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios».

La defensa argentina explica que «la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador». Esta argumentación se basa en principios constitucionales sobre la propiedad privada y las comunicaciones personales.

Antecedentes del caso: la expropiación de YPF en 2012

El litigio se origina en la expropiación del 51% de las acciones de YPF concretada el 16 de abril de 2012. Ese día, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la presentación de un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación esas acciones, que pertenecían a la petrolera española Repsol. La ley fue promulgada el 4 de mayo de 2012.

La Procuración del Tesoro de la Nación había adelantado la semana pasada que estaba «evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery (búsqueda) sin precedentes». El gobierno realizó dos presentaciones ante Preska relacionadas con decisiones tomadas en la audiencia de discovery del pasado 29 de julio.

Puntos clave:

• El gobierno de Milei pidió a la jueza Preska reconsiderar su orden de entregar comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios
• La solicitud se basa en que el Estado no tiene posesión ni control sobre dispositivos personales
• El caso deriva del litigio de fondos especulativos por la expropiación de YPF en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner
• Los demandantes están liderados por Burford Capital y buscan acceder a chats de WhatsApp de Caputo, Massa y otros funcionarios
• La defensa argentina cuestiona que los demandantes no probaron el control estatal sobre las comunicaciones privadas