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Causa YPF: Argentina rechazó orden judicial sin precedentes sobre los mails y chats de Caputo y Massa

La solicitud se presentó en el marco del juicio de fondos buitre contra Argentina por la expropiación de YPF de 2012.

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El Argentino Diario-YPF.

El Gobierno de Javier Milei presentó este miércoles una solicitud formal ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para que reconsidere su orden de entregar mails, chats de WhatsApp y otras comunicaciones del ministro de Economía Luis Caputo, su antecesor Sergio Massa, y otros altos funcionarios de las administraciones de Milei y Alberto Fernández.

La medida se enmarca en el litigio iniciado por fondos especulativos contra la forma en que se expropió la petrolera YPF en 2012, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Los demandantes, liderados por el influyente Burford Capital, habían logrado que Preska aceptara su pedido para acceder a esta información privada.

El Estado argentino sostiene no tener control sobre dispositivos privados

El argumento central de la defensa argentina se basa en que el Estado no posee los dispositivos solicitados porque no le pertenecen. «La República Argentina pide a la jueza Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y exfuncionarios, ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos, porque no les pertenecen», informó Sebastián Maril, especialista que sigue de cerca los juicios de los fondos buitres contra Argentina.

La presentación del gobierno argentino sostiene que «el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de República».

Cuestionamiento a los demandantes por no probar el control estatal

El escrito dirigido a Preska señala que «los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios».

La defensa argentina explica que «la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador». Esta argumentación se basa en principios constitucionales sobre la propiedad privada y las comunicaciones personales.

Antecedentes del caso: la expropiación de YPF en 2012

El litigio se origina en la expropiación del 51% de las acciones de YPF concretada el 16 de abril de 2012. Ese día, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la presentación de un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación esas acciones, que pertenecían a la petrolera española Repsol. La ley fue promulgada el 4 de mayo de 2012.

La Procuración del Tesoro de la Nación había adelantado la semana pasada que estaba «evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery (búsqueda) sin precedentes». El gobierno realizó dos presentaciones ante Preska relacionadas con decisiones tomadas en la audiencia de discovery del pasado 29 de julio.

Puntos clave:

  • El gobierno de Milei pidió a la jueza Preska reconsiderar su orden de entregar comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios
  • La solicitud se basa en que el Estado no tiene posesión ni control sobre dispositivos personales
  • El caso deriva del litigio de fondos especulativos por la expropiación de YPF en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner
  • Los demandantes están liderados por Burford Capital y buscan acceder a chats de WhatsApp de Caputo, Massa y otros funcionarios
  • La defensa argentina cuestiona que los demandantes no probaron el control estatal sobre las comunicaciones privadas

Buenos Aires

Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar

El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.

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Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas

★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.

La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.

El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora

La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.

Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.

En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.

«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria

El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.

Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.

El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.

Un municipio que apuesta por el Estado presente

La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.

La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.

Puntos clave:

  • El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
  • La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
  • El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
  • El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
  • El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.

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