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Gobierno, CGT y la UIA acordaron que se adelanten a abril las paritarias aún abiertas
Los ministros de Economía, Producción y el de Trabajo, junto a empresarios y sindicalistas, acordaron la apertura de convenios salariales y presentar una canasta alimentaria de primera necesidad de entre 50 y 60 productos.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, mantuvieron un encuentro este martes en el Palacio de Hacienda con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación General del Trabajo (CGT). En este marco, el Gobierno nacional, empresarios y sindicalistas acordaron la apertura de la negociación de convenios salariales que aun no han vencido o no se encuentran en la etapa de tratativas. Además, se establecerá una canasta alimentaria de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos.
De esta manera, durante la reunión, en la que participaron la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace; el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el secretario de la entidad Miguel Angel Rodríguez, el Director Ejecutivo, Diego Coatz; y los secretarios Generales de la CGT, Héctor Daer, y Carlos Acuña; el secretario General Adjunto, Andrés Rodríguez; y el Cosecretario General Pablo Moyano, se coincidió en que la negociación colectiva es la herramienta adecuada para lograr el incremento de las remuneraciones.
De manera complementaria a las canastas de Precios Cuidados, también se coincidió en la necesidad de establecer una canasta alimentaria de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización, el cual tendrá una amplia difusión. En la reunión, las partes acordaron terminar de definir la lista y su formato de implementación dentro de las próximas 72 horas.
Acta acuerdo:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril de 2022, se reúnen en la sede del Ministerio de Economía de la Nación:
En representación del Gobierno Nacional, el Ministro de Economía Martín Guzmán, el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Claudio Moroni y la Jefa de Gabinete del Ministerio de Economía Melina Mallamace.
En representación del sector empresario, el Presidente de la Unión Industrial Argentina Daniel Funes de Rioja, junto al Secretario de la entidad Miguel Ángel Rodríguez, el Vicepresidente Regional Guillermo Moretti y el Director Ejecutivo Diego Coatz.
En representación del sector sindical, los Secretarios Generales de la Confederación General del Trabajo Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña junto al Secretario General Adjunto de la entidad Andrés Rodríguez.
Esta reunión prosigue las instancias de diálogo producidos durante los días 28 y 31 de marzo a instancias de lo solicitado por el Sr. Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández, de establecer una mesa de diálogo y concertación social tendiente a alinear expectativas y a fortalecer la reactivación productiva de manera articulada con la creación de empleo formal y la mejora en los ingresos reales de la población.
Las partes reunidas coincidieron en la necesidad de concertar acciones que permitan afrontar las dificultades económicas locales, agravadas por el conflicto en Ucrania, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y argentinas y preservar la reactivación de la economía.
En función de lo conversado, las partes convienen en la necesidad de instrumentar las siguientes iniciativas para atender el escenario de precios y salarios:
Con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, la CGT solicita que, frente a la posible evolución del costo de vida en el marco de esta situación excepcional, se anticipe la apertura de negociación de aquellos convenios salariales que aún no han vencido o no se encuentran en la etapa de tratativas.
Por su parte, la UIA, en representación del sector industrial argentino, en el entendimiento de que el diálogo social permite generar las políticas adecuadas para el desarrollo económico con inclusión social, y que la fijación de los salarios mediante la negociación colectiva es la herramienta adecuada para lograr el incremento de las remuneraciones, manifiesta en este contexto excepcional la conformidad con el pedido efectuado.
Ambas partes proponen darle seguimiento a los resultados de estas negociaciones.
Las partes coinciden en que bajo las actuales circunstancias se producen dispersiones significativas en los precios de los alimentos y otros productos de la canasta básica. Tales dispersiones se registran tanto a nivel territorial como en diferentes formatos de comercialización.
Ante tal situación, y de manera complementaria a las canastas de Precios Cuidados, los representantes gubernamentales informan que se está próximo a establecer una canasta de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización, el cual tendrá una amplia difusión.
Las partes comparten los objetivos de dicha política y se comprometen a, una vez concretada, realizar una amplia campaña de divulgación a los fines de fortalecer la referencia de precios en la población. La mencionada lista y su formato de implementación se encontrará finalizado dentro de las próximas 72 horas.
Adicionalmente, se coincidió en que bajo el actual escenario global se producen tensiones significativas en la cadena de suministros, acceso a insumos claves, logística y abastecimiento energético a nivel internacional. Por lo tanto, las partes acuerdan conformar mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes para administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular en lo atinente al impacto en las PyMEs.
Legislativo
Emergencia en discapacidad: Milei impulsa una reforma que recorta derechos y pensiones
Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.
El ajuste libertario: Desregulación y supuesto fin de la emergencia
El proyecto que el gobierno de Milei envió al Congreso encendió las alarmas en el colectivo de personas con discapacidad. Bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, la iniciativa propone cambios de fondo en el sistema de protección vigente y ya generó una convocatoria a movilizarse frente al Ministerio de Salud.
Con Mario Lugones al frente de la cartera, la reforma apunta a modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y redefinir tanto el acceso como el financiamiento de las prestaciones. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.
Empadronamiento obligatorio y amenaza de baja automática
El eje central del proyecto es un reempadronamiento masivo de todas las personas que perciben pensiones por discapacidad. La medida implica:
- Revalidar condición médica, situación económica y antecedentes laborales.
- Someter la información a cruces de datos con organismos estatales.
- Enfrentar suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia.
El punto más cuestionado: si no se cumple con los plazos, la pensión se suspende automáticamente y puede darse de baja sin mayores instancias de revisión.
Pensiones más bajas y sin adicionales
La iniciativa fija el haber en el 70% de la jubilación mínima, pero elimina herramientas de compensación que hoy permiten contemplar situaciones particulares:
- Se suprimen adicionales por invalidez laboral.
- Se eliminan plus por zona desfavorable.
- Se limita la capacidad del Ejecutivo de otorgar aumentos extraordinarios.
Además, la actualización deja de ser mensual por inflación y pasa a un esquema trimestral, lo que implica una pérdida frente a la suba de precios.
Uno de los puntos más regresivos del proyecto es la prohibición absoluta de compatibilizar pensión con empleo formal.
- Quienes tengan trabajo registrado perderán automáticamente el beneficio.
- Se eliminan programas de inclusión laboral.
- Se desincentiva la contratación en empresas.
El mensaje es claro: trabajar implica quedar fuera del sistema de protección.
Desregulación y supuesto fin de la emergencia
El texto también propone derogar artículos clave de la Ley 27.793, lo que en la práctica vacía de contenido la Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada este año y es gobierno libertario insiste es incumplir.
- Se habilita a Nación, provincias y CABA a negociar fondos sin un esquema unificado.
- Se desarma el nomenclador nacional de prestaciones.
- Se abre la puerta a mayor discrecionalidad de obras sociales y prepagas.
La respuesta no tardó en llegar. Referentes del sector, familias y figuras públicas expresaron su repudio. La actriz Lola Berthet fue una de las voces más duras: advirtió que la orientación del proyecto “atenta contra la dignidad y los derechos básicos”.
Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo.
El ajuste de Milei
Más allá de los detalles técnicos, el proyecto marca un giro en la concepción del sistema: de un enfoque de derechos hacia uno de control, ajuste y restricción del acceso.
En ese marco, la discusión en el Congreso no será sólo sobre números, sino sobre el lugar que el Estado decide ocupar frente a uno de los sectores más vulnerados.
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