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Díaz-Canel abre el juego con EE.UU. y exige diálogo sin condiciones

El presidente cubano respondió a la prensa y fijó límites claros a un eventual acercamiento bilateral en medio de advertencias desde Washington.

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Lo que tenés que saber

  • Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba acepta conversar sobre cualquier tema con EE.UU.
  • El diálogo, según el mandatario, debe darse sin presiones ni exigencias previas.
  • Reclamó negociaciones entre Estados en igualdad y respeto mutuo.
  • Negó que Cuba represente un riesgo para la seguridad estadounidense.
  • Las declaraciones surgen tras una orden ejecutiva firmada por Donald Trump.

Cuba plantea diálogo con Estados Unidos sin condiciones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, declaró este jueves que su país mantiene disposición a dialogar con Estados Unidos. La afirmación surgió durante una ronda de preguntas con la prensa, en un contexto marcado por renovadas tensiones diplomáticas.

«Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar», expresó el mandatario cubano ante los medios.

Al profundizar sobre los términos de ese eventual acercamiento, aclaró que cualquier conversación debe darse «sin presiones» y «sin precondicionamientos».

Reclamo de igualdad y respeto a la soberanía

Díaz-Canel sostuvo que un proceso de negociación solo resultaría viable desde una relación entre pares. En ese sentido, planteó que las conversaciones deben desarrollarse «en una posición de iguales», con respeto pleno a la soberanía cubana y sin interferencias en los asuntos internos de la isla.

El mandatario subrayó que Cuba no persigue un enfrentamiento y que la base del diálogo debería centrarse en el respeto mutuo entre ambos Estados.

Cuba niega ser una amenaza para EE.UU.

Durante sus declaraciones, el presidente cubano buscó despejar acusaciones vinculadas a la seguridad regional. «Los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos los valores del pueblo norteamericano», afirmó, y agregó que existen múltiples áreas donde ambos países podrían cooperar «sin prejuicios».

«Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos», remarcó Díaz-Canel, al definir a Cuba como «un país de paz». También explicó que la doctrina militar nacional cumple una función defensiva, orientada únicamente a preservar la soberanía y la independencia del país.

Contexto de nuevas advertencias desde Washington

Las palabras del presidente cubano se produjeron tras una escalada discursiva del presidente estadounidense Donald Trump. El 29 de enero, el mandatario norteamericano firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba.

El documento acusa al Gobierno cubano de vínculos con «numerosos países hostiles», de albergar a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá, y de permitir el despliegue de capacidades militares y de inteligencia de Rusia y China en la isla.

Ante esa medida, Díaz-Canel reaccionó con dureza: «Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

Contactos reconocidos por la Casa Blanca

Pese al tono confrontativo, Trump reconoció posteriormente que su administración mantiene contactos con Cuba. El presidente estadounidense señaló ante la prensa que están «hablando con la gente de Cuba, los más altos cargos de Cuba», y expresó confianza en que «vamos a llegar a un acuerdo con Cuba», aunque describió al país como «una nación en decadencia».

Resumen final

Miguel Díaz-Canel ratificó la voluntad de Cuba de entablar conversaciones con Estados Unidos bajo condiciones de igualdad, sin presiones ni exigencias previas, y rechazó las acusaciones de amenaza a la seguridad regional en un escenario de creciente tensión bilateral.

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Crisis electoral en Colombia: Petro rechazó el conteo y sembró la duda sobre el triunfo de la ultraderecha

El presidente saliente cuestionó el software de conteo y denunció 800.000 cédulas irregulares; minutos después, el candidato oficialista Iván Cepeda se sumó con señalamientos propios. El escrutinio judicial será el árbitro final antes del balotaje del 21 de junio.

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Petro rechazó el conteo de votos y sembró la duda sobre el triunfo de De la Espriella.

Petro desconoció el conteo de votos que posicionó a De la Espriella y denunció 800.000 cédulas irregulares

★ La primera vuelta presidencial de Colombia terminó con un resultado y con una crisis institucional que lo opaca. El presidente Gustavo Petro desconoció este domingo los resultados del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ubicaron al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella como el candidato más votado, y anunció que solo reconocerá el escrutinio que realicen las comisiones presididas por jueces de la República.

Con prácticamente el total de las mesas escrutadas (apenas 10 pendientes de un total de 122.020), los datos de la Registraduría mostraban a De la Espriella con 10.360.449 votos (43,74%) y al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con 9.687.724 sufragios (40,90%). La candidata conservadora Paloma Valencia llegó tercera con el 6,92% y el centrista Sergio Fajardo cuarto con el 4,26%. Ninguno superó el umbral del 50%, por lo que el balotaje entre De la Espriella y Cepeda quedó confirmado para el 21 de junio.

«Como presidente no acepto los resultados del preconteo»

Apenas conocidos los boletines que establecieron ese ordenamiento, Petro publicó en su cuenta de X un mensaje que sacudió el tablero político. «El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública», escribió el mandatario. Y fue más lejos: «Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado».

Petro aseguró que en este momento coexisten «dos censos»: el oficial y el del software cuestionado, que contendría 800.000 personas adicionales. «Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados. Son existencia de sufragantes», afirmó, para concluir que los únicos resultados que reconocerá como vinculantes serán los que emitan «las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República». Esa declaración, calificada por analistas colombianos y medios locales como «sin precedentes en la historia política reciente del país», no tiene sin embargo validez jurídica: el preconteo es un proceso avalado por la Registraduría y respaldado por cientos de observadores internacionales, y sus datos son preliminares por diseño, dado que el escrutinio oficial corresponde en todos los casos a las comisiones judiciales.

Cepeda se sumó con señalamientos propios

Minutos después del posteo presidencial, el propio candidato oficialista Iván Cepeda se presentó ante sus simpatizantes en el Hotel Tequendama de Bogotá y sumó sus cuestionamientos. «Existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral, de cuántas se trata exactamente, en las cuales se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas», dijo. El senador señaló además un desfase de 885.000 personas o cédulas en el censo electoral que, sostuvo, «queremos que se aclare». En otro momento de su discurso reconoció implícitamente la magnitud del resultado en su contra: «Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia, somos la principal fuerza política», afirmó.

La Registraduría había congelado el código fuente días antes

El cuadro de las denuncias choca con las medidas de transparencia adoptadas por la propia Registraduría en los días previos a los comicios. El registrador nacional Hernán Penagos informó que el 28 y 29 de mayo, dos días antes de la elección, la entidad congeló y dejó bajo custodia el código fuente y los ejecutables de los programas utilizados para el preconteo, el escrutinio, la consolidación de resultados y la digitalización del formulario E-14. El procedimiento se realizó en presencia de representantes de las organizaciones políticas, los entes de control y los observadores internacionales.

Además, la Registraduría implementó un esquema de auditoría abierta que permitió a partidos, misiones electorales y expertos técnicos revisar el software en cada etapa del proceso. En total, 350.000 testigos electorales de distintas campañas y partidos fotografiaron los formularios de cada mesa al cierre de la votación. Las denuncias de Petro sobre modificaciones al algoritmo en la última semana, en ese contexto, no contaban al cierre de esta edición con ninguna prueba documental pública que las respaldara, tal como señaló la agencia colombiana Vanguardia.

Una crisis que llega antes del balotaje

La situación abre un frente de incertidumbre institucional de cara al 21 de junio. El escrutinio oficial, a cargo de las comisiones integradas por jueces de la República, es el proceso que establece los resultados con validez legal plena y el que determinará formalmente qué dos candidatos disputan la presidencia en segunda vuelta. Ese proceso, que se inicia tras el cierre del preconteo, es precisamente el que Petro dijo estar dispuesto a reconocer, lo que en la práctica significa que no impugnó el sistema en su conjunto, sino la validez del conteo preliminar de una firma privada.

La tensión, sin embargo, ya está instalada. La declaración del presidente en ejercicio cuestionando los resultados electorales en tiempo real generó una oleada de repudio político de candidatos y dirigentes de distintos espacios, mientras De la Espriella cerró su discurso ante sus seguidores sin referirse a los dichos de Petro y se proyectó directamente hacia la segunda vuelta. Colombia entra en las próximas tres semanas con una herida abierta sobre la legitimidad del proceso que deberá ser saldada, o profundizada, por el escrutinio judicial.

Puntos clave:

  • Gustavo Petro desconoció el preconteo de la Registraduría y denunció que el software fue modificado en tres ocasiones y contiene 800.000 cédulas que no figuran en el censo oficial.
  • Con casi el 100% de las mesas escrutadas: De la Espriella 43,74% y Cepeda 40,90%; ambos van al balotaje del 21 de junio.
  • Iván Cepeda se sumó a los cuestionamientos y habló de «votaciones atípicas» y un desfase de 885.000 personas en el censo.
  • La Registraduría había congelado el código fuente el 28-29 de mayo con presencia de partidos, entes de control y observadores internacionales.
  • Las afirmaciones de Petro no contaban, al cierre de esta edición, con pruebas documentales públicas que las respaldaran.
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