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Abogada argentina presa en Brasil: una fundación solicitó la intervención de Cancillería

Es para que la joven abogada Agostina Páez pueda regresar al país. La fiscalía brasileña pidió prisión preventiva por «injuria racial», pero la defensa sostiene que fue ella fue víctima de gestos obscenos previos y un intento de cobro indebido.

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★ La abogada argentina de 29 años permanece con tobillera electrónica en Río de Janeiro, sin acceso a su pasaporte y con pedido de prisión preventiva en su contra por un episodio de racismo que habría ocurrido durante sus vacaciones en enero. La Fundación Apolo, dirigida por el exlegislador Yamil Santoro, presentó un escrito en la Cancillería Argentina para reclamar su liberación y regreso al país.

Agostina Páez fue detenida tras un incidente en un bar del barrio de Ipanema, según confirmó la fundación en su presentación. El episodio se originó, de acuerdo al relato de la defensa, por un desacuerdo en el cobro de una cuenta. Las autoridades brasileñas la acusaron de realizar gestos considerados ofensivos y de injuria racial, cargo que en Brasil puede implicar penas de hasta cinco años de prisión.

El Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó la prisión preventiva de la argentina. En su pedido, la fiscalía consideró que Páez «extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido» y calificó su conducta como «discriminatoria y ofensiva». La justicia brasileña le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico y le retuvo el pasaporte, medidas que le impiden abandonar el país mientras avanza la causa.

En Apolo denuncian «desproporción» y violación de derechos

La Fundación Apolo cuestionó en su escrito la proporcionalidad de las medidas adoptadas contra la abogada, al señalar que no existe condena firme y que las restricciones impuestas violan estándares internacionales de derechos humanos. El documento sostiene que la respuesta del sistema penal brasileño fue adoptada «sin evaluación adecuada de alternativas menos gravosas» y sin considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.

La presentación destacó la existencia de registros fílmicos previos a la reacción de Páez, donde uno de los empleados del establecimiento habría hecho gestos obscenos dirigidos hacia ella y su acompañante. Según la fundación, esa conducta no fue debidamente ponderada por las autoridades brasileñas.

«La abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual», señala el escrito, que advierte que la posterior reacción de Páez habría sido descontextualizada, invirtiendo los roles de víctima a victimaria.

Invocación de tratados internacionales

El reclamo de la fundación menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Ley 20.957 del Servicio Exterior argentino, y subraya que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no supere los criterios de razonabilidad o debido proceso.

Además, el documento citó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas. Estos instrumentos establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.

Críticas al uso «ejemplarizante» del caso

La Fundación Apolo cuestionó el uso del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas con fines de «ejemplaridad». El escrito señala que autoridades locales difundieron imágenes y mensajes en redes sociales oficiales que reforzarían una lógica de estigmatización y «mano dura», incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

La entidad pidió que la Cancillería Argentina ejerza activamente la protección consular y evalúe la posibilidad de un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez al país.

Hasta el momento, la Cancillería argentina no emitió declaraciones públicas sobre el caso ni confirmó acciones concretas en defensa de la ciudadana detenida en Brasil.

Puntos clave:

• Agostina Páez permanece con tobillera electrónica en Río de Janeiro, sin pasaporte y con pedido de prisión preventiva por injuria racial
• La Fundación Apolo presentó un escrito en Cancillería solicitando protección consular y reclamo diplomático ante Brasil
• La defensa sostiene que existen videos que muestran gestos obscenos de un empleado del bar hacia la argentina antes del incidente
• El reclamo invoca tratados internacionales de derechos humanos y protección de mujeres en contextos de vulnerabilidad
• La fiscalía brasileña considera que la conducta de Páez fue «discriminatoria y ofensiva» y solicita su prisión preventiva ★

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“Los únicos que evadimos somos Manuel y yo”: el contratista quiso defender a Adorni y lo hundió más

El empresario Matías Tabar reconoció ante Radio Rivadavia que los pagos fueron en efectivo y sin facturas, pero intentó relativizar la responsabilidad del Jefe de Gabinete. La causa por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Ariel Lijo suma nuevas aristas en una semana cargada de revelaciones judiciales.

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“Acá parece que los únicos que evadimos somos Manuel y yo”: el contratista de Adorni quiso apagar fuego con nafta

★ El empresario de la construcción Matías Tabar volvió a ocupar el centro de la escena judicial y mediática este jueves al brindar declaraciones ante Radio Rivadavia donde, mientras intentaba minimizar su rol en el presunto esquema de evasión que rodea al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, terminó por confirmar los elementos centrales que sostienen la investigación: pagos íntegramente en efectivo, ausencia de facturas y una obra de refacciones millonaria que el funcionario no puede justificar con sus ingresos declarados.

«Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo«, lanzó Tabar en el inicio de la entrevista, en un intento de contextualizar la práctica dentro de lo que describió como una normalidad sectorial. «Hay muchas cosas de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura«, añadió, antes de adentrarse en una defensa de la informalidad estructural del rubro.

La «normalidad» de la evasión como argumento de defensa

La estrategia discursiva de Tabar resulta, cuanto menos, llamativa: ante la evidencia de haber recibido y abonado en efectivo sumas millonarias sin respaldo documental, el contratista apeló a un argumento de equivalencia sectorial. Según sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia, «ninguna persona» en Argentina que esté construyendo una casa puede solventar la obra «si tiene que declarar todo«.

«Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco te dé«, explicó. Y añadió que Adorni no le propuso trabajar en negro ni le exigió facturas, aunque reconoció que los pagos siempre fueron en efectivo. También aclaró que sí existieron facturas durante el proceso de obra y que las presentará ante la Justicia.

La aclaración no disipa, sin embargo, el núcleo del problema judicial: la causa que tramita ante el juzgado federal del juez Ariel Lijo, con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, investiga si los fondos utilizados por Adorni en las refacciones tienen origen lícito y si fueron debidamente declarados. Que Tabar haya facturado «algo» no equivale a que el funcionario pueda justificar el origen del efectivo que entregó.

Un patrimonio de más de 840.000 dólares bajo la lupa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni se construyó sobre la base de un patrimonio que, según la investigación judicial, supera los 840.000 dólares y que el funcionario no logra justificar con sus ingresos declarados. El eje del expediente arrancó con la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio de Caballito, escriturado por 230.000 dólares, donde Adorni declaró haber aportado apenas 30.000 dólares iniciales, dejando el saldo como deuda con las vendedoras, dos jubiladas identificadas como Claudia Sbabo y Alicia Viegas. El vínculo adquirió otra dimensión cuando se comprobó que los hijos de ambas mujeres, Leandro Miano y Pablo Feijoo, son socios en una desarrolladora inmobiliaria, y que Feijoo reconoció ante la Justicia un pago adicional de 65.000 dólares «de palabra», fuera de escritura.

A eso se sumaron los 14 millones de pesos que el propio Tabar reveló haber cobrado por la renovación del mobiliario de ese departamento.

Pero el capítulo más costoso de la investigación es el que tiene como escenario el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Allí, según declaró Tabar ante la Justicia, las refacciones ascendieron a 245.000 dólares, abonados íntegramente en efectivo y sin factura, e incluyeron una pileta con cascada en el jardín, un quincho de alta gama con una parrilla valuada en 15.000 dólares, y trabajos de revestimiento, cocina y baños de lujo con jacuzzi.

Sin alternativa, pero con afecto

Con la causa ya encuadrada, Tabar admitió en la entrevista radial que sabía «a lo que se exponía» al presentarse a declarar ante la Justicia. «Tampoco me quedaba mucha alternativa», señaló. Pese a ello, no ocultó el vínculo personal con el funcionario investigado: «Lo adoro. A él, a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar, y entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar. Es una persona con la cual conviví casi un año y medio». Y cerró con una frase que resume el clima que rodea a toda la investigación: «Es una cagada tener que transitar todo esto«.

La trama se amplía: hermano imputado, abogado compartido con $LIBRA y avión presidencial

La semana resultó especialmente activa en el expediente Adorni. El hermano del jefe de Gabinete fue imputado por presunto «enriquecimiento ilícito y lavado de dinero» en una causa iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien también solicitó la detención del propio Adorni por presunto entorpecimiento de la Justicia, alegando que el funcionario intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones.

Se conoció además que el abogado defensor de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito, Matías Ledesma, también representa a la familia de Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino, quien habría recibido fondos vinculados a la causa $LIBRA. La superposición de representaciones legales en causas conexas amplía el mapa de relaciones que la Justicia mantiene bajo la lupa.

La investigación abarca además el presunto uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York; los posibles vínculos de Angeletti con triangulaciones a través de contratos en YPF y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y los contratos que habría obtenido la productora ImHouse, del periodista Marcelo Grandio, amigo íntimo de Adorni, en la Televisión Pública. El juez Lijo ya ordenó el peritaje de los teléfonos de Grandio y el secuestro de documentación vinculada.

Puntos clave:

  • Tabar admitió pagos en efectivo y sin facturas por obras en el country Indio Cuá de Adorni, valuadas en 245.000 dólares.
  • El contratista reconoció la evasión como práctica «normal» en el sector, pero sostuvo que Adorni no le propuso trabajar en negro.
  • El patrimonio investigado del Jefe de Gabinete supera los 840.000 dólares sin justificación acreditada.
  • El hermano de Adorni fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa conexa.
  • El abogado defensor de Adorni también representa a la familia de un receptor de fondos de la causa $LIBRA.

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