★ La abogada argentina de 29 años permanece con tobillera electrónica en Río de Janeiro, sin acceso a su pasaporte y con pedido de prisión preventiva en su contra por un episodio de racismo que habría ocurrido durante sus vacaciones en enero. La Fundación Apolo, dirigida por el exlegislador Yamil Santoro, presentó un escrito en la Cancillería Argentina para reclamar su liberación y regreso al país.

Agostina Páez fue detenida tras un incidente en un bar del barrio de Ipanema, según confirmó la fundación en su presentación. El episodio se originó, de acuerdo al relato de la defensa, por un desacuerdo en el cobro de una cuenta. Las autoridades brasileñas la acusaron de realizar gestos considerados ofensivos y de injuria racial, cargo que en Brasil puede implicar penas de hasta cinco años de prisión.

El Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó la prisión preventiva de la argentina. En su pedido, la fiscalía consideró que Páez «extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido» y calificó su conducta como «discriminatoria y ofensiva». La justicia brasileña le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico y le retuvo el pasaporte, medidas que le impiden abandonar el país mientras avanza la causa.

En Apolo denuncian «desproporción» y violación de derechos

La Fundación Apolo cuestionó en su escrito la proporcionalidad de las medidas adoptadas contra la abogada, al señalar que no existe condena firme y que las restricciones impuestas violan estándares internacionales de derechos humanos. El documento sostiene que la respuesta del sistema penal brasileño fue adoptada «sin evaluación adecuada de alternativas menos gravosas» y sin considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.

La presentación destacó la existencia de registros fílmicos previos a la reacción de Páez, donde uno de los empleados del establecimiento habría hecho gestos obscenos dirigidos hacia ella y su acompañante. Según la fundación, esa conducta no fue debidamente ponderada por las autoridades brasileñas.

«La abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual», señala el escrito, que advierte que la posterior reacción de Páez habría sido descontextualizada, invirtiendo los roles de víctima a victimaria.

Invocación de tratados internacionales

El reclamo de la fundación menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Ley 20.957 del Servicio Exterior argentino, y subraya que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no supere los criterios de razonabilidad o debido proceso.

Además, el documento citó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas. Estos instrumentos establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.

Críticas al uso «ejemplarizante» del caso

La Fundación Apolo cuestionó el uso del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas con fines de «ejemplaridad». El escrito señala que autoridades locales difundieron imágenes y mensajes en redes sociales oficiales que reforzarían una lógica de estigmatización y «mano dura», incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

La entidad pidió que la Cancillería Argentina ejerza activamente la protección consular y evalúe la posibilidad de un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez al país.

Hasta el momento, la Cancillería argentina no emitió declaraciones públicas sobre el caso ni confirmó acciones concretas en defensa de la ciudadana detenida en Brasil.

Puntos clave:

• Agostina Páez permanece con tobillera electrónica en Río de Janeiro, sin pasaporte y con pedido de prisión preventiva por injuria racial
• La Fundación Apolo presentó un escrito en Cancillería solicitando protección consular y reclamo diplomático ante Brasil
• La defensa sostiene que existen videos que muestran gestos obscenos de un empleado del bar hacia la argentina antes del incidente
• El reclamo invoca tratados internacionales de derechos humanos y protección de mujeres en contextos de vulnerabilidad
• La fiscalía brasileña considera que la conducta de Páez fue «discriminatoria y ofensiva» y solicita su prisión preventiva ★