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Maduro comparece hoy ante juez en NY mientras Argentina también pide su extradición para juzgarlo

El líder venezolano se presentará ante el juez Alvin Hellerstein por cargos de narcotráfico y terrorismo. Querellantes en Comodoro Py solicitan que sea trasladado para responder por supuestos delitos de lesa humanidad.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Nicolás Maduro comparecerá este lunes al mediodía ante el juez federal Alvin Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo, en la primera audiencia tras su captura en Caracas y su traslado a Estados Unidos. Mientras tanto, en Argentina, representantes de víctimas y organizaciones civiles solicitaron al juez federal Sebastián Ramos que active la extradición del líder venezolano para que responda por delitos de lesa humanidad.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán conducidos ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local, según informó Prensa Latina. Ambos permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

El juez Hellerstein: 92 años y un historial de casos sensibles

El juicio se desarrollará bajo la supervisión de Alvin Hellerstein, de 92 años, un magistrado con casi tres décadas de experiencia en procesos de alta sensibilidad política y judicial, según reportaron múltiples medios argentinos y españoles. Hellerstein fue nombrado por el presidente Bill Clinton en 1998 y asumió el estatus de juez sénior en 2011.

El juez ya era un nombre conocido para el chavismo. Hellerstein presidió el proceso judicial contra Hugo «El Pollo» Carvajal, el exjefe de inteligencia militar de Venezuela extraditado a Estados Unidos en 2023, según reportó El Correo Gallego. Carvajal se declaró culpable de cargos de narcotráfico y narcoterrorismo en junio de 2025 y su próxima audiencia para la lectura de la sentencia está prevista para el 23 de febrero de 2026.

El testimonio de Carvajal, exdiputado y antiguo jefe de inteligencia chavista, «jugará un papel importante en el juicio contra Maduro». El exgeneral decidió colaborar con las autoridades estadounidenses, lo que podría resultar decisivo en el proceso contra el líder venezolano.

Los cargos federales

Maduro enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, según reportó Vanguardia.

En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados, según señalaron The New York Times y CBS, citados por Expreso.

Es probable que ambos queden en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial, según anticiparon los mismos medios.

Un precedente judicial histórico

«La asignación de Hellerstein al caso Maduro lo coloca en el centro de uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas», señaló en su perfil del magistrado. «Con el caso contra Maduro y su esposa, el magistrado tiene entre manos una de las causas contra un jefe de Estado más emblemáticas de la historia judicial estadounidense».

La acusación federal sostiene que Maduro lideró «una empresa criminal transnacional durante más de 15 años para inundar los Estados Unidos con cocaína».

El pedido de extradición desde Argentina

Paralelamente, la captura de Maduro activó una ofensiva legal en los tribunales de Comodoro Py. Los representantes de las supuestas víctimas y organizaciones civiles solicitaron formalmente al juez federal Sebastián Ramos que inicie los trámites de extradición para que el líder venezolano sea juzgado en territorio argentino por presuntos delitos de lesa humanidad.

La presentación, liderada por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito (FADD), se apoya en el artículo 118 de la Constitución Nacional, según informó Agencia Noticias Argentinas.

Este principio permite que delitos que afectan a la humanidad en su conjunto puedan ser juzgados en cualquier país, independientemente de dónde se cometieron. Los querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad en Argentina solicitaron el traslado inmediato del imputado para que responda por torturas y desapariciones sistemáticas.

La orden de captura de septiembre de 2024

En septiembre de 2024, la Cámara Federal ya había ordenado la captura internacional de Maduro con fines de extradición, según reportó Infobae. Los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens encomendaron librar órdenes de detención internacional con fines de extradición, medida que, según la querella, debe activarse de inmediato ante la captura del imputado.

El juez Ramos ya había ordenado la captura internacional de Maduro vía Interpol. Desde entonces buscaba indagarlo, junto al resto de los imputados, por las torturas, secuestros, ejecuciones y otros vejámenes cometidos contra el pueblo venezolano, según el mismo medio.

La causa investiga un plan sistemático de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones contra la población civil venezolana. En la causa que lleva adelante el juez Ramos hay pruebas sobre la participación de Maduro en la detención del dirigente opositor Leopoldo López, un caso emblemático, según consignó Infobae.

«Que responda por los graves delitos»

«Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuenta por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano», señalaron los querellantes en el escrito presentado ante la Cancillería, según reprodujeron múltiples medios argentinos.

Para que Maduro llegue a un banquillo argentino, deben cumplirse varios pasos procesales. El juez Ramos debe formalizar el requerimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, el Gobierno argentino deberá negociar con la administración de Donald Trump el orden de prioridad de los procesos judiciales, dado que Estados Unidos tiene la custodia física del detenido, según explicó Diario Crónica.

El objetivo de los denunciantes es evitar que los crímenes de lesa humanidad queden opacados por las causas de narcotráfico, garantizando que el derecho a la verdad de las víctimas venezolanas sea el eje central del proceso judicial, según enfatizó Agencia Noticias Argentinas.

Hellerstein y la Ley de Enemigos Extranjeros

Un dato relevante en la asignación de Hellerstein al caso Maduro es su historial con la administración Trump. El juez declaró en 2025 «inválida e inconstitucional» la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos, según reportó El Correo Gallego.

Hellerstein emitió una medida cautelar contra la Proclama Presidencial 10903, que invocaba esta ley de hace más de dos siglos para detener y deportar migrantes. El magistrado subrayó que ni los ciudadanos ni los extranjeros pueden ser privados de su libertad sin el debido proceso legal garantizado por la Constitución.

Este antecedente marca una relación compleja entre el juez y la actual administración, en un momento donde Trump busca el máximo control sobre Venezuela y sus recursos petroleros.

Casos emblemáticos de Hellerstein

A lo largo de su carrera, el magistrado tuvo un rol central en algunos de los expedientes más sensibles del sistema judicial estadounidense. Entre ellos, el caso relacionado con el abuso de prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, donde ordenó la publicación de videos y fotografías del abuso cometido por soldados estadounidenses tras la invasión de Irak en 2003, según señaló El Correo Gallego.

También administró las causas civiles contra Harvey Weinstein, rechazando inicialmente acuerdos de conciliación por considerarlos insuficientes para las víctimas del movimiento #MeToo, según el mismo medio.

La audiencia de este lunes será clave para definir el futuro inmediato de Maduro y Flores. La fiscalía, encabezada por la fiscal general Pamela Bondi, presentará formalmente los cargos que vinculan a Maduro con el mando de una red global de narcotráfico con nexos terroristas.

Fuentes judiciales del Distrito Sur de Nueva York advierten que este es solo el inicio de un proceso que podría durar meses o incluso años. La fiscalía afirma poseer un «volumen abrumador» de evidencias recolectadas durante una investigación silenciosa de larga data, lo que anticipa una batalla legal extenuante en el corazón de la justicia estadounidense.

Puntos lave:

• Maduro comparecerá este lunes ante el juez Alvin Hellerstein en Manhattan por cargos de narcotráfico y terrorismo

• El juez de 92 años tiene experiencia en casos sensibles y ya presidió el proceso contra Hugo «El Pollo» Carvajal

• Querellantes en Argentina solicitaron al juez Sebastián Ramos activar la extradición de Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad

• La Cámara Federal argentina había ordenado la captura internacional de Maduro en septiembre de 2024

• El objetivo es evitar que los crímenes de lesa humanidad queden opacados por las causas de narcotráfico

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Crisis electoral en Colombia: Petro rechazó el conteo y sembró la duda sobre el triunfo de la ultraderecha

El presidente saliente cuestionó el software de conteo y denunció 800.000 cédulas irregulares; minutos después, el candidato oficialista Iván Cepeda se sumó con señalamientos propios. El escrutinio judicial será el árbitro final antes del balotaje del 21 de junio.

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Petro rechazó el conteo de votos y sembró la duda sobre el triunfo de De la Espriella.

Petro desconoció el conteo de votos que posicionó a De la Espriella y denunció 800.000 cédulas irregulares

★ La primera vuelta presidencial de Colombia terminó con un resultado y con una crisis institucional que lo opaca. El presidente Gustavo Petro desconoció este domingo los resultados del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ubicaron al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella como el candidato más votado, y anunció que solo reconocerá el escrutinio que realicen las comisiones presididas por jueces de la República.

Con prácticamente el total de las mesas escrutadas (apenas 10 pendientes de un total de 122.020), los datos de la Registraduría mostraban a De la Espriella con 10.360.449 votos (43,74%) y al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con 9.687.724 sufragios (40,90%). La candidata conservadora Paloma Valencia llegó tercera con el 6,92% y el centrista Sergio Fajardo cuarto con el 4,26%. Ninguno superó el umbral del 50%, por lo que el balotaje entre De la Espriella y Cepeda quedó confirmado para el 21 de junio.

«Como presidente no acepto los resultados del preconteo»

Apenas conocidos los boletines que establecieron ese ordenamiento, Petro publicó en su cuenta de X un mensaje que sacudió el tablero político. «El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública», escribió el mandatario. Y fue más lejos: «Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado».

Petro aseguró que en este momento coexisten «dos censos»: el oficial y el del software cuestionado, que contendría 800.000 personas adicionales. «Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados. Son existencia de sufragantes», afirmó, para concluir que los únicos resultados que reconocerá como vinculantes serán los que emitan «las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República». Esa declaración, calificada por analistas colombianos y medios locales como «sin precedentes en la historia política reciente del país», no tiene sin embargo validez jurídica: el preconteo es un proceso avalado por la Registraduría y respaldado por cientos de observadores internacionales, y sus datos son preliminares por diseño, dado que el escrutinio oficial corresponde en todos los casos a las comisiones judiciales.

Cepeda se sumó con señalamientos propios

Minutos después del posteo presidencial, el propio candidato oficialista Iván Cepeda se presentó ante sus simpatizantes en el Hotel Tequendama de Bogotá y sumó sus cuestionamientos. «Existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral, de cuántas se trata exactamente, en las cuales se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas», dijo. El senador señaló además un desfase de 885.000 personas o cédulas en el censo electoral que, sostuvo, «queremos que se aclare». En otro momento de su discurso reconoció implícitamente la magnitud del resultado en su contra: «Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia, somos la principal fuerza política», afirmó.

La Registraduría había congelado el código fuente días antes

El cuadro de las denuncias choca con las medidas de transparencia adoptadas por la propia Registraduría en los días previos a los comicios. El registrador nacional Hernán Penagos informó que el 28 y 29 de mayo, dos días antes de la elección, la entidad congeló y dejó bajo custodia el código fuente y los ejecutables de los programas utilizados para el preconteo, el escrutinio, la consolidación de resultados y la digitalización del formulario E-14. El procedimiento se realizó en presencia de representantes de las organizaciones políticas, los entes de control y los observadores internacionales.

Además, la Registraduría implementó un esquema de auditoría abierta que permitió a partidos, misiones electorales y expertos técnicos revisar el software en cada etapa del proceso. En total, 350.000 testigos electorales de distintas campañas y partidos fotografiaron los formularios de cada mesa al cierre de la votación. Las denuncias de Petro sobre modificaciones al algoritmo en la última semana, en ese contexto, no contaban al cierre de esta edición con ninguna prueba documental pública que las respaldara, tal como señaló la agencia colombiana Vanguardia.

Una crisis que llega antes del balotaje

La situación abre un frente de incertidumbre institucional de cara al 21 de junio. El escrutinio oficial, a cargo de las comisiones integradas por jueces de la República, es el proceso que establece los resultados con validez legal plena y el que determinará formalmente qué dos candidatos disputan la presidencia en segunda vuelta. Ese proceso, que se inicia tras el cierre del preconteo, es precisamente el que Petro dijo estar dispuesto a reconocer, lo que en la práctica significa que no impugnó el sistema en su conjunto, sino la validez del conteo preliminar de una firma privada.

La tensión, sin embargo, ya está instalada. La declaración del presidente en ejercicio cuestionando los resultados electorales en tiempo real generó una oleada de repudio político de candidatos y dirigentes de distintos espacios, mientras De la Espriella cerró su discurso ante sus seguidores sin referirse a los dichos de Petro y se proyectó directamente hacia la segunda vuelta. Colombia entra en las próximas tres semanas con una herida abierta sobre la legitimidad del proceso que deberá ser saldada, o profundizada, por el escrutinio judicial.

Puntos clave:

  • Gustavo Petro desconoció el preconteo de la Registraduría y denunció que el software fue modificado en tres ocasiones y contiene 800.000 cédulas que no figuran en el censo oficial.
  • Con casi el 100% de las mesas escrutadas: De la Espriella 43,74% y Cepeda 40,90%; ambos van al balotaje del 21 de junio.
  • Iván Cepeda se sumó a los cuestionamientos y habló de «votaciones atípicas» y un desfase de 885.000 personas en el censo.
  • La Registraduría había congelado el código fuente el 28-29 de mayo con presencia de partidos, entes de control y observadores internacionales.
  • Las afirmaciones de Petro no contaban, al cierre de esta edición, con pruebas documentales públicas que las respaldaran.
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