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Maduro comparece hoy ante juez en NY mientras Argentina también pide su extradición para juzgarlo

El líder venezolano se presentará ante el juez Alvin Hellerstein por cargos de narcotráfico y terrorismo. Querellantes en Comodoro Py solicitan que sea trasladado para responder por supuestos delitos de lesa humanidad.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Nicolás Maduro comparecerá este lunes al mediodía ante el juez federal Alvin Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo, en la primera audiencia tras su captura en Caracas y su traslado a Estados Unidos. Mientras tanto, en Argentina, representantes de víctimas y organizaciones civiles solicitaron al juez federal Sebastián Ramos que active la extradición del líder venezolano para que responda por delitos de lesa humanidad.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán conducidos ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local, según informó Prensa Latina. Ambos permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

El juez Hellerstein: 92 años y un historial de casos sensibles

El juicio se desarrollará bajo la supervisión de Alvin Hellerstein, de 92 años, un magistrado con casi tres décadas de experiencia en procesos de alta sensibilidad política y judicial, según reportaron múltiples medios argentinos y españoles. Hellerstein fue nombrado por el presidente Bill Clinton en 1998 y asumió el estatus de juez sénior en 2011.

El juez ya era un nombre conocido para el chavismo. Hellerstein presidió el proceso judicial contra Hugo «El Pollo» Carvajal, el exjefe de inteligencia militar de Venezuela extraditado a Estados Unidos en 2023, según reportó El Correo Gallego. Carvajal se declaró culpable de cargos de narcotráfico y narcoterrorismo en junio de 2025 y su próxima audiencia para la lectura de la sentencia está prevista para el 23 de febrero de 2026.

El testimonio de Carvajal, exdiputado y antiguo jefe de inteligencia chavista, «jugará un papel importante en el juicio contra Maduro». El exgeneral decidió colaborar con las autoridades estadounidenses, lo que podría resultar decisivo en el proceso contra el líder venezolano.

Los cargos federales

Maduro enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, según reportó Vanguardia.

En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados, según señalaron The New York Times y CBS, citados por Expreso.

Es probable que ambos queden en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial, según anticiparon los mismos medios.

Un precedente judicial histórico

«La asignación de Hellerstein al caso Maduro lo coloca en el centro de uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas», señaló en su perfil del magistrado. «Con el caso contra Maduro y su esposa, el magistrado tiene entre manos una de las causas contra un jefe de Estado más emblemáticas de la historia judicial estadounidense».

La acusación federal sostiene que Maduro lideró «una empresa criminal transnacional durante más de 15 años para inundar los Estados Unidos con cocaína».

El pedido de extradición desde Argentina

Paralelamente, la captura de Maduro activó una ofensiva legal en los tribunales de Comodoro Py. Los representantes de las supuestas víctimas y organizaciones civiles solicitaron formalmente al juez federal Sebastián Ramos que inicie los trámites de extradición para que el líder venezolano sea juzgado en territorio argentino por presuntos delitos de lesa humanidad.

La presentación, liderada por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito (FADD), se apoya en el artículo 118 de la Constitución Nacional, según informó Agencia Noticias Argentinas.

Este principio permite que delitos que afectan a la humanidad en su conjunto puedan ser juzgados en cualquier país, independientemente de dónde se cometieron. Los querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad en Argentina solicitaron el traslado inmediato del imputado para que responda por torturas y desapariciones sistemáticas.

La orden de captura de septiembre de 2024

En septiembre de 2024, la Cámara Federal ya había ordenado la captura internacional de Maduro con fines de extradición, según reportó Infobae. Los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens encomendaron librar órdenes de detención internacional con fines de extradición, medida que, según la querella, debe activarse de inmediato ante la captura del imputado.

El juez Ramos ya había ordenado la captura internacional de Maduro vía Interpol. Desde entonces buscaba indagarlo, junto al resto de los imputados, por las torturas, secuestros, ejecuciones y otros vejámenes cometidos contra el pueblo venezolano, según el mismo medio.

La causa investiga un plan sistemático de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones contra la población civil venezolana. En la causa que lleva adelante el juez Ramos hay pruebas sobre la participación de Maduro en la detención del dirigente opositor Leopoldo López, un caso emblemático, según consignó Infobae.

«Que responda por los graves delitos»

«Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuenta por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano», señalaron los querellantes en el escrito presentado ante la Cancillería, según reprodujeron múltiples medios argentinos.

Para que Maduro llegue a un banquillo argentino, deben cumplirse varios pasos procesales. El juez Ramos debe formalizar el requerimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, el Gobierno argentino deberá negociar con la administración de Donald Trump el orden de prioridad de los procesos judiciales, dado que Estados Unidos tiene la custodia física del detenido, según explicó Diario Crónica.

El objetivo de los denunciantes es evitar que los crímenes de lesa humanidad queden opacados por las causas de narcotráfico, garantizando que el derecho a la verdad de las víctimas venezolanas sea el eje central del proceso judicial, según enfatizó Agencia Noticias Argentinas.

Hellerstein y la Ley de Enemigos Extranjeros

Un dato relevante en la asignación de Hellerstein al caso Maduro es su historial con la administración Trump. El juez declaró en 2025 «inválida e inconstitucional» la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos, según reportó El Correo Gallego.

Hellerstein emitió una medida cautelar contra la Proclama Presidencial 10903, que invocaba esta ley de hace más de dos siglos para detener y deportar migrantes. El magistrado subrayó que ni los ciudadanos ni los extranjeros pueden ser privados de su libertad sin el debido proceso legal garantizado por la Constitución.

Este antecedente marca una relación compleja entre el juez y la actual administración, en un momento donde Trump busca el máximo control sobre Venezuela y sus recursos petroleros.

Casos emblemáticos de Hellerstein

A lo largo de su carrera, el magistrado tuvo un rol central en algunos de los expedientes más sensibles del sistema judicial estadounidense. Entre ellos, el caso relacionado con el abuso de prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, donde ordenó la publicación de videos y fotografías del abuso cometido por soldados estadounidenses tras la invasión de Irak en 2003, según señaló El Correo Gallego.

También administró las causas civiles contra Harvey Weinstein, rechazando inicialmente acuerdos de conciliación por considerarlos insuficientes para las víctimas del movimiento #MeToo, según el mismo medio.

La audiencia de este lunes será clave para definir el futuro inmediato de Maduro y Flores. La fiscalía, encabezada por la fiscal general Pamela Bondi, presentará formalmente los cargos que vinculan a Maduro con el mando de una red global de narcotráfico con nexos terroristas.

Fuentes judiciales del Distrito Sur de Nueva York advierten que este es solo el inicio de un proceso que podría durar meses o incluso años. La fiscalía afirma poseer un «volumen abrumador» de evidencias recolectadas durante una investigación silenciosa de larga data, lo que anticipa una batalla legal extenuante en el corazón de la justicia estadounidense.

Puntos lave:

• Maduro comparecerá este lunes ante el juez Alvin Hellerstein en Manhattan por cargos de narcotráfico y terrorismo

• El juez de 92 años tiene experiencia en casos sensibles y ya presidió el proceso contra Hugo «El Pollo» Carvajal

• Querellantes en Argentina solicitaron al juez Sebastián Ramos activar la extradición de Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad

• La Cámara Federal argentina había ordenado la captura internacional de Maduro en septiembre de 2024

• El objetivo es evitar que los crímenes de lesa humanidad queden opacados por las causas de narcotráfico

Energía

Sea Lion: Londres autorizó el saqueo del petróleo argentino en Malvinas

Ed Miliband dio el aval final para explotar Sea Lion, con primer petróleo previsto para 2028, y Londres prepara una ley para que Navitas y Rockhopper ignoren las normas argentinas. Ambas están sancionadas en el país y bajo investigación penal.

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El Reino Unido dio el aval final para extraer petróleo de la plataforma continental argentina en las Islas Malvinas. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, firmó el consentimiento al plan de desarrollo del Área Norte del yacimiento Sea Lion, y Londres anunció en paralelo una ley para que las petroleras puedan ignorar la legislación argentina. Según la operadora, el primer petróleo saldría en marzo de 2028.

La confirmación llegó este martes por la propia empresa, la israelí Navitas Petroleum, antes del anuncio formal del Gobierno británico. Era el último aval pendiente: la administración colonial británica en las islas ya había aprobado el plan de desarrollo y producción, vigente desde la decisión final de inversión de diciembre de 2025.

Qué se llevan

Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la Cuenca Malvinas Norte. Según estimaciones citadas por la prensa británica, el yacimiento contiene hasta 1.700 millones de barriles. Navitas opera el proyecto con el 65 por ciento y la británica Rockhopper Exploration, que lo descubrió en 2010, conserva el 35 por ciento.

El plan publicado por Navitas prevé una primera fase con 11 pozos submarinos conectados a un buque de producción y almacenamiento, y una segunda fase con otros 12 pozos unos tres años después del primer petróleo. La empresa calcula más de 30 años de producción, con operaciones desde Londres, Aberdeen y Puerto Argentino. Son recursos de la plataforma continental argentina explotados bajo licencias que la Argentina no otorgó ni reconoce.

Según The Guardian, el proyecto puede triplicar el producto bruto de las islas. La riqueza del subsuelo argentino queda así en manos de una petrolera israelí, una británica y la administración colonial que las habilitó.

Una ley para blindar a las petroleras

El mismo día, el Departamento de Comercio y la Cancillería británica (FCDO) anunciaron medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés), que impide a personas y empresas británicas cumplir con medidas extraterritoriales de otros países. El objetivo declarado es que ninguna compañía vinculada a la actividad en las islas se vea obligada a acatar las normas argentinas. Según el Gobierno británico, la legislación secundaria está en preparación y la meta es que rija antes de fin de año.

El secretario de Comercio, Jonathan Reynolds, dijo (en traducción de este medio): «Estos pasos envían una señal clara de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras la Argentina busca aplicar su legislación interna para obstaculizar intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas». Miliband agregó que «los intentos de la Argentina de intimidar a empresas e individuos que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables».

Londres llama coerción a que la Argentina aplique su ley sobre su propia plataforma continental, en un territorio argentino ocupado cuya disputa de soberanía reconocen las Naciones Unidas.

Las empresas ya están sancionadas en la Argentina

Para el Estado argentino, Navitas y Rockhopper operan de forma ilegal. Según la Cancillería, Rockhopper fue declarada clandestina por la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía e inhabilitada por 20 años para operar en el país por la Resolución 456/2013. Navitas recibió las mismas sanciones por la Resolución 240/2022.

A eso se suma la causa penal que tramita el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Carlos Stornelli. La Justicia pidió al Reino Unido y a Israel los registros de directivos, representantes legales y composición societaria de ambas empresas desde 2012, para identificarlos y citarlos a indagatoria. En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó el 16 de septiembre a las dos compañías abstenerse de iniciar o continuar las obras, a pedido del CECIM La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

Esa causa es la que Londres buscó desactivar por adelantado: según The Guardian, el Reino Unido le pidió a Interpol que considere motivados políticamente eventuales pedidos argentinos de detención. Fuentes de la Cancillería argentina negaron ante La Nación haber presentado alguno.

Soberanía energética en juego

El aval de Miliband llegó horas después de que la Argentina pidiera al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas provisionales para impedir la explotación de Sea Lion y el otorgamiento de nuevos permisos, mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Fue el paso siguiente al ultimátum del 28 de septiembre, que venció el lunes 12 sin respuesta favorable.

La contradicción británica es evidente: como secretario de Energía, Miliband había frenado toda nueva exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte. En el Atlántico Sur, en cambio, firma el desarrollo de un yacimiento de hasta 1.700 millones de barriles.

Defender las Islas Malvinas exige una política de Estado sostenida, no gestos aislados de un gobierno que en otros frentes resigna soberanía económica. Mientras el Tribunal del Mar define si dicta las medidas pedidas, el petróleo argentino del Atlántico Sur ya tiene aval británico y fecha de extracción.

Lo que tenés que saber:

  • Ed Miliband dio el aval final británico al Área Norte de Sea Lion; Navitas prevé el primer petróleo para marzo de 2028.
  • El yacimiento, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, tendría hasta 1.700 millones de barriles: Navitas tiene el 65% y Rockhopper el 35%.
  • Londres prepara medidas bajo la ley de Protección de Intereses Comerciales para que las petroleras no cumplan las normas argentinas.
  • Ambas empresas están sancionadas e inhabilitadas en la Argentina, y Ercolini y Stornelli buscan identificar a sus directivos desde 2012 para indagarlos.
  • La Argentina pidió al Tribunal del Mar medidas provisionales para frenar la explotación.
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