Judiciales ⚖️
Miramar: dictaron prisión preventiva para el policía acusado de matar a Luciano
Maximiliano Abel González se negó a declarar y fue imputado por el delito de «homicidio triplemente agravado por haber sido cometido por miembro de una fuerza de seguridad, mediante el empleo de armas de fuego y con alevosía».
La Justicia de Mar del Plata dictó este martes la prisión preventiva para el policía bonaerense acusado de matar de un disparo en el pecho al adolescente Luciano Olivera, el último 10 de diciembre, en la localidad balnearia de Miramar, informaron fuentes judiciales.
La medida dispuesta esta tarde por el juez Saúl Errandonea, del Juzgado de Garantías 2 marplatense, recayó sobre el efectivo Maximiliano Abel González (25), al que le imputó el delito de «homicidio triplemente agravado por haber sido cometido por miembro de una fuerza de seguridad, mediante el empleo de armas de fuego y con alevosía».
Según las fuentes, el magistrado que interviene durante la feria judicial de enero hizo lugar al requerimiento efectuado el jueves último por la fiscal de la causa, Ana María Caro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Miramar.
A partir del fallo del juez, el imputado González seguirá alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y en función del delito que pesa sobre él podría ser condenado a prisión perpetua en un futuro juicio oral. Al ser notificado de la resolución, Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Luciano, destacó el «trabajo duro y constante» de la fiscal y dijo a Télam que seguirán investigando a «todos y cada uno de los que de un modo u otro fueron partícipes de este asesinato a sangre fría».
«Espero que al final de todo se haga la Justicia que esperamos», señaló Cecilia Aristegui, tía de la víctima, quien adelantó que el próximo 10 de enero realizarán una marcha al cumplirse un mes del crimen. En su pedido, la fiscal Caro había solicitado que el policía permaneciera detenido por la pena en expectativa y por el peligro de entorpecimiento de la investigación que podría existir si el acusado fuera excarcelado.
Caro consideró que «existen indicios de que el imputado en libertad intentaría fugar y de esta forma eludir la acción de la justicia, atento el monto de pena prevista para el delito que se le atribuye, sumado a la circunstancia que resulta ser efectivo policial, pudiendo en libertad contar con recursos para sustraerse a la investigación o entorpecer la misma».
Para la fiscal, está acreditado a través de diversos testimonios y pruebas obtenidas en la investigación que González asesinó de un disparo a Luciano (16), en la madrugada del viernes 10 de diciembre último.
«Personal policial perteneciente al Comando de Patrullas de Miramar se encontraba realizando tareas de prevención de delitos en la vía pública y fue convocado por radio llamada porque habría música alta en el anfiteatro de la plaza céntrica delimitada por calles 21, 24, 23 y 26 de Miramar», relató en su pedido de prisión preventiva.
Caro señaló que un móvil policial comenzó el seguimiento de una moto marca Yamaha YBR 125, conducida por el adolescente, hasta la intersección de avenida 9 entre calles 34 y 32, de Miramar. Allí, «Luciano Olivera se encuentra de frente con otro móvil policial siendo una pick up Toyota Hilux, que se incorporó a la interceptación» de la víctima.
El patrullero frenó «bruscamente sobre la avenida 9 en dirección al mar, al observar al joven en el motovehículo sobre la Avenida 9 en sentido contrario y en dirección hacia Av. 40, descendiendo tres efectivos policiales en el lugar y quedando una cuarta efectivo dentro del móvil, quienes habrían dado la voz de alto».
Según la fiscalía, «el oficial de Policía Maximiliano Abel González, quien había descendido del lado izquierdo trasero del aludido móvil policial, y actuando sobre seguro, con claras intenciones de darle muerte -toda vez que el joven Olivera no poseía elemento alguno que pudiera poner en riesgo inminente la vida del personal policial actuante ni de terceros-, extrajo su arma reglamentaria pistola marca Bersa calibre 9 milímetros -que contaba con 14 municiones-«.
De acuerdo a la instrucción, el acusado efectuó un disparo «en forma sorpresiva contra la humanidad de Luciano Olivera», quien no pudo conocer su «acción intempestiva a los fines de ponerse a resguardo, pues conducía el motovehículo y el mismo se encontraba aún en movimiento a una distancia mayor a un metro, desde donde se encontraba González y los demás efectivos».
«Continuando su derrotero el motovehículo por la inercia en línea recta unos metros más embistiendo al Oficial González, ya sin voluntad por parte del joven Olivera quien había recibido el disparo impactando el mismo en la zona toraco-abdominal, con orificio de entrada y salida, atravesando órganos vitales», añadió la fiscal.
Las pericias determinaron que «el arma posee un funcionamiento normal en todos sus mecanismos, en particular los seguros que presenta», por lo que descartan «la posibilidad de un disparo accidental por parte del imputado González».
Por su parte, este efectivo se negó a declarar las dos veces que fue indagado por la fiscal de la causa. Mientras que en el marco del mismo expediente fueron detenidos la semana pasada los policías Nelson Armando Albornoz, Rocío Mastrángelo y Kevin Guerricagoitia, quienes acompañaban al presunto autor material en el patrullero, y que fueron acusados del delito de «encubrimiento doblemente agravado».
DDHH
La Perla: identificaron a ocho desaparecidos más y ya son 38
Ocho personas desaparecidas por la dictadura recuperaron su nombre. El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, anunció este viernes nuevas identificaciones entre los restos óseos hallados en Loma del Torito, junto al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, en la Guarnición Militar de La Calera.
El anuncio se hizo en una conferencia de prensa en los Tribunales Federales de Córdoba, ante familiares que habían sido notificados en los días previos y organismos de derechos humanos. Con estas ocho identificaciones ya son 38 las personas reconocidas en el sitio, según informó el juzgado.
Cómo se llegó a los nombres
Según la información difundida por el juzgado, las identificaciones surgieron del análisis de los restos óseos que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recupera en el predio desde el 22 de septiembre de 2025, y del cotejo genético con muestras de familiares. En el trabajo colaboraron el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Pascual Delfín Ludueña
Entre los identificados está Pascual Delfín Ludueña. Según la reseña difundida por el juzgado, era delegado sindical en Fiat Concord y socio del club Belgrano, y fue secuestrado la mañana del 24 de marzo de 1976, el día del golpe, en barrio Patricios. Tenía 29 años.
Borrar las pruebas
«En el año 1979, antes de la visita de la CIDH, los militares con palas mecánicas y camiones se llevaron los restos pensando que así tapaban los crímenes. Pero hoy la tecnología de identificación de ADN de pequeños restos óseos ha dado por tierra con esos planes», afirmó Vaca Narvaja.
El dato: lo que el régimen quiso esconder
La remoción de los cuerpos coincidió con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó la Argentina en septiembre de 1979. Su informe, publicado en 1980, documentó miles de denuncias de desapariciones. Más de cuatro décadas después, el ADN de fragmentos óseos que los militares no lograron llevarse permite devolver identidades a las familias.
Las familias con una persona desaparecida entre 1974 y 1983 pueden dejar una muestra de sangre en el EAAF, de forma confidencial y gratuita, para colaborar con nuevas identificaciones.
Lo que tenés que saber:
- El Juzgado Federal N°3 de Córdoba anunció ocho nuevas identificaciones en Loma del Torito, junto a La Perla.
- Ya son 38 las personas identificadas en el sitio.
- Entre ellas está Pascual Delfín Ludueña, delegado de Fiat Concord secuestrado el 24 de marzo de 1976.
- Los restos se recuperan en el predio desde septiembre de 2025.
- El juez Vaca Narvaja recordó que los militares removieron los cuerpos en 1979, antes de la visita de la CIDH.
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