La conformación plena del Consejo de la Magistratura con 20 miembros quedó supeditada a dos pronunciamientos de la Corte Suprema, que debe decidir, por un lado, si acepta un recurso de per saltum presentado por Juntos por el Cambio (JxC) y, por el otro, fijar la fecha de la jura de los dos nuevos representantes parlamentarios en ese cuerpo.

Los senadores nacionales del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni pidieron la urgente intervención de la Corte en su reclamo de integrar el Consejo de la Magistratura, algo que ya fue rechazado el sábado último por el juez federal en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials.

El máximo tribunal del país tiene su acuerdo habitual los martes y no se descarta que en los próximos días fije posiciones sobre ambas cuestiones, aunque no hay plazos establecidos para que dé su respuesta.

El senador macrista Juez solicitó su «efectivo nombramiento» -en detrimento de la designación del oficialista rionegrino Martín Doñate-, al interponer el recurso de per saltum (salto de instancia), una herramienta legal disponible para causas con sentencia en primera instancia.

Juez y Schiavoni habían judicializado las designaciones realizadas por el Senado para el Consejo luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner designara a Doñate y Guillermo Snopek, en representación de la segunda minoría de la Cámara alta a partir de la división del bloque del Frente de Todos (FdT), en Unidad Ciudadana y el Frente Nacional y Popular.

La justicia argentina contempla el uso de per saltum en expedientes de relevancia para que las partes pueden saltear la instancia de apelación inmediatamente superior e ir de manera directa a la Corte Suprema.

La última vez que el alto tribunal habilitó esa herramienta fue en el caso de los jueces trasladados irregularmente por el macrismo (sin acuerdo del Senado) Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes resistieron volver a sus juzgados de origen.

El primer antecedente de per saltum data de 1990, cuando un fallo de primer instancia frenó la privatización de Aerolíneas Argentinas e intervino la Corte antes de que el expediente fuera resuelto por la Cámara de Apelaciones.

Las dos oportunidades siguientes también fueron durante la década del 90: una en el caso de narcotraficantes en la llamada Operación Langostino (1994) y otra cuando avaló la decisión del Gobierno de Carlos Menem de privatizar los aeropuertos a través de decretos de necesidad y urgencia (1997).

En 2012, los senadores del Frente para la Victoria (FpV) buscaron con esa herramienta que la Corte se expidiera en el conflicto por la Ley de Medios, pero el alto tribunal se negó.

También, en el 2013 la Corte aceptó el per saltum del Gobierno de Fernández de Kirchner, a partir de fallos adversos de la jueza María Servini, quien había declarado inconstitucional la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. En ese momento, sin embargo, el máximo tribunal se pronunció en contra de la propuesta del oficialismo.

Ya desde el mes pasado, el Consejo de la Magistratura funciona con 18 miembros, luego de tomarle juramento a las nuevas consejeras María Isabel de la Torre; María Fernanda Vázquez; Agustina Díaz Cordero y Carina Tolosa. Pero todavía resta completarse 2 plazas para llegar al número de 20 integrantes, dispuesto por la Corte cuando reactivó la vigencia de una ley derogada en 1997.

Para que el funcionamiento del Consejo sea pleno deben jurar todavía los dos representantes del Legislativo: la diputada Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) y el senador por Río Negro Doñate (Unidad Ciudadana, interbloque Frente de Todos), cuyas designaciones fueron recurridas.

Si bien fuentes del máximo tribunal explicaron que la judicialización no impide la jura, sí complica los trámites formales para la asunción de los consejeros.

La disputa por los espacios en el Consejo de la Magistratura se originó cuando venció el plazo fijado por la Corte para que el Congreso sancionara una nueva ley constitutiva del órgano que elige y remueve jueces.

Una puja similar ocurrió años atrás y quedó clausurada en el 2017 cuando el juez contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico avaló la designación del diputado macrista Pablo Tonelli, elegido luego de que Juntos por el Cambio impuso mayoría con la sumatoria de todos sus bloques, en lo que constituyó la interpretación de entonces de la normativa.

En aquel momento hubo varios planteos judiciales por la asunción de Tonelli, pero el juez Lavié Pico rechazó los amparos y argumentó: «Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido -con carácter de principio general– que las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder no admiten revisión judicial, doctrina que resulta, en principio, aplicable al caso».

Mientras, continúa en Diputados el debate de una propuesta para reformar el Consejo de la Magistratura que ya cuenta con media sanción del Senado y que impulsa una composición de 17 miembros, sin el presidente de la Corte, y con una representación dividida en cuatro grandes zonas del país.

El problema de esa reforma del Consejo es que la alianza JxC ya anunció que se opondrá y que si, como resultado de la negociación política se llega a sancionar, también será judicializada.