Géneros 🟣
Es con nosotras: Se duplicó la presencia de mujeres en cargos jerárquicos del Gobierno
Avances del Ejecutivo en la articulación de políticas públicas para combatir la desigualdad de género.
Según un informe de Jefatura de Gabinete, en julio de 2020 el 37% de los puestos más altos de la Administración Pública Nacional están ocupados por mujeres, mientras que al finalizar la gestión anterior, sólo representaban un 19%
A partir de un informe promovido por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y realizado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de dicha cartera, se relevó que el 37% de los puestos más altos de la estructura organizativa del total de los cargos jerárquicos, están ocupados por mujeres, mientras que el Gobierno anterior terminó su gestión con el 19% de mujeres en estos altos mandos, que incluyen ministerios, secretarías y subsecretarias.

A partir del armado de un frente político amplio donde confluyen distintos sectores de la sociedad argentina y de un gabinete que incluye a históricas militantes feministas, y tras una escucha atenta de las propuestas y demandas sociales, el Gobierno Nacional dio cuenta de su posicionamiento respecto a las problemáticas de género en distintos aspectos y escalas de la escena pública, en defensa de los derechos de las mujeres.
Encabezada por Elizabeth Gómez Alcorta, la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuenta actualmente con el mayor cupo femenino, ocupando la totalidad de los cargos jerárquicos con mujeres, incluyendo a una mujer trans, la primera en ocupar un alto cargo en la Administración Pública Nacional; seguida por la del ministerio de Seguridad, con el 58%, y luego se destacan los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Educación; tres carteras que alcanzan una representación paritaria exacta del 50%.
Una deuda con la igualdad
Desde la época en la que en plena campaña electoral transitaban los distintos caminos de la Argentina, Alberto Fernández dejó en claro que entre sus temas prioritarios estaba el de dar respuestas a las necesidades de una sociedad que reclamaba la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades, demanda que se tradujo en gran parte en las acciones que las agrupaciones y colectivos feministas fueron planteando tanto en espacios académicos como en las calles del país.

Al asumir como presidente de la Nación el 10 de diciembre pasado, Fernández ratificaba que sus palabras no eran frases hechas para ganar la simpatía de una parte del electorado, sino que se traducían en proyectos e iniciativas en la materia, entre otras cosas, con la creación del tan ansiado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el primer ministerio para la mujer en la historia argentina.
También hacía referencia a la mujer en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, donde habló de la construcción de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social, donde incluyó la articulación de las distintas “fuerzas políticas, los sectores productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, a la juventud, al ambientalismo. Vamos a sumar en ello, también al entramado científico-tecnológico y a los sectores académicos”, decía el primer mandatario.
Políticas públicas para transformar la realidad
Desde los inicios de su gestión, el presidente ha tomado la decisión de ahondar en las problemáticas de género a través de políticas públicas dirigidas a brindar asistencia a las víctimas de violencia y a trabajar para generar las condiciones de una sociedad más justa e igualitaria.
Cabe recordar el discurso de apertura del Congreso, el último 1° de marzo, en donde el presidente confirmó su decisión de promover la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la vez que anunció un plan de asistencia para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad que se denomina “Plan de los 1000 días”. Con ambos proyectos, el gobierno busca garantizar la ampliación de derechos además de brindar la protección y apoyo en tres momentos determinantes: el embarazo, el nacimiento y los primeros años de crianza.
Otra de las políticas públicas que signó los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, fue la aplicación de La Ley Micaela, destinada a capacitar en temas de género y de violencia contra las mujeres a todos los trabajadores de los tres poderes estatales. A un mes de comenzar la gestión el gabinete nacional fue el primero en asistir a la jornada de capacitación que se realizó en el Centro Cultural Kirchner.
A su vez, Alberto Fernández presentó hace unas semanas junto a la ministra Gómez Alcorta, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, el cual dispone de un presupuesto de 18 mil millones de pesos, marcando una abultada diferencia con los 750 millones que le destinaba la gestión anterior. El Plan Nacional cuenta con 15 ejes de acción que incluyen la creación de centros territoriales integrales, la modernización de la línea 144, un programa de asistencia económica y acompañamiento a mujeres y personas LGTBI+ en situación de riesgo.
Resultados concretos
Con el decreto 310/2020, lanzado en el marco de la pandemia del Covid-19, el gobierno nacional estableció el ingreso familiar de emergencia (IFE), destinado a garantizar un sustento económico para los sectores más vulnerables de la sociedad.
El desarrollo y alcance inédito de esta política pública -que llegó a casi 9 millones de personas- recuperó una importante dimensión de género, ya que la población de trabajo informal contiene una brecha salarial del 36,8%. Según detalló un informe realizado por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, el 55.7% de quienes recibieron el IFE son mujeres y el 61.5% tienen entre 18 a 34 años.

Esta medida contribuye a cerrar brechas de ingresos entre varones y mujeres por diversos motivos. Por un lado, porque su distribución es progresiva en términos de género, y además, porque dentro de su población objetivo, se encuentran las trabajadoras de casas particulares, lo que constituye un potencial reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (más de 270.000 empleadas de casas particulares fueron beneficiadas).
Una política pública que también tiene fuerte impacto en la brecha de género es la AUH, la cual es recibida por 4.282.302 de niños, niñas y adolescentes donde el 94,7% de las titulares son mujeres (madres, tutoras o encargadas). Para destacar su importancia, la AUH contó con dos refuerzos -en diciembre de 2019 y marzo 2020 por 2 mil y 3 mil pesos respectivamente-, a la vez que se le sumó la tarjeta Alimentar con montos de entre 4 mil a 6 mil pesos.
El futuro
También se tomó la decisión de postergar las deudas que habían contraído casi el 80% de las titulares de la AUH con ANSES, lo que contribuye y permite aliviar la situación de muchas mujeres del país.
El presupuesto 2021 tendrá como uno de los grandes ejes la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas que lleve adelante el gobierno el próximo año.
Esto puede verse reflejado en el plan de AySA, el cual estipula que la mitad de las personas contratadas para las obras proyectadas, deben ser mujeres mujeres. También ocurre con el programa El Barrio Cuida al Barrio y Potenciar Trabajo, que incluyen remuneraciones de trabajadoras de cuidado, y el Plan de Obras Públicas que plantea la construcción de centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Uno de los objetivos centrales de este gobierno es visibilizar aquellos trabajos que realizan las mujeres y que no están registrados en las estadísticas públicas, como un vehículo y un eje de gestión que siempre garantice la igualdad de género y promueva una sociedad de mayores derechos.
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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