El Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el decreto 486/2025, que habilita a las organizaciones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos a administrar sus bienes y libros contables sin obligación de constituirse como asociaciones civiles o fundaciones. La normativa invita a las provincias a adoptar la medida en sus jurisdicciones, aunque genera interrogantes sobre los controles antilavado en un sector que ya registra antecedentes judiciales.

Según explicó la Secretaría de Culto y Civilización, a cargo de Nahuel Sotelo, el objetivo es facilitar la acreditación de personería jurídica a las entidades de culto ya reconocidas oficialmente. «La medida apunta a que, por primera vez, las comunidades puedan rubricar sus libros contables y actuar con plena transparencia sin dejar de ser lo que son: iglesias, comunidades de fe, espacios espirituales», precisaron en el comunicado oficial.

Acceso directo a servicios bancarios y fiscales

La principal innovación del decreto radica en permitir que las organizaciones religiosas accedan a servicios básicos del sistema financiero y tributario sin modificar su naturaleza jurídica. «Facilita a que las iglesias reconocidas en el Registro Nacional de Culto puedan acreditar su personería jurídica y acceder a cosas simples y cotidianas, como un cuit o una cuenta bancaria», detalló la Secretaría.

Hasta ahora, estas entidades debían inscribirse como asociaciones civiles o fundaciones para realizar operaciones bancarias, tener bienes a nombre de la institución o cumplir con obligaciones contables. Con la nueva normativa, podrán mantener su identidad religiosa específica mientras acceden a estos instrumentos, aunque la simplificación de controles genera alertas entre especialistas en prevención de lavado de dinero.

Antecedentes judiciales en el sector religioso

Argentina registra casos concretos de investigaciones por presunto lavado de dinero en organizaciones religiosas. La Iglesia Universal del Reino de Dios está bajo investigación judicial por «cuantiosos incrementos de depósitos de dinero en efectivo» registrados en sus cuentas entre 2010 y 2014, alegando que provienen del diezmo de fieles.

En 2016, la justicia investigó si el capo de la organización criminal conocida como «1-11-14» utilizaba iglesias para lavar dinero, con cinco templos allanados que podían recibir donaciones de hasta 500 mil pesos mensuales. Estos antecedentes evidencian la vulnerabilidad del sector religioso a operaciones de blanqueo de capitales.

Advertencias de especialistas sobre riesgos

Emilio Guerberoff, fiscal del Fuero Penal Económico Federal, explicó que «puede haber un choque de intereses entre la libertad de culto religioso y la prevención del lavado de dinero, puesto que, al recibir donaciones anónimas a través de los diezmos, cuyo origen puede no estar justificado, las iglesias pueden convertirse en una perfecta máquina de lavado».

El fiscal señala que el dinero ilícito puede parecer legítimo al supuestamente provenir de seguidores, lo que dificulta su rastreo y control. Esta vulnerabilidad podría amplificarse con la simplificación de trámites que establece el nuevo decreto.

Cambio de postura de la UIF

Históricamente, las entidades religiosas no fueron consideradas un sector de «alto riesgo» en la prevención del blanqueo de dinero por la Unidad de Información Financiera (UIF). Sin embargo, la postura cambió tras los casos investigados.

Fuentes de la UIF declararon que «las iglesias van a estar sujetas a un control proactivo, y entre los nuevos lineamientos de política criminal del organismo, vamos a vigilar de cerca sus movimientos de dinero, ya que algunas congregaciones confesionales han sido utilizadas para lavar activos».

Implementación descentralizada y voluntaria

El decreto establece que las provincias deberán adecuar su normativa local para que la medida tenga efectividad en todo el territorio nacional. La Inspección General de Justicia (IGJ) será el organismo encargado de coordinar la implementación con los organismos provinciales correspondientes.

En caso de que las provincias adhieran, las instituciones de fe podrán diseñar su propia estructura jurídica e inscribirse en un libro específico en cada jurisdicción. Esta descentralización podría generar disparidades en los controles, con jurisdicciones potencialmente más laxas que otras.

La normativa aclara expresamente que la medida no reviste carácter obligatorio. Según el comunicado oficial, persigue «darle más opciones a las iglesias y por eso respeta la voluntad y la elección de cada comunidad». Las organizaciones religiosas podrán optar entre mantener su estructura actual como asociaciones civiles o adoptar el nuevo marco jurídico.

El desafío del equilibrio entre facilidades y controles

La medida se enmarca en la política de simplificación burocrática del gobierno de Milei, pero plantea el desafío de mantener controles efectivos antilavado. El acceso directo a servicios bancarios sin los filtros adicionales que implica la constitución como asociación civil, sumado a la tradicional opacidad de las donaciones religiosas, genera un escenario que requiere supervisión reforzada.

El Registro Nacional de Cultos, dependiente de la Secretaría de Culto y Civilización, es el organismo que reconoce oficialmente a las entidades religiosas no católicas en Argentina. La Iglesia Católica posee un estatus jurídico particular debido al Concordato firmado con el Vaticano.

Puntos clave:

• El decreto 486/2025 permite a organizaciones religiosas administrar bienes sin ser asociaciones civiles
• Argentina tiene antecedentes de investigaciones por lavado de dinero en iglesias, incluida la Universal del Reino de Dios
• Especialistas advierten que la simplificación puede facilitar operaciones de blanqueo de capitales
• La UIF cambió su postura y ahora considera a las iglesias sector de riesgo que requiere control proactivo
• La medida es voluntaria y requiere adhesión provincial, lo que puede generar disparidades en controles