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Familia Grillo se presenta como querellante y solicita medidas de prueba sobre el ataque

La familia de Pablo Grillo presentó una querella en la causa judicial por su agresión durante la marcha de los jubilados. Exigen que se investiguen responsabilidades.

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El Argentino Diario-Fabián Grillo-Pablo Grillo.

Lo que tenés que saber:

  • La familia Grillo se presentó como querellante en la investigación judicial por el ataque a Pablo Grillo.
  • Solicitan medidas de prueba para identificar responsabilidades de los funcionarios.
  • Se acusa al cabo primero Guerrero de tentativa de homicidio agravado.
  • La causa apunta a autoridades políticas y de la Gendarmería por el uso excesivo de la fuerza.
  • La familia exige la indagatoria de Guerrero y otras pruebas para esclarecer los hechos.

Querella de la familia Grillo por el ataque en la marcha de los jubilados

El 21 de marzo de 2025, la familia de Pablo Grillo, el fotoreportero herido durante la represión en la marcha de los jubilados, se presentó como querellante en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1. Representados por las abogadas Paula Litvachky y Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, solicitaron medidas de prueba para determinar las responsabilidades penales en el caso de la represión policial del 12 de marzo.

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Medidas de prueba y responsabilidades a investigar

El escrito presentado por la familia Grillo incluye la solicitud de varias medidas de prueba para esclarecer los hechos ocurridos en la protesta. Entre las principales solicitudes, se encuentra la investigación de la responsabilidad del cabo primero Guerrero, a quien se señala como el autor del disparo que hirió gravemente a Grillo. Según las abogadas, el accionar de Guerrero constituye una tentativa de homicidio agravado, y piden que sea citado a indagatoria.

El escrito también solicita que se investigue a las autoridades políticas responsables de garantizar una manifestación pacífica. Se hace hincapié en la importancia de analizar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de medidas para proteger a los manifestantes, incluyendo a los trabajadores de prensa como Grillo.

Pablo Grillo: víctima de represión durante la protesta

El 12 de marzo de 2025, Pablo Grillo, fotógrafo de Lanús, se encontraba cubriendo la marcha en defensa de los jubilados cuando fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. El impacto en su cabeza lo dejó inconsciente y fue auxiliado por militantes hasta la llegada de la ambulancia, que lo trasladó al Hospital Ramos Mejía, donde sigue en tratamiento.

El ataque ocurrió en un contexto de represión generalizada, con la policía y gendarmería utilizando tácticas agresivas para dispersar la manifestación. Grillo, como periodista, realizaba su labor en medio de la protesta, lo que lo convierte en una víctima del accionar represivo del gobierno.

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Investigación de la Gendarmería y medidas solicitadas

La querella presentada por la familia Grillo incluye una serie de solicitudes para acceder a pruebas clave en la investigación. Entre estas, se incluyen los registros de comunicación de los gendarmes, el listado completo del personal desplegado en el operativo, y los protocolos de actuación establecidos para esa jornada.

Además, las abogadas Litvachky y Cesaroni destacaron que, según una investigación independiente realizada por Mapa de la Policía, se identificó al cabo primero Guerrero como el responsable de disparar el proyectil. Por ello, exigen que Guerrero sea citado a indagatoria por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Estado de la causa judicial y la falta de avances

La causa judicial por el ataque a Pablo Grillo aún no ha tenido avances sustantivos. A pesar de que ya ha pasado más de una semana desde los hechos, los jueces federales aún no han tomado medidas de prueba importantes. Según las abogadas, el proceso está atrapado en un «limbo judicial», ya que no se ha designado un juez para hacerse cargo de la investigación.

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La causa fue asignada inicialmente al Juzgado Federal Nº 12, que actualmente está vacante. Por esta razón, el caso se encuentra subrogado por el juez Ariel Lijo, quien fue elegido por el Ejecutivo nacional para integrar la Corte Suprema. La familia Grillo espera que el sorteo judicial que se realice pronto permita que el proceso avance.

Investigación interna en la Gendarmería

A pesar de las defensas públicas de la ministra Patricia Bullrich y otras autoridades del Gobierno en favor del accionar de la Gendarmería, la fuerza inició una investigación interna para determinar responsabilidades. La ministra Bullrich confirmó la apertura de un expediente para responder a las preguntas formuladas por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

Este proceso interno busca aclarar las circunstancias en las que Guerrero disparó la granada de gas lacrimógeno que hirió a Grillo, y determinar si hubo violaciones a las normas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales.

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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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