Lo que tenés que saber

• Casanello dispuso indagatoria para Diego Spagnuolo y otras 14 personas.
• El fallo menciona “graves hechos de corrupción” en compras de medicamentos.
• Atchabahian quedó detenido tras permanecer días sin ser ubicado por la Justicia.
• La fiscalía describió un “esquema estructurado” con sobreprecios y dádivas.
• Se detectaron flujos hacia firmas aeronáuticas vinculados a presunta maniobra de lavado.

Citaciones y medidas ordenadas por el juez Casanello

En un fallo descripto como explosivo, el juez Sebastián Casanello ordenó la citación a indagatoria del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, junto con otras 14 personas entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios. Sobre todos pesa la acusación de haber incurrido en “graves hechos de corrupción” relacionados con la compra de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

La decisión se tomó luego de tres meses de investigación y del análisis del fiscal Franco Piccardi, que reconstruyó lo que definió como “un esquema estructurado” con el fin de “obtener amplias sumas de dinero de manera indebida”.

La situación de Pablo Atchabahian

Respecto de Pablo Atchabahian, señalado por su vínculo con la operatoria, el juez dispuso su detención debido a que estuvo 15 días sin presentarse ante la Justicia. En paralelo, el fiscal detectó que integraba un grupo de Whatsapp en el que, desde inicios de 2024, se proyectaba el control de la ANDIS. En esos mensajes se mencionaba a Karina Milei como la persona a la que “debían llegar” porque “es la que define todo”.

El fiscal también incorporó indicios sobre una posible maniobra de “lavado” mediante las firmas Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A., vinculadas a Sergio Mastropietro. El dictamen señala operaciones financieras que involucraban fondos provenientes de la agencia.

Cómo funcionaba el esquema según la fiscalía

El documento de la fiscalía detalló que las empresas Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A. fueron beneficiadas a través de la entrega de coimas y contratos direccionados. Con aval de funcionarios como Daniel Garbellini, lograron incrementar los precios de los medicamentos que el Estado adquiría.

La operatoria señalada por Piccardi aparece dividida en dos momentos:

Primero, se manipuló la compulsa de precios para “restringir artificialmente la competencia”. Según el dictamen, “Profarma S.A. y Génesis S.A. operaron como los principales vehículos de adjudicación de medicamentos, mientras que New Farma S.A., Droguería Floresta S.A. lo fueron en la provisión de implantes auditivos”. Cada grupo actuaba como “oferente de cobertura” para dar “apariencia de competencia”.

Luego, consolidado el control de las licitaciones, las empresas avanzaron con incrementos sostenidos de precios. “De este modo, se distribuían ganancias de manera preacordada; y todos ganaban”, describió el fallo, donde se menciona que las maniobras dependían de “la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.

Sumas involucradas y roles dentro del entramado

Según el análisis fiscal, Génesis S.A. y Profarma S.A. se quedaron con más del 90% de los más de $30 mil millones adjudicados entre julio de 2024 y agosto de 2025. New Farma S.A. y Floresta S.A., por su parte, obtuvieron el 51,67% de los $13 mil millones adjudicados en ese período y el 50,36% de los $5 mil millones destinados a implantes cocleares y audífonos.

Entre los citados figuran Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Diego Orlando Daniel María Garbellini y otros vinculados a la estructura. El fiscal identificó intercambios de mensajes, visitas sospechosas y contactos previos a 2024.

En el caso de Calvete, surgieron comunicaciones con Garbellini desde 2022, además de registros donde se menciona el cobro de 5 millones de pesos. También se observó a Spagnuolo ingresando a su domicilio con un bolso, según el dictamen.

La pista aérea y firmas asociadas

El dictamen de Piccardi indicó que parte del dinero de la operatoria se habría canalizado hacia firmas sin relación con el rubro de medicamentos: “operaciones -remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques- (…) que reflejan diversas transacciones dinerarias que se dan entre droguerías y firmas del sector bajo estudio, hacia Alan Pocoví y Sergio Mastropietro y las firmas vinculadas a este último -Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.-”, con el objetivo de movilizar fondos “tendientes a su blanqueo”.

Se recordó que Baires Fly facilitó el primer viaje al exterior de Javier Milei a Davos en enero de 2024 y que Mastropietro mantiene antecedentes en negocios aeronáuticos.

Detención y situación procesal de Atchabahian

En una resolución paralela, Casanello dispuso la detención de Atchabahian, médico urólogo y exfuncionario de Salud. El imputado no pudo ser ubicado inicialmente y fue encontrado en Mendoza. Allí se negó a declarar y quedó bajo prisión domiciliaria.

En su resolución, el magistrado indicó: «Esta persona conoce de la existencia de este proceso y mantendría contacto con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional. A ello se suma, una amplia disponibilidad de recursos compatible con el rol que habría desplegado en los hechos sometidos a estudio, donde se ubica en o junto al vértice».
Y añadió: «Tales circunstancias, sumado al riesgo derivado de una severa calificación jurídica que lo aleja del supuesto previsto por el artículo 282 del CPPN, justifican la detención para que este imputado reciba la intimación propia de la declaración indagatoria y se someta al proceso».

Listado de personas citadas a indagatoria

Pablo Atchabahian
Miguel Ángel Calvete
Diego Orlando Spagnuolo
Daniel María Garbellini
Eduardo Nelio González
Lorena Di Giorno
Roger Edgar Grant
Luciana Ferrari
Federico Maximiliano Santich
Guadalupe Ariana Muñoz
Patricio Gustavo Rama
Ruth Noemí Lozano
Andrés Horacio Arnaudo
Silvana Vanina Escudero
Alejandro Gastón Fuentes Acosta

El fiscal Piccardi remitió nuevas órdenes y señaló “graves hechos de corrupción” junto con direccionamiento en compras, sobreprecios y pago de sobornos a funcionarios. El expediente refiere perjuicio para la administración pública y para personas con discapacidad que integran el Programa Incluir Salud.