Judiciales ⚖️
Coimas en la ANDIS de Milei: Quién es Pablo Atchabahian
Mencionaba a Karina Milei como la persona a la que “debían llegar” porque “es la que define todo”.
Lo que tenés que saber
- Casanello dispuso indagatoria para Diego Spagnuolo y otras 14 personas.
- El fallo menciona “graves hechos de corrupción” en compras de medicamentos.
- Atchabahian quedó detenido tras permanecer días sin ser ubicado por la Justicia.
- La fiscalía describió un “esquema estructurado” con sobreprecios y dádivas.
- Se detectaron flujos hacia firmas aeronáuticas vinculados a presunta maniobra de lavado.
Citaciones y medidas ordenadas por el juez Casanello
En un fallo descripto como explosivo, el juez Sebastián Casanello ordenó la citación a indagatoria del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, junto con otras 14 personas entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios. Sobre todos pesa la acusación de haber incurrido en “graves hechos de corrupción” relacionados con la compra de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.
La decisión se tomó luego de tres meses de investigación y del análisis del fiscal Franco Piccardi, que reconstruyó lo que definió como “un esquema estructurado” con el fin de “obtener amplias sumas de dinero de manera indebida”.
La situación de Pablo Atchabahian
Respecto de Pablo Atchabahian, señalado por su vínculo con la operatoria, el juez dispuso su detención debido a que estuvo 15 días sin presentarse ante la Justicia. En paralelo, el fiscal detectó que integraba un grupo de Whatsapp en el que, desde inicios de 2024, se proyectaba el control de la ANDIS. En esos mensajes se mencionaba a Karina Milei como la persona a la que “debían llegar” porque “es la que define todo”.
El fiscal también incorporó indicios sobre una posible maniobra de “lavado” mediante las firmas Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A., vinculadas a Sergio Mastropietro. El dictamen señala operaciones financieras que involucraban fondos provenientes de la agencia.
Cómo funcionaba el esquema según la fiscalía
El documento de la fiscalía detalló que las empresas Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A. fueron beneficiadas a través de la entrega de coimas y contratos direccionados. Con aval de funcionarios como Daniel Garbellini, lograron incrementar los precios de los medicamentos que el Estado adquiría.
La operatoria señalada por Piccardi aparece dividida en dos momentos:
Primero, se manipuló la compulsa de precios para “restringir artificialmente la competencia”. Según el dictamen, “Profarma S.A. y Génesis S.A. operaron como los principales vehículos de adjudicación de medicamentos, mientras que New Farma S.A., Droguería Floresta S.A. lo fueron en la provisión de implantes auditivos”. Cada grupo actuaba como “oferente de cobertura” para dar “apariencia de competencia”.
Luego, consolidado el control de las licitaciones, las empresas avanzaron con incrementos sostenidos de precios. “De este modo, se distribuían ganancias de manera preacordada; y todos ganaban”, describió el fallo, donde se menciona que las maniobras dependían de “la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.
Sumas involucradas y roles dentro del entramado
Según el análisis fiscal, Génesis S.A. y Profarma S.A. se quedaron con más del 90% de los más de $30 mil millones adjudicados entre julio de 2024 y agosto de 2025. New Farma S.A. y Floresta S.A., por su parte, obtuvieron el 51,67% de los $13 mil millones adjudicados en ese período y el 50,36% de los $5 mil millones destinados a implantes cocleares y audífonos.
Entre los citados figuran Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Diego Orlando Daniel María Garbellini y otros vinculados a la estructura. El fiscal identificó intercambios de mensajes, visitas sospechosas y contactos previos a 2024.
En el caso de Calvete, surgieron comunicaciones con Garbellini desde 2022, además de registros donde se menciona el cobro de 5 millones de pesos. También se observó a Spagnuolo ingresando a su domicilio con un bolso, según el dictamen.
La pista aérea y firmas asociadas
El dictamen de Piccardi indicó que parte del dinero de la operatoria se habría canalizado hacia firmas sin relación con el rubro de medicamentos: “operaciones -remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques- (…) que reflejan diversas transacciones dinerarias que se dan entre droguerías y firmas del sector bajo estudio, hacia Alan Pocoví y Sergio Mastropietro y las firmas vinculadas a este último -Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.-”, con el objetivo de movilizar fondos “tendientes a su blanqueo”.
Se recordó que Baires Fly facilitó el primer viaje al exterior de Javier Milei a Davos en enero de 2024 y que Mastropietro mantiene antecedentes en negocios aeronáuticos.
Detención y situación procesal de Atchabahian
En una resolución paralela, Casanello dispuso la detención de Atchabahian, médico urólogo y exfuncionario de Salud. El imputado no pudo ser ubicado inicialmente y fue encontrado en Mendoza. Allí se negó a declarar y quedó bajo prisión domiciliaria.
En su resolución, el magistrado indicó: «Esta persona conoce de la existencia de este proceso y mantendría contacto con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional. A ello se suma, una amplia disponibilidad de recursos compatible con el rol que habría desplegado en los hechos sometidos a estudio, donde se ubica en o junto al vértice».
Y añadió: «Tales circunstancias, sumado al riesgo derivado de una severa calificación jurídica que lo aleja del supuesto previsto por el artículo 282 del CPPN, justifican la detención para que este imputado reciba la intimación propia de la declaración indagatoria y se someta al proceso».
Listado de personas citadas a indagatoria
Pablo Atchabahian
Miguel Ángel Calvete
Diego Orlando Spagnuolo
Daniel María Garbellini
Eduardo Nelio González
Lorena Di Giorno
Roger Edgar Grant
Luciana Ferrari
Federico Maximiliano Santich
Guadalupe Ariana Muñoz
Patricio Gustavo Rama
Ruth Noemí Lozano
Andrés Horacio Arnaudo
Silvana Vanina Escudero
Alejandro Gastón Fuentes Acosta
El fiscal Piccardi remitió nuevas órdenes y señaló “graves hechos de corrupción” junto con direccionamiento en compras, sobreprecios y pago de sobornos a funcionarios. El expediente refiere perjuicio para la administración pública y para personas con discapacidad que integran el Programa Incluir Salud.
Investigación 🔎
Tiroteo en San Cristóbal: un chico inimputable y un caso que revela la violencia cuando ya es tarde
Ian Cabrera tenía 13 años y llevaba apenas unos días en el secundario cuando fue asesinado por un compañero que entró al colegio con una escopeta. A casi una semana del hecho, la causa judicial avanza pero el acusado no puede ser juzgado. La nueva ley penal juvenil existe, pero no rige todavía.
★ El lunes 30 de marzo, en el patio de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, un adolescente de 15 años extrajo una escopeta de su mochila durante el acto de izamiento de bandera y abrió fuego contra sus compañeros. Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba primer año desde hacía apenas unos días, murió como consecuencia de los disparos. Otros ocho estudiantes resultaron heridos, uno de ellos trasladado en código rojo a Rafaela con perdigones en cara y cuello. Un asistente escolar logró reducir al agresor y quitarle el arma antes de la llegada de la Policía.
El crimen no tiene precedentes en la historia reciente del sistema educativo argentino. Y sin embargo, llegó acompañado de una constatación que debería incomodar profundamente: las instituciones que debían proteger a Ian fallaron mucho antes de que sonara el primer disparo.
Lo que se sabe de la causa
La investigación está en manos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El fiscal regional Carlos Vottero confirmó que se ordenaron múltiples diligencias: la autopsia del estudiante fallecido, la toma de testimonios de víctimas, compañeros y docentes, y pericias dentro del establecimiento para reconstruir la secuencia del ataque. Los fiscales sostienen que las pruebas indicarían una planificación previa y que el trasfondo del caso «está atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares», según trascendidos de la investigación.
En cuanto al presunto agresor, identificado con las iniciales G.C., permanece alojado en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe, acompañado por su padre. Su madre, Mabel, regresó a San Cristóbal. En un mensaje enviado a la periodista Mariela López Brown, quien cubre el caso en Santa Fe, la mujer rechazó las versiones que circularon: «No tengo nada que decir. Dijeron todo por todos lados y muchas mentiras.» La frase dejó abierta la disputa por el relato en torno a la tragedia, pero no aportó datos que modifiquen el estado de la causa.
Se concretó la audiencia de atribución de cargos en los Tribunales de Santa Fe: allí el adolescente tomó conocimiento formal de la acusación en su contra por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el resultado fue el que la ley vigente obligaba a dar: fue declarado no punible.
La ley nueva que todavía no rige
El Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. La norma fue publicada en el Boletín Oficial a principios de marzo de 2026. Pero su artículo 52 establece que el nuevo régimen «entrará en vigencia a los 180 días» de esa publicación, un plazo que a la fecha del crimen no se había cumplido.
La consecuencia es concreta: bajo el régimen legal vigente al momento del ataque, el adolescente de 15 años no puede ser imputado penalmente. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, lo confirmó en conferencia de prensa el mismo día del hecho: «No es punible por la edad. La nueva norma aún no entró en vigencia.»
Quienes aprovecharon el caso para reclamar más punición adolescente omitieron este detalle central: incluso con la nueva ley aprobada, la tragedia de San Cristóbal no hubiera tenido otro desenlace judicial. La ley que se votó no estaba en vigor y no podía aplicarse retroactivamente. El debate sobre la imputabilidad, legítimo en sus términos, llega de todas formas tarde a explicar lo que pasó en ese patio escolar.
El perfil del agresor y las alarmas que nadie vio
El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el acusado no registraba antecedentes dentro del sistema educativo, pero que atravesaba «una problemática intrafamiliar importante». También indicó que, en principio, el hecho no respondió a un conflicto escolar directo, aunque no descartó que el adolescente pudiera haber sido víctima de situaciones de violencia o bullying.
Según trascendidos del expediente, los fiscales investigan la existencia de un intento de suicidio previo del adolescente y vínculos familiares que habrían incidido en su estado emocional. Estas líneas todavía no fueron confirmadas de manera oficial y forman parte de la investigación en curso.
La pregunta que el sistema educativo y el Estado provincial no pueden eludir es precisa: ¿cómo un chico de 15 años con señales de crisis emocional documentadas pudo ingresar a su escuela con una escopeta sin que nadie lo advirtiera?
El dolor que no se politiza
Ian Cabrera fue velado el martes 31 de marzo en la Asociación Mutual de San Cristóbal. A las 10.30, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal. Desde la tarde del lunes, vecinos se habían acercado espontáneamente a la puerta de la escuela con velas y carteles con pedidos de justicia para el chico que había entrado al secundario hacía apenas unos días.
El Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de clases en el establecimiento y la intervención de equipos territoriales de contención para estudiantes, docentes y familias. Es lo mínimo que corresponde. Lo que corresponde además, y que todavía no tiene respuesta, es dar cuenta de la cadena de omisiones que permitió que una escopeta llegara a ese patio.
La escuela pública no es el problema. Es el lugar donde se hacen visibles los problemas que el Estado no resuelve.
Puntos clave:
- Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado el 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, Santa Fe, durante el acto de izamiento de bandera.
- El acusado, G.C., de 15 años, fue declarado no punible bajo la legislación vigente; la nueva Ley 27.801 que baja la edad de imputabilidad a 14 años no había entrado en vigor al momento del hecho.
- El fiscal regional Carlos Vottero confirmó diligencias en curso: autopsia, testimonios y pericias en el establecimiento.
- El ministerio de Educación reconoció que el acusado atravesaba una «problemática intrafamiliar importante» y no descartó situaciones de bullying.
- Un asistente escolar redujo al agresor y evitó una masacre mayor; el heroísmo individual no reemplaza las políticas de contención que faltaron.
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