El Gobierno nacional tomó la iniciativa de contestar públicamente la denuncia del gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, sobre la operación del buque petrolero VS Promise en el puerto de Ushuaia. Lo hizo a través del vocero presidencial Adrián Ravier, quien en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada rechazó de plano que el episodio represente un riesgo para la soberanía argentina y apuntó directamente contra la gestión provincial.

La jugada del oficialismo fue doble: por un lado, intentó neutralizar técnicamente la acusación de Melella; por el otro, le atribuyó al propio gobierno fueguino la responsabilidad de haber habilitado el ingreso de la embarcación británica, generando así una contradicción que, según la versión oficial, invalidaría toda queja posterior.

La cronología que usó el Gobierno para deslindar responsabilidades

Ravier explicó ante la prensa que el VS Promise, un buque dedicado al transporte de crudo, cargó petróleo en el puerto de Cullen, en la zona norte de Tierra del Fuego, y que desde allí se desplazó hasta Ushuaia únicamente para aprovisionarse antes de continuar su ruta. El punto central de la defensa oficial fue que, al zarpar desde un puerto de la propia provincia, la autorización de ingreso correspondió a las autoridades provinciales y no a la administración federal del Puerto de Ushuaia.

La ironía política fue explícita: el mismo gobernador que denunció la presencia del buque, argumentó el vocero, habilitó su operatoria en aguas fueguinas antes de que la embarcación llegara a la terminal portuaria intervenida. El oficialismo presentó esa secuencia como una contradicción interna del discurso de Melella, quien primero autorizó y luego reclamó.

La Ley Gaucho Rivero y la interpretación que conviene al Gobierno

El núcleo jurídico del enfrentamiento gira alrededor de la Ley Gaucho Rivero, la norma provincial que prohíbe el amarre de buques vinculados al Reino Unido que operen en relación directa con la ocupación de las Islas Malvinas. Para Melella y su gobierno, la presencia del VS Promise en aguas fueguinas choca de frente con ese marco legal y con la posición histórica argentina sobre el Atlántico Sur.

La Nación no lo ve así. Ravier sostuvo que la norma aplica exclusivamente a embarcaciones que realicen actividades de exploración o explotación en la cuenca Malvinas, y que el VS Promise no encuadra en esa definición porque su paso por Ushuaia tuvo un propósito logístico, de aprovisionamiento, sin vinculación directa con operaciones en la zona disputada. Con esa lectura restrictiva, el Gobierno habilitó la escala del buque y, simultáneamente, trasladó al texto de la ley la justificación de su conducta.

La interpretación es, cuanto menos, opinable. La Ley Gaucho Rivero fue sancionada precisamente para evitar que el territorio fueguino funcione como plataforma de operaciones de embarcaciones británicas en el contexto del conflicto de soberanía. Reducir su alcance a los casos de exploración directa deja fuera del radar situaciones como la que el propio gobernador Melella calificó como «inadmisible».

El puerto intervenido como escenario del conflicto

El contexto que rodea esta disputa no es menor. El Puerto de Ushuaia se encuentra bajo intervención federal desde que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) asumió su administración, desplazando a las autoridades provinciales que lo gestionaban históricamente. Esa intervención fue resistida por Melella desde el primer momento, con recursos judiciales y denuncias públicas en las que el gobernador señaló que la medida respondía a intereses estratégicos y económicos ajenos a Tierra del Fuego.

La paradoja que emerge del episodio VS Promise es de una contundencia difícil de ignorar: el Gobierno nacional, que tomó el control del puerto invocando razones de gestión estratégica y soberana, es el mismo que ahora defiende la legalidad de la escala de un buque de bandera británica en esa terminal bajo su propia administración. Melella no tardó en señalar esa contradicción: si la intervención federal se justificó en parte por la incapacidad provincial de gestionar un enclave de tal importancia geopolítica, ¿cómo se explica que la primera controversia relevante bajo la gestión nacional involucre a una embarcación del país que ocupa ilegítimamente las Islas Malvinas?

Soberanía de palabra, pragmatismo de hecho

La gestión de Javier Milei ha sostenido públicamente el reclamo argentino sobre las Malvinas como un principio irrenunciable. Sin embargo, la lectura que hace del caso VS Promise revela una tensión entre el discurso soberanista y las decisiones operativas concretas. Autorizar o convalidar, aunque sea por vía técnica e interpretativa, la escala de un buque británico en el principal puerto de la provincia más austral del país no es un gesto neutral en términos simbólicos ni geopolíticos.

El episodio se suma a una serie de roces entre la Nación y la provincia de Tierra del Fuego que exceden la cuestión portuaria y que configuran un patrón de centralización que contrasta con la retórica descentralizadora del gobierno libertario. Mientras el oficialismo habla de eficiencia y soberanía, la provincia que tiene las Malvinas en su escudo recibe como respuesta que el buque inglés entró porque ella misma lo dejó pasar.

Puntos clave

• El vocero Adrián Ravier negó que el VS Promise represente un riesgo soberano y atribuyó su ingreso a una autorización inicial de la propia provincia de Tierra del Fuego.
• El Gobierno argumentó que la Ley Gaucho Rivero no aplica al caso porque el buque realizó una escala de aprovisionamiento, no actividades de exploración en la cuenca Malvinas.
• El Puerto de Ushuaia se encuentra bajo intervención federal de la ANPyN desde principios de 2026, en disputa abierta con el gobernador Gustavo Melella.
• Melella había calificado públicamente la presencia del buque británico como un acto «inadmisible» que vulnera los reclamos históricos sobre las Malvinas.
• La postura oficial pone en evidencia una tensión entre el discurso soberanista del gobierno de Milei y sus decisiones operativas concretas en el Atlántico Sur.