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Legislativo

Emergencia en Discapacidad: protesta frente al Congreso y tensión en el Senado

Agrupaciones exigen la sanción de una ley ante recortes, despidos y atraso en pagos que afectan a más de medio millón de personas con discapacidad.

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Lo que tenés que saber

  • Organizaciones marcharon al Congreso para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
  • Denuncian vaciamiento de ANDIS, recortes del 19% y más de 300 despidos.
  • La sesión en el Senado contó con quórum opositor pese al rechazo del oficialismo.
  • Las protestas se replican en Santa Fe, Mar del Plata, Bariloche y otras provincias.
  • El Foro Permanente alertó sobre colapso del sistema de atención y 250.000 personas afectadas.

Organizaciones se movilizan por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Este jueves, desde las 11 de la mañana, agrupaciones sociales y referentes del sector de la discapacidad se concentraron frente al Congreso Nacional en reclamo por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La manifestación se replicó en varias provincias del país bajo una consigna común: visibilizar una crisis que afecta derechos adquiridos y pone en riesgo tratamientos y prestaciones esenciales.

La Fundación de Desarrollo Humano Integral, Argentina Humana Inclusiva y el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad participaron de la convocatoria, alertando sobre una situación crítica para más de 500.000 personas.

Denuncian vaciamiento de ANDIS y recortes presupuestarios

Voceros de las organizaciones explicaron que “en la ANDIS hubo 340 despidos y un retroceso al modelo médico, además de un recorte del -19% acumulado del presupuesto desde 2023. Las prestaciones están paralizadas, sin aumentos desde noviembre de 2024 y las obras sociales están desreguladas. Hay más de 500.000 personas afectadas y un millón auditadas sin garantías y sin nuevas pensiones”.

Asimismo, señalaron que se eliminaron asignaciones, se recortaron traslados y se suspendieron tratamientos de salud mental. “La discapacidad no puede ser una variable de ajuste”, remarcaron desde la Fundación de Desarrollo Humano Integral.

Las protestas se extendieron en todo el país

En Santa Fe, la concentración tuvo lugar en la Plaza 25 de Mayo. Instituciones prestadoras señalaron que “no se cubre ni el 50% de los costos”, en lo que describen como un escenario “gravísimo y angustiante”.

En Mar del Plata, prestadores de salud y la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atepcd) se manifestaron frente a la Municipalidad: “El valor que nos pagan por kilómetro está congelado hace siete meses, dos transportistas por mes dejan la actividad porque no rinde”.

Bariloche fue otro de los puntos donde se registraron movilizaciones. Frente al Hospital Zonal, familias y profesionales exhibieron pancartas con reclamos por falta de turnos, pérdida de pensiones y demoras en la entrega de medicamentos.

El Senado debate la ley en medio de fuerte tensión política

La sesión en el Senado reunió a 42 legisladores, superando el quórum requerido para debatir proyectos vinculados a temas sensibles como jubilaciones y fondos provinciales. Dentro del temario se incluyó la Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada por sectores de la oposición con apoyo de radicales, correntinos y bloques provinciales.

Desde el oficialismo, La Libertad Avanza calificó la sesión como “un golpe de Estado” y rechazó su validez. Sin embargo, los debates avanzaron con participación activa de sectores denominados “Juan sin Tierra” que priorizaron proyectos pendientes de Diputados.

Abrazo simbólico al Instituto Roffo por falta de presupuesto

Mientras se realizaban las protestas por discapacidad, personal de salud, docentes, pacientes e investigadores realizaron un abrazo simbólico al Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”. La comunidad universitaria reclamó respuestas ante el congelamiento presupuestario y el deterioro de salarios.

“El Instituto Roffo, como otros hospitales de la UBA, atiende a miles de pacientes cada día, forma a nuestros futuros profesionales y realiza campañas de prevención y control de salud”, declaró el rector Ricardo Gelpi. La directora del centro, Roxana del Águila, agregó: “Esta falta de recursos afecta a más de cien mil pacientes con cáncer que atendemos anualmente”.

Desde la UBA solicitaron la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar atención gratuita y de calidad.

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

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