El fiscal Pollicita frenó la denuncia del Gobierno contra periodistas y pide ver los videos antes de actuar

★ El frente judicial del veto a la prensa impuesto por el gobierno del presidente Javier Milei comenzó a mostrar sus primeras fisuras. El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la denuncia presentada por la Casa Militar contra dos periodistas de Todo Noticias (TN), le solicitó al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas preliminares antes de decidir si impulsa o descarta la acusación. La investigación judicial se encuentra en una fase previa a cualquier definición de fondo.

El fiscal pidió que las autoridades de TN remitan el material crudo de las grabaciones realizadas en el interior de Balcarce 50, así como que la Secretaría de Comunicación y Prensa, a cargo de Javier Lanari, aporte información sobre el régimen de acreditaciones. Con esas diligencias, Pollicita no le dio impulso formal a la denuncia del Gobierno: lo que busca es contar con elementos suficientes para evaluar si corresponde investigar o archivar la presentación.

Lo que dice la Justicia en reserva

La perspectiva que se dibuja en Comodoro Py no es favorable para las pretensiones oficiales. Fuentes judiciales indicaron que a priori la denuncia difícilmente prospere. El razonamiento es directo: salvo que de las grabaciones en crudo surja que el periodista acreditado Ignacio Salerno ingresó a un área vedada o realizó algo expresamente prohibido, no habría sustento para sostener una acusación penal. Las mismas fuentes subrayaron que los profesionales acreditados en la sede del Ejecutivo conocen las reglas de trabajo y que no sería la primera vez que un periodista graba un video en esos pasillos.

En el mismo edificio de Retiro, el asombro por la reacción oficial trascendió en voz baja. Este medio tomó nota de un comentario que circuló entre operadores judiciales: no existen antecedentes históricos de un cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada. Ni siquiera durante la última dictadura militar se tomó esa medida.

Dos denuncias contra el Ejecutivo por el veto a la prensa

Por un carril separado, la decisión del Gobierno de revocar las huellas dactilares de la totalidad de los periodistas acreditados, que abarca a cronistas de casi 50 medios de comunicación, generó dos presentaciones judiciales contra la propia administración libertaria.

La primera lleva la firma de la diputada nacional Marcela Pagano (bloque Coherencia), exaliada del oficialismo, y fue radicada ante la Justicia Federal. En su texto, Pagano apuntó contra el presidente Milei, el jefe de la Casa Militar Sebastián Ibáñez, el secretario de Comunicación Javier Lanari y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y los acusó de posible abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. «Los hechos denunciados no son aislados. Integran un patrón sistemático de hostigamiento institucional contra la prensa independiente», precisó Pagano en su escrito, donde enumeró el cierre de la Agencia Télam, los discursos estigmatizantes del Presidente y la restricción previa a cronistas de medios como Tiempo Argentino, El Destape, La Patriada, A24 y Ámbito Financiero, que sufrieron el veto desde principios de abril.

La causa fue sorteada a la Cámara Federal y quedó en el Juzgado del juez Sebastián Ramos, con el fiscal Ramiro González. Fuentes de Comodoro Py señalaron a este medio que es probable que el expediente sea derivado al Fuero Contencioso Administrativo Federal, por tratarse de una queja contra una decisión gubernamental.

La segunda presentación la realizaron las dos firmas a cargo de la edición de Ámbito Financiero ante ese mismo fuero, con el objetivo de obtener una medida cautelar innovativa de carácter urgente que ordene la restitución del acceso de sus dos periodistas acreditadas a la Sala de Prensa.

Un repudio que cruzó todos los sectores

El veto total, sin precedentes en democracia, concentró un rechazo que desbordó las fronteras del periodismo. El gremio de prensa Sipreba, el foro FOPEA, la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y la CGT emitieron manifestaciones de repudio. La central obrera fue particularmente contundente: en su comunicado, advirtió que el Gobierno «silencia a la prensa en este circo sin pan».

Como informó este medio el 23 de abril, la prohibición general se tomó en lo más alto del poder la noche del miércoles, sin notificar formalmente a los afectados, y se concretó cuando los primeros cronistas intentaron ingresar a sus puestos de trabajo el jueves por la mañana. El Gobierno la justificó como una respuesta a la denuncia de la Casa Militar contra Salerno y la conductora Luciana Geuna, del programa «¿Y mañana qué?», y condicionó la continuidad de los permisos al avance de la causa judicial.

La medida se suma a una escalada sostenida: el 6 de abril, el Ejecutivo ya había revocado las acreditaciones de periodistas de siete medios, amparándose en la supuesta «trama rusa» del grupo «La Compañía». Aquella restricción selectiva se extendió además a la Cámara de Diputados presidida por Martín Menem, mientras que el Senado de la vicepresidenta Victoria Villarruel se negó a replicarla.

Puntos clave

• El fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas preliminares al juez Ariel Lijo antes de decidir si impulsa o archiva la denuncia de la Casa Militar contra periodistas de TN: solicitó el material crudo de las grabaciones y datos sobre acreditaciones.
• Fuentes judiciales advirtieron que, a priori, la denuncia difícilmente prospere sin evidencia de que los periodistas accedieron a zonas vedadas.
• La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Milei, Adorni, Lanari e Ibáñez por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
• Ámbito Financiero pidió una medida cautelar urgente ante el Fuero Contencioso Administrativo para recuperar el acceso de sus cronistas.
• La CGT, Sipreba, FOPEA y la comisión de Libertad de Expresión de Diputados repudiaron el veto, inédito en la historia democrática argentina.