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Gremiales

Milei amenaza con cerrar Aerolíneas Argentinas este viernes

Desde el gobierno exigen que los sindicatos realicen un plan de trabajo. Caso contrario, cerraría la compañía.

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Lo que tenés que saber

  • El presidente Javier Milei exige un plan de trabajo a los sindicatos de Aerolíneas Argentinas y advirtió que si no se presenta, la compañía será cerrada.
  • En el Gobierno consideran que los sindicatos no ofrecerán un plan viable y apuntan al cierre de la empresa, con la venta o transferencia de sus activos.
  • El conflicto con los trabajadores de Intercargo también está sobre la mesa, con la desregulación de su servicio de rampas y la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
  • La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó duras amenazas y aseguró que «Intercargo tiene que dejar de existir».

El ultimátum del Gobierno a Aerolíneas Argentinas

El presidente Javier Milei dio un ultimátum a los sindicatos de Aerolíneas Argentinas, exigiendo la presentación de un plan de trabajo que permita la operación normal de la compañía sin conflictos laborales. Según fuentes cercanas al entorno presidencial, si no hay una propuesta en firme para este viernes, el Gobierno procederá al cierre de la aerolínea. “Si no hacen una propuesta que firme Milei, la cerramos”, declaró un funcionario del Gobierno a El Destape. Además, la Casa Rosada adelantó que, de ejecutarse el cierre, los activos de Aerolíneas serían vendidos o transferidos a provincias o a posibles inversores interesados. Según indicaron fuentes oficiales, “en el corto plazo va a haber actores interesados en venir a cubrir ese espacio vacante”, refiriéndose a posibles compradores.

El conflicto con Intercargo y la desregulación

En paralelo, el Gobierno también apunta a desarticular el poder de presión de los trabajadores de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos. El jueves, el Ejecutivo anunció la desregulación de este servicio, lo que tendría un fuerte impacto sobre los trabajadores en medio de su lucha sindical. La medida busca debilitar el conflicto laboral que se desarrolló en la empresa, marcada por recientes despidos y la parálisis de Aeroparque y Ezeiza, que dejó a miles de pasajeros varados.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, reaccionó ante la parálisis provocada por los trabajadores de Intercargo, desplegando a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para descargar el equipaje y asistir a los pasajeros. Bullrich también amenazó con que “así como liberamos la calle, vamos a liberar los aeropuertos” y reiteró que “Intercargo tiene que dejar de existir”. Esta última declaración refleja la postura del Gobierno ante el conflicto, en el que los trabajadores reclaman la reincorporación de un empleado despedido y una pronta solución a la paritaria salarial.

La respuesta de los trabajadores

Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), sindicato que agrupa a los trabajadores de Intercargo, repudiaron las medidas del Gobierno. Ayer, convocaron a una asamblea en la que denunciaron el despido arbitrario de un trabajador de Aeroparque, exigiendo su reincorporación inmediata. Según los sindicalistas, la paritaria salarial está estancada de forma intencional por la empresa, con el objetivo de perjudicar económicamente a los empleados. Los trabajadores advirtieron que continuarán con las medidas de fuerza hasta obtener respuestas a sus reclamos.

En cuanto a las amenazas del Gobierno sobre posibles compradores para Aerolíneas y otros activos del sector, se mencionaron intereses de compañías árabes que estarían dispuestas a adquirir estas empresas en caso de que se lleve a cabo el cierre.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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