El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció la eliminación de 359 cargos gerenciales, lo que representa más del 20% del total de esa planta jerárquica. La medida se enmarca en un proceso de digitalización y modernización de trámites que, según la administración de Jorge Macri, tornó necesario «rediseñar y actualizar la estructura organizativa del Gobierno porteño», de acuerdo a un informe al que tuvo acceso la Agencia NA.

«Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden«, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Un recorte que se acumula sobre otro recorte

La medida no es aislada. Durante la gestión actual, el Gobierno porteño registró una reducción del 15% de la planta administrativa total, equivalente a 8.954 cargos menos, con lo que la Ciudad alcanzó el mínimo histórico de empleados registrado en 2015. Para llegar a ese número, la administración apeló a una combinación de instrumentos: congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y una nueva evaluación de desempeño.

En términos presupuestarios, el gasto en remuneraciones al personal pasó de representar el 44% del presupuesto total en 2023 al 41% en la actualidad. La reducción porcentual, que en el discurso oficial se presenta como un éxito de gestión, también puede leerse como la consecuencia de una contracción sostenida del empleo público, con las implicancias sociales que eso conlleva en materia de acceso a derechos y calidad del servicio a la ciudadanía.

Digitalización: la coartada tecnológica del ajuste

El Gobierno porteño presenta la reducción de cargos como una consecuencia inevitable de la modernización tecnológica, no como una decisión política de reducir el Estado. La narrativa oficial apunta a la digitalización de trámites como el motor de una transformación que habría vuelto innecesaria parte de la estructura burocrática preexistente. En esa línea, se destacan medidas concretas: la implementación de relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la asistencia docente, el despliegue de un sistema de huella digital en establecimientos administrativos y la puesta en marcha de una hoja de ruta electrónica para trabajadores en la vía pública.

También se incorporó en 2025 un nuevo control de licencias médicas para toda la administración pública porteña. Según cifras oficiales, la cantidad de días solicitados bajo ese régimen disminuyó un 28% respecto al año anterior. La interpretación gubernamental lo presenta como un indicador de transparencia y eficiencia; una lectura crítica puede también ver en esos números el efecto de una presión adicional sobre los trabajadores públicos.

Capacitación y profesionalización: el otro flanco del relato

En paralelo al ajuste de la planta, la Ciudad exhibe inversiones en capacitación. Durante 2025 y lo que va de 2026, se formó a más de 15.000 agentes en calle (policías, agentes de tránsito y de prevención, inspectores) con herramientas para mejorar la atención al vecino. Asimismo, se lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), del que participan actualmente 1.326 empleados, apuntando a jerarquizar al personal profesional dentro del Estado porteño.

El contraste entre la reducción de la planta y la inversión en capacitación refleja un modelo de Estado que el macrismo construye desde hace años: menos trabajadores, pero presentados como más calificados y mejor controlados. La pregunta que el discurso oficial esquiva es si la eficiencia en el gasto se traduce efectivamente en mejores servicios para los vecinos, o si encubre un achicamiento estructural del Estado que, a la larga, se paga con degradación de derechos.

El contexto político del anuncio

El anuncio llega en un momento político sensible. Jorge Macri confirmó su candidatura a la reelección como jefe de Gobierno para 2027 y disputa con La Libertad Avanza el liderazgo del espacio político opositor al peronismo en la Ciudad. En ese escenario, la reducción del Estado porteño no es solo una medida administrativa: es también un mensaje político orientado a posicionarse en el corrimiento conservador que el clima nacional impuso como agenda. El discurso de «orden» y «deber moral» que acompañó el anuncio abreva directamente en el lenguaje que Milei instaló como código hegemónico desde la Casa Rosada.

Lo que el relato oficial omite es el costo humano y social del proceso: los trabajadores desplazados por los planes de retiro voluntario, la presión sobre quienes permanecen en la planta ante una reducción de efectivos, y el interrogante sobre si la digitalización reparte sus beneficios de manera equitativa o si profundiza la brecha entre quienes pueden acceder a trámites en línea y quienes dependen de la atención presencial.

Puntos clave

• El Gobierno de CABA eliminó 359 cargos gerenciales, más del 20% de esa planta, en el marco de la digitalización del Estado.
• Desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, la planta administrativa total se redujo en 8.954 cargos (15%), alcanzando el mínimo histórico de 2015.
• El gasto en remuneraciones al personal bajó del 44% al 41% del presupuesto total de la Ciudad entre 2023 y 2026.
• El control biométrico de asistencia se extendió a más de 1.200 escuelas y a todos los establecimientos administrativos porteños.
• El relato de «eficiencia» encubre un achicamiento del Estado que genera interrogantes sobre la calidad de los servicios y las condiciones laborales del personal afectado.