Legislativo
Emergencia en Discapacidad es ley: freno del Congreso a la autocracia de Milei
Desde 2003 no se revertía un veto presidencial. No existen más instancias legales para frenar la sanción de la norma.
Lo que tenés que saber:
- El Senado rechazó el veto de Milei con 63 votos a favor y 7 en contra.
- No hubo abstenciones en la votación clave.
- La ley de emergencia en discapacidad quedó oficialmente sancionada.
- Esta situación no ocurría desde hace 22 años, en la gestión de Eduardo Duhalde.
- No existen más instancias legales para frenar la sanción de la norma.
Congreso convierte en ley la emergencia en discapacidad tras rechazo histórico al veto de Milei
El Senado de la Nación dio un paso decisivo al rechazar por primera vez un veto presidencial impulsado por Javier Milei. Con 63 votos afirmativos, 0 abstenciones y 7 negativos, la cámara alta dejó firme la ley que declara la emergencia en discapacidad, una normativa clave para avanzar en políticas públicas destinadas a ese sector.
La votación histórica elimina cualquier posibilidad de que el Ejecutivo pueda revertir la sanción de esta ley, consolidando su vigencia plena.
Un precedente inédito en más de dos décadas
Este hecho no se registraba desde hace 22 años, en la administración de Eduardo Duhalde, cuando el Congreso también había impuesto su criterio sobre un veto presidencial. La decisión marca un precedente en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, especialmente en temas sensibles y con impacto social.
Emergencia en discapacidad: qué contempla la nueva ley nacional
La ley de emergencia en materia de discapacidad quedó firme tras su aprobación en el Senado. La norma establece un marco de aplicación a nivel nacional con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y fija nuevas condiciones para el sistema de pensiones no contributivas, prestaciones básicas y obligaciones del Estado con los prestadores.
Aranceles actualizados y cancelación de deudas
Según el texto de la ley, «se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC». Además, se establece una compensación retroactiva para cubrir el desfase entre los valores actuales y la inflación acumulada desde 2023.

El financiamiento saldrá del Tesoro Nacional, que cubrirá la compensación extraordinaria a los prestadores de servicios.
Cambios clave en pensiones no contributivas
Las pensiones no contributivas por discapacidad se ajustan al 70% del haber mínimo jubilatorio. También se permite la posibilidad de mantener el beneficio aún trabajando, siempre que el ingreso no supere el equivalente a dos salarios mínimos.
Auditoría y control de beneficiarios
La Agencia Nacional de Discapacidad iniciará un proceso de auditoría con el fin de realizar una evaluación «justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios». El procedimiento «deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información».
Impacto fiscal y beneficios para empleadores
La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó un impacto fiscal de entre 1,88 billones y 3,62 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevas altas, estimadas entre 493.000 y 946.000 personas.
También se fijan beneficios para empresas: «los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años».
Legislativo
Desregulación a la carta: el oficialismo aprobó la Ley Hojarasca con el voto de sus aliados
La iniciativa del ministerio de Desregulación deroga más de 70 normas consideradas obsoletas. El bloque opositor rechazó el proyecto y advirtió que es una «cortina de humo» para continuar el desmantelamiento del Estado.
Diputados aprobó la Ley Hojarasca con 138 votos a favor
★ La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley Hojarasca, impulsado por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. La iniciativa, que deroga más de 70 normas calificadas por el oficialismo como obsoletas o inútiles, fue girada al Senado donde el Gobierno espera obtener la sanción definitiva.
El argumento oficial: menos regulaciones, más libertad
El diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fue el principal defensor del proyecto en el recinto. En su exposición, contrapuso el espíritu de la ley con lo que definió como la tendencia de «la política tradicional» de acumular regulaciones para «hacerle la vida imposible al ciudadano argentino de bien».
«La regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones», sostuvo Benegas Lynch, quien además cuestionó que se mida «la calidad legislativa por la cantidad legislativa», calificando esa práctica como «francamente patética».
Su compañero de bloque Nicolás Mayoraz precisó los criterios con que se seleccionaron las normas a derogar: leyes superadas por normativas posteriores, disposiciones obsoletas por avance tecnológico, organismos financiados con fondos nacionales sin justificación funcional, y trámites burocráticos «innecesarios». Entre los ejemplos que mencionó figuran la histórica ley de Azotes, la ley de microfilmación y la ley de mochileros.
La oposición: «una cortina de humo»
El rechazo de los bloques opositores fue contundente. El diputado de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, advirtió que «detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado», situando el proyecto en el marco más amplio del achicamiento estatal que caracteriza la gestión libertaria.
La diputada Myriam Bregman, presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, fue más directa en su crítica al proceso legislativo: «Hay que ser muy termo para votar una ley como ésta», cuestionó, y puso en duda que la mayoría de los legisladores que la apoyaron tuvieran conocimiento cabal de su contenido. Bregman también rechazó el argumento oficial de que se trate de una norma «inocua».
El contexto: desregulación como política de Estado
La Ley Hojarasca no es un episodio aislado. Se inscribe en la política sistemática de desregulación y reducción del Estado que el gobierno de Javier Milei lleva adelante desde diciembre de 2023, y que ya acumuló recortes reales significativos en gasto primario, gasto de capital, transferencias a provincias y programas sociales. Desde el inicio de la gestión, el gasto primario total cayó un 31% en términos reales, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026.
La sesión de este miércoles incluyó además la votación del proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por «zona fría», la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.
Puntos clave
- La Ley Hojarasca se aprobó en Diputados con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones.
- Deroga más de 70 normas impulsadas como «obsoletas» por el ministerio de Desregulación de Sturzenegger.
- La oposición la calificó de «cortina de humo» para profundizar el desmantelamiento estatal.
- El proyecto pasa ahora al Senado para su sanción definitiva.
- La iniciativa se enmarca en la política de desregulación sostenida por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023.
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