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Legislativo

Para Barra, el mega DNU de Milei no «saltea al Congreso»

El procurador del Tesoro de la Nación aseguró que el Decreto «es legalmente válido» porque no viola ninguno de los límites establecidos en la Constitución para el Poder Ejecutivo.

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El-Argentino-Rodolfo Barra-Procurador del Tesoro.

El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, explicó este miércoles que la decisión tomada por el presidente Javier Milei de impulsar una serie de reformas económicas y políticas por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) es constitucional y negó que su objetivo haya sido «saltear al Congreso» sino, por el contrario, «provocar su actuación».

«No se puede esperar el tiempo ordinario para la sanción de las leyes. Eso dice la letra expresa de la norma. No es cierto que el DNU saltea al Congreso; al contrario, provoca su actuación», sostuvo Barra en declaraciones realizadas a Radio Con Vos.

El funcionario mencionó que el decreto 70/2023 firmado por Milei el 20 de diciembre pasado y anunciado por medio de una cadena nacional es legalmente válido porque no viola ninguno de los límites establecidos en la Constitución para el Poder Ejecutivo de legislar sobre temas de materia «penal, tributaria, electoral y de partidos políticos».

En ese sentido, indicó que no es necesario que el país atraviese una situación de emergencia para promover un decreto, sino que alcanza con que se considere que la coyuntura merece una rápida reacción.

«Lejos de desplazar al Congreso, lo está provocando para que actúe, para que resuelva. Si hubiese sido un proyecto de ley estaría en algún cajón de la Cámara de Diputados o en el Senado. Ahora el Congreso está obligado a tratarlo porque mientras no lo haga, el DNU está vigente y tiene la fuerza de una ley», afirmó.

Acerca de los más de 360 artículos establecidos en el decreto, Barra expresó que la medida «no tiene una limitación» en cuanto a las medidas que incluya y proponga. «No es un problema cuantitativo. En lo cualitativo, la esencia es la de siempre: lo habilita la Constitución», dijo, y agregó que con el DNU lo que procura el Gobierno es «romper» con una «maraña de normas» que «solo tenían beneficios sectoriales».

«Había dos caminos para hacerlo: paso a paso o todo de golpe y con mucha fuerza. Los que han concebido este DNU entienden que la Argentina está en una situación que no puede esperar», señaló.

Barra, por su parte, dijo que no se detuvo a estudiar el decreto en su totalidad y que su función es «defender solo la validez formal» de la medida.

Además, ante una consulta, dijo desconocer si en la redacción del DNU participaron «estudios privados vinculados a grandes empresas».

«No lo sé. Sé que (el economista Federico) Sturzenegger», presentado como uno de los autores del DNU, «está trabajando hace muchos meses en ese tema y ha hecho un trabajo monumental, en principio por el tamaño y creo que también por la claridad, pero no soy entendido en la materia», aclaró.

En tanto, Barra justificó que en la llamada «ley ómnibus», enviada la semana pasada por el Ejecutivo al Congreso y que incluye más de 600 proyectos, se hubiera incorporado un pedido para obtener «facultades delegadas» por un período de dos años prorrogables por otros tantos.

El procurador recordó que los expresidentes Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde tuvieron ese beneficio cuando estuvieron al frente del gobierno. «Son materias de emergencia o de administración. Hay muchas cuestiones que deberían ser competencia del Ejecutivo y que su delegación, porque lo marca la Constitución, están en la cabeza del Congreso», consideró.

Por otra parte, Barra, que durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se desempeñó como ministro de Justicia, opinó que Milei tiene «cosas» similares al exmandatario riojano, entre ellas «la voluntad de transformar el país, su decisión (para hacerlo) y su capacidad de liderazgo».

«Como Menem, (Milei) está demostrando una extraordinaria capacidad de liderazgo, que es lo que Argentina necesita después de haber pasado cuatro años sin presidente. Argentina necesita un presidente fuerte, enérgico. Los presidentes débiles fracasaron en la historia» del país, opinó Barra.

En ese sentido, expresó su deseo de que Milei «haga algunas de las cosas que hizo Menem y mucho más. Que sus reformas sean tan profundas que un gobierno posterior no las pueda tirar abajo».

«La gran desgracia de la Argentina -afirmó el procurador- es que después de 2002 se tiró todo abajo. Estamos volviendo a como estábamos en 1989, pero mucho peor porque la crisis es mucho peor», aseveró.

Legislativo

Emergencia en discapacidad: Milei impulsa una reforma que recorta derechos y pensiones

Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.

El ajuste libertario: Desregulación y supuesto fin de la emergencia

El proyecto que el gobierno de Milei envió al Congreso encendió las alarmas en el colectivo de personas con discapacidad. Bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, la iniciativa propone cambios de fondo en el sistema de protección vigente y ya generó una convocatoria a movilizarse frente al Ministerio de Salud.

Con Mario Lugones al frente de la cartera, la reforma apunta a modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y redefinir tanto el acceso como el financiamiento de las prestaciones. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.

Empadronamiento obligatorio y amenaza de baja automática

El eje central del proyecto es un reempadronamiento masivo de todas las personas que perciben pensiones por discapacidad. La medida implica:

  • Revalidar condición médica, situación económica y antecedentes laborales.
  • Someter la información a cruces de datos con organismos estatales.
  • Enfrentar suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia.

El punto más cuestionado: si no se cumple con los plazos, la pensión se suspende automáticamente y puede darse de baja sin mayores instancias de revisión.

Pensiones más bajas y sin adicionales

La iniciativa fija el haber en el 70% de la jubilación mínima, pero elimina herramientas de compensación que hoy permiten contemplar situaciones particulares:

  • Se suprimen adicionales por invalidez laboral.
  • Se eliminan plus por zona desfavorable.
  • Se limita la capacidad del Ejecutivo de otorgar aumentos extraordinarios.

Además, la actualización deja de ser mensual por inflación y pasa a un esquema trimestral, lo que implica una pérdida frente a la suba de precios.

Uno de los puntos más regresivos del proyecto es la prohibición absoluta de compatibilizar pensión con empleo formal.

  • Quienes tengan trabajo registrado perderán automáticamente el beneficio.
  • Se eliminan programas de inclusión laboral.
  • Se desincentiva la contratación en empresas.

El mensaje es claro: trabajar implica quedar fuera del sistema de protección.

Desregulación y supuesto fin de la emergencia

El texto también propone derogar artículos clave de la Ley 27.793, lo que en la práctica vacía de contenido la Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada este año y es gobierno libertario insiste es incumplir.

  • Se habilita a Nación, provincias y CABA a negociar fondos sin un esquema unificado.
  • Se desarma el nomenclador nacional de prestaciones.
  • Se abre la puerta a mayor discrecionalidad de obras sociales y prepagas.

La respuesta no tardó en llegar. Referentes del sector, familias y figuras públicas expresaron su repudio. La actriz Lola Berthet fue una de las voces más duras: advirtió que la orientación del proyecto “atenta contra la dignidad y los derechos básicos”.

Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo.

El ajuste de Milei

Más allá de los detalles técnicos, el proyecto marca un giro en la concepción del sistema: de un enfoque de derechos hacia uno de control, ajuste y restricción del acceso.

En ese marco, la discusión en el Congreso no será sólo sobre números, sino sobre el lugar que el Estado decide ocupar frente a uno de los sectores más vulnerados.

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