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El Gobierno establece nuevas reglas en la negociación salarial de estatales

Se establece además que «el resultado» de las negociaciones debe estar «encuadrado en el marco de las previsiones presupuestarias vigentes aprobadas mediante la Ley N° 27.701, y la Decisión Administrativa N° 5 de fecha 11 de enero de 2024».

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El Gobierno nacional estableció hoy «lineamientos» para «optimizar recursos» y «tornar más eficiente el actuar del Estado» en la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional, según se informó el Boletín Oficial.

«Resulta necesario establecer parámetros homogéneos para la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional, que se adecuen a dichos objetivos y garanticen la equidad salarial» dice la Decisión Administrativa 28/2024 que establece «pautas mínimas» y lleva la firma del ministro del Interior, Guillermo Francos; y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El artículo primero sostiene que «hasta el 31 de diciembre de 2024» cuando el personal se encuentre encuadrado en Convenciones Colectivas de Trabajo se «deberán respetar los procedimientos del marco jurídico que en cada caso corresponda y solo podrán modificarse las condiciones de trabajo y/o actualizar las retribuciones de su personal mediante el régimen paritario» para lo cual deberán intervenir «todos los actores que correspondan, incluyendo la previa intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público».

Se establece además que «el resultado» de las negociaciones debe estar «encuadrado en el marco de las previsiones presupuestarias vigentes aprobadas mediante la Ley N° 27.701, y la Decisión Administrativa N° 5 de fecha 11 de enero de 2024».

En tanto, las jurisdicciones, entidades y organismos del PEN, ante la necesidad de actualizar las retribuciones de su personal deberán observar «los criterios que resulten de las negociaciones colectivas que responden a la paritaria general encuadrada en la Ley N° 24.185».

Asimismo, los representantes del Estado que integran órganos de decisión de las empresas, sociedades y organizaciones empresariales donde el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos «deberán observar los criterios que resulten de las negociaciones colectivas que responden a la paritaria general» para las» actualizaciones de las retribuciones de su personal», sostiene el texto.

Además, «se deberá negociar los convenios colectivos de trabajo de su personal dentro de su presupuesto disponible, en el marco de la Ley N° 27.701», y «tendiendo a la racionalización de los recursos», publica la decisión administrativa.

También destaca que «con la finalidad de contribuir a una ordenada, eficiente y equitativa relación salarial entre los escalafones en vigor y las respectivas condiciones de trabajo de las diversas actividades del Sector Público Nacional la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público definirá la agenda tendiente a la instrumentación de medidas que permita dar inicio a nuevas gestiones de análisis y evaluación de modificaciones convencionales y/o salariales, ya sean sectoriales o generales, como así también la eventual apertura de nuevos Convenios Colectivos de Trabajo» y podrá dictar las normas complementarias.

Trabajo

Cabot cierra su planta en Campana y deja a 150 familias a la deriva

**El ajuste económico suma otra víctima: la multinacional química anunció el cierre definitivo de su planta bonaerense, donde producía negro de humo para la industria del neumático. Los trabajadores marcharon este lunes para exigir garantías sobre sus indemnizaciones.**

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150 trabajadores sin empleo: Cabot cierra y el modelo Milei destruye otro eslabón industrial

La empresa multinacional Cabot Corporation resolvió el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Campana, dejando sin trabajo a 150 personas entre empleados directos y tercerizados. La firma, especializada en la producción de negro de humo y materiales químicos de alto rendimiento, comunicó la decisión el martes pasado a través de directivos llegados desde Brasil, quienes reunieron al personal en el comedor de la planta para anunciar el cese total de las operaciones en Argentina.

La noticia que nadie esperaba

La modalidad del anuncio encendió las alarmas entre los trabajadores: sin previo aviso colectivo, sin instancias de negociación previas y con la sola mención de que «un estudio jurídico se encargaría del tema». La incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones se instaló de inmediato. Agustín, operario de la planta y padre de dos hijos, describió la situación con crudeza en declaraciones televisivas : «Vino uno de los gerentes de Brasil, juntó a todos los trabajadores en el comedor y anunció que la firma iba a cerrar su operación en Argentina y que un estudio jurídico se iba a encargar del tema. No sabemos si nos van a pagar o no. Están queriendo meter el preventivo de crisis para pagarnos un 50% menos. A nosotros no nos han pagado, no nos han echado, estamos a la deriva.»

El recurso del preventivo de crisis, un mecanismo legal que habilita a las empresas a reducir las indemnizaciones a la mitad, fue señalado por los propios trabajadores como la estrategia que la compañía planea utilizar para minimizar sus obligaciones laborales. Si se aplica, implicaría una pérdida económica directa y significativa para cada uno de los afectados.

Una lucha con décadas de historia en juego

Este lunes, los trabajadores de Cabot se movilizaron desde la planta hasta la plaza principal de Campana para presentar un petitorio ante el municipio y exigir garantías concretas. La imagen de obreros con años y décadas de trabajo al hombro reclamando en la calle resume, en términos humanos, lo que los índices macroeconómicos no siempre logran mostrar.

Mario Di Paolo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Negro de Humo, ratificó los hechos y marcó la dimensión del golpe: «El martes vinieron dos directivos de Brasil, juntaron a toda la gente en el comedor y notificaron el cese total de las tareas y el cierre definitivo de Cabot Argentina. Yo hace 15 años que estoy en Cabot y estamos con la lucha con los compañeros.» Di Paolo advirtió además sobre la situación concreta que enfrentan los operarios en el mercado laboral actual: «Con este modelo económico está muy difícil conseguir trabajo. Los compañeros son todos mayores de 40 años, se les va a complicar mucho empezar a trabajar de vuelta.»

El drama individual de cada trabajador ilumina la magnitud del daño. Gustavo, de 52 años y con 16 años de antigüedad en la planta, expresó: «Es una sorpresa grande para todos. Ya no voy a conseguir laburo en ningún lado. Hay que remarla. Sin trabajo no hay dignidad y no hay nada. Es una vergüenza lo que hicieron.» Agustín, por su parte, señaló el impacto sobre sus compañeros de mayor trayectoria: «Tenemos compañeros con más de 30 años en la fábrica que saben que no consiguen más trabajo, porque uno con esa edad para el sistema ya queda obsoleto.»

Una decisión «netamente comercial» en un contexto de desguace

Uno de los testimonios más contundentes fue el de un trabajador con 26 años de antigüedad en la empresa, quien rechazó los argumentos de la firma: «Siempre pusimos el pecho en todas las crisis, pasamos por muchas, por eso es inentendible la situación que nos plantean hoy. No es un problema de productividad, es una decisión netamente comercial. Es una pena que tomen esta decisión y dejen a 150 familias sin trabajo.»

En el sector señalan que la crisis en la industria del neumático, agravada por las dificultades atravesadas por FATE, uno de los principales clientes históricos de la producción de negro de humo de la planta, contribuyó a deteriorar la ecuación comercial de Cabot en Argentina. Sin embargo, los propios trabajadores insisten en que la decisión responde a una estrategia corporativa global, no a un problema de desempeño local.

El costo humano del modelo

El cierre de Cabot no es un episodio aislado. Se inscribe en un proceso de desindustrialización acelerada que distintos relevamientos privados y sindicales estiman en más de 320.000 puestos de trabajo perdidos y alrededor de 15.000 industrias cerradas en todo el país desde diciembre de 2023. Ese proceso tiene coordenadas precisas: apertura importadora, contracción del mercado interno, retracción del consumo y deterioro sostenido del poder adquisitivo, factores que la gestión de Javier Milei asume como costos necesarios del «saneamiento macroeconómico.»

El propio contexto inflacionario agrava la situación de quienes pierden el empleo. Según datos del INDEC de marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) registró una variación interanual del 30,4%, lo que significa que los trabajadores desplazados enfrentan simultáneamente la pérdida de ingresos y un costo de vida que se mantiene en niveles críticos. A eso se suma que el gasto primario del Estado cayó un 5,1% interanual adicional en el primer trimestre de 2026, según datos del Foro Economía y Trabajo, reduciendo aún más la red de contención disponible para quienes quedan fuera del mercado laboral.

En ese marco, la promesa oficial de que el ajuste tiene un horizonte de alivio choca con la realidad cotidiana de trabajadores que, a los 40, 50 o 52 años, saben que el sistema productivo argentino actual no tiene lugar para ellos.

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