Espionaje
Avanza juicio político contra los jueces que beneficiaron a Macri
Se trata de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi por el fallo en el que consideraron que no hubo asociación ilícita en la causa por espionaje ilegal. El diputado Leopoldo Moreau confirmó que la Comisión Parlamentaria se presentará el pedido ante el Consejo de la Magistratura.
El diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) afirmó que la Bicameral de inteligencia pedirá el juicio político de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi por el fallo en el que consideraron que no hubo asociación ilícita en la causa por espionaje ilegal conocida como «Súper Mario Bros».
Asimismo, Moreau aseguró que la reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal planifican acciones judiciales contra gremialistas con la presencia de exfuncionarios de la AFI de la gestión macrista lo llevó a revivir «una etapa de la dictadura militar».
«El martes decidimos que la Comisión Parlamentaria se presente ante el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político contra Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi», confirmó el diputado del FdT en declaraciones radiales.
Sobre la reunión de 2017 que aparece en el video que circuló esta semana, Moreau sostuvo que «no se trató de una reunión institucional» sino de un encuentro clandestino.
Moreau, titular de la Bicameral, dijo que la reunión que mantuvo el martes esa Comisión fue «respetuosa» aunque reconoció que se vivieron momentos de tensión. En la sesión estuvieron presentes sus 14 integrantes, diputados y senadores de la mayoría y minoría parlamentarias.
«También la Comisión se va a constituir, y eso se va a resolver este miércoles, como querellante o como amigo del tribunal en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que es el que continúa con la investigación en la mega-causa de espionaje ilegal», remarcó en relación a la causa por espionaje ilegal que tramitaba en el juzgado federal de Lomas de Zamora hasta que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que pasara a los tribunales de Comodoro Py, en CABA.
En tanto, sobre la reunión de 2017 que aparece en el video que circuló esta semana, Moreau sostuvo que «no se trató de una reunión institucional» sino de un encuentro clandestino destinado y dirigido a perseguir a ciudadanos «independientemente de su condición de dirigente sindical o de cualquier otro ámbito», y que esa situación lo llevó a «revivir una etapa de la dictadura militar» por compartir una metodología de la misma naturaleza.
«Nos rememora a situaciones realmente dramáticas que se vivieron. Se pone en manifiesto que hay un grupo de personas que conducen áreas del Estado que tenían como objetivo atacar a dirigentes sindicales por su condición de representantes del movimiento obrero», subrayó.
En ese sentido, Moreau recordó que durante el Gobierno militar «desparecieron comisiones internas enteras» y planteó que el video demuestra que las expresiones «no iban solo contra un dirigente (por Juan Pablo ‘Pata’ Medina), sino contra los gremios».
«Las consecuencias fueron diferentes, en aquella época alguien desaparecía y ahora te terminan metiendo preso con causas armadas y testigos falsos, como ahí mismo se pone de manifiesto. Con una participación activa de los empresarios que ni en esa época se pudo contrastar, como sí se esta constatando ahora», advirtió finalmente el legislador.
Espionaje
Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto
El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.
El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.
Qué establece el estatuto
El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.
La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.
Derechos y condiciones de egreso
Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.
El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.
Un decreto en una zona de sombras
El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.
La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
- La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
- Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
- La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
- El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
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