Espionaje
«Macri puso en crisis la democracia»
Según el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el ex presidente utilizó «el aparato estatal para delitos aberrantes» y la oposición a dar «explicaciones» sobre las revelaciones conocidas esta semana en materia de inteligencia sobre dirigentes políticos y gremiales. «Fue un atentado al orden democrático», señaló.
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, advirtió que el Gobierno de Mauricio Macri «puso en crisis la democracia» al utilizar «el aparato estatal para cometer delitos aberrantes» y exhortó a la oposición a dar «explicaciones» sobre las revelaciones conocidas esta semana en materia de inteligencia sobre dirigentes políticos y gremiales, en particular la reunión de varios exfuncionarios bonaerenses de María Eugenia Vidal con miembros de la AFI registrada en un video.
«Fue un atentado al orden democrático, lo que llevó adelante el Gobierno de Mauricio Macri. Puso en crisis la democracia porque usó el aparato estatal para cometer delitos aberrantes, privar de la libertad a la gente, saquearles sus bienes, para afectar el patrimonio de las personas», evaluó Mena en declaraciones radiales.
«La oposición va a tener que explicar, porque quienes no reprueben y exijan una investigación pasan a ser cómplices. Hay sectores de la oposición que fueron espiados por esta mafia, espero que digan algo», señaló.
El viceministro consideró «verdaderamente grave» el video en el que puede verse al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y otros exfuncionarios de la gestión de Vidal reunidos con empresarios y ex espías de la AFI de la gestión Cambiemos, con el objetivo de promover el armado de causas contra dirigentes gremiales, entre ellos el extitular de la UOCRA La Plata Juan Pablo ‘Pata’ Medina.

El contenido de ese video fue denunciado a la Justicia por la actual interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño, tras recibir instrucciones en ese sentido por parte del presidente Alberto Fernández.
A su vez, Mena destacó que «en la reunión (que se realizó en una sede del Banco Provincia de La Plata en junio de 2017, con la participación del jefe comunal Julio Garro) hay miembros del Poder Ejecutivo provincial y altísimos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia», en referencia al exjefe de gabinete de la ex SIDE durante la gestión macrista, Darío Biorci, y al exdirector de Asuntos Jurídicos del organismo, Juan Sebastián de Stefano.
Sobre los intercambios que mantuvieron Villegas y los demás participantes en esa reunión, que quedaron registrados en el video, el funcionario remarcó que «se ve cómo proponen, sin que se les mueva un pelo, una estrategia para el armado de causas judiciales a un grupo de sindicalistas», y además señaló que todo lo que se acordó en esa reunión estaba coordinado «con la Justicia y con el ministerio público fiscal».
«Es imposible que hubiera cuentapropismo teniendo las máximas autoridades sentadas en una mesa organizando un plan delictivo. Se espiaba incluso a la familia de (Mauricio) Macri. Eso al único que beneficia es a Macri», subrayó Mena tras definir al video como «la prueba de lo que venimos denunciando desde hace años».
«Yo no tengo registro en tiempos democráticos que haya sucedido algo así en toda la historia argentina».
En este sentido, indicó que «el macrismo llegó al poder con un fin muy claro: saquear el país, destruir los derechos de los trabajadores y llevar adelante las políticas que seguimos sufriendo actualmente».
Mena agregó que, para concretar esos objetivos, «tenían que tener doblegados a distintos sectores», razón por la cual «llevaron adelante la persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner con el armado de un sinnúmero de causas, para poder neutralizarla y estigmatizarla».
«Ahora asistimos también con estos videos el armado de causa que llevaron adelante con el sindicalismo», sentenció el funcionario y agregó: «Yo no tengo registro en tiempos democráticos que haya sucedido algo así en toda la historia argentina, atenta contra el sistema democrático».
Asimismo, insistió con que el expresidente Mauricio Macri «asaltó el poder para cometer toda una serie de delitos que le garanticen a él la impunidad necesaria para poder llevar adelante su plan de gobierno, que incluye el préstamo con el Fondo Monetario Internacional para la fuga de capitales, el saqueo de las arcas públicas y la destrucción de los derechos de los trabajadores».
«Lo que vemos es una matriz de funcionamiento. Hubo un modus operandi durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri», afirmó, mientras que hizo un llamado a «todos los actores políticos de nuestro país» a «explicar lo que estamos viendo en estos días, porque el que no lo haga va a ser cómplice de esta maniobra».
En la misma línea, consideró «inadmisible» que «en una democracia del siglo XXI estemos tolerando lo que estamos viendo» y descartó que «la mayoría de los argentinos» avalen «que en plena democracia se pueda usar el aparato estatal para cometer estas atrocidades y delitos», aunque llamó a «romper el cerco mediático para que la gente sepa qué fue lo que hicieron».
«Ya no es una cuestión de creencias, el hecho está a la luz, esto es criminalidad a cielo abierto», concluyó el funcionario y aseguró que la Justicia «va a hacer todo lo que esté por dentro de nuestras funciones para que esto llegue a buen puerto, se investigue y se castigue severamente, porque esto no puede volver a ocurrir».
Espionaje
Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto
El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.
El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.
Qué establece el estatuto
El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.
La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.
Derechos y condiciones de egreso
Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.
El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.
Un decreto en una zona de sombras
El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.
La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
- La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
- Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
- La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
- El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
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