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Legislativo

Se profundiza la brecha entre oficialistas y opositores por el DNU sobre telecomunicaciones

Los integrantes del bloque macrista, fieles a la lógica de subir las tarifas, impugnó la convocatoria del Frente de Todos a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para discutir la norma.

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El bloque macrista, fieles a la lógica de subir las tarifas, impugnó la convocatoria del Frente de Todos a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para discutir la norma.

El decreto presidencial que declaró públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e internet amplió hoy los desacuerdos entre oficialistas y opositores y esas diferencias se trasladaron al Congreso, donde Juntos por el Cambio impugnó la convocatoria del Frente de Todos a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para discutir la norma.

Los legisladores del mayor bloque opositor en el Parlamento cuestionaron con argumentos reglamentarios la convocatoria del oficialismo a analizar el DNU 690 que declara «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga.

Según los legisladores de JxC, la convocatoria fue realizada fuera del plazo de antelación (de 48 horas) previsto en el reglamento de la comisión, en la que se analizará la norma que, entre otras cuestiones, suspende «cualquier aumento de precios o modificación de los mismos» hasta el 31 de diciembre.

Otra de las objeciones planteadas por la oposición estuvo vinculada al hecho de que la reunión fue convocada bajo la modalidad de «teleconferencia», pese a que está vencido el protocolo acordado para sesiones remotas en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro (FdT) consideró hoy que el DNU fue una «decisión acertada» del Gobierno y pronosticó que «no afectará las inversiones del sector”.

Las repercusiones

«Hoy, tanto el celular como internet hacen a la inclusión social; si alguien no tiene conexión o no puede tener celular, es un excluido», reflexionó por su parte el gobernador bonaerense Axel Kicillof y aseguró que «no hay ningún problema con las empresas privadas mientras contribuyan a que todos tengan conexión».

Kicillof explicó que el carácter público y esencial «tiene que ver con la universalización del servicio y con la igualdad» y reseñó que en la provincia «quedó claro» que la disparidad en el acceso a la conectividad tiene que ver con dejar la regulación «enteramente en manos del mercado».

En forma similar se había pronunciado ayer el presidente Alberto Fernández, quien remarcó que, con la firma del decreto, se busca «defender los intereses de los argentinos» y aclaró que el Gobierno no está en «guerra» con ningún sector y que la medida no es «contra nadie».

La expresidenta del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) durante la gestión de Cambiemos, Silvana Giudici, fue crítica con relación al DNU por considerar que los objetivos a los que apunta la norma se logran «con políticas públicas que no necesariamente consistan en regular un mercado que no debe ser regulado estrictamente con precios, con tarifas».

Planteó que, por el contrario, debe «fomentarse la competitividad para lograr tarifas a la baja», evaluó que el país necesita «un shock de inversión con reglas de juego claras» para el sector y remarcó: «En ningún lugar del mundo la TV paga es un servicio público».

En cambio, el actual titular del Enacom, Claudio Ambrosini, aseguró hoy que está «muy lejos» del espíritu del DNU pensar en «estatizaciones» y reafirmó que la idea apunta a «sentarse con las empresas y pedirles que acompañen la marcha de la economía».

Otro de los defensores del decreto fue el presidente del PJ, José Luis Gioja, quien consideró «excelente» la resolución y añadió: «Es lo que pide la gente y las asociaciones de Consumidores”.

El DNU de Alberto

El decreto, entre sus considerandos, remarca que durante la gestión de Cambiemos, «mediante el DNU 267/2015, se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».

Subraya que esa decisión implicó abandonar «la idea del acceso a estos servicios como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional».

El decreto considera «necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso» a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria».

Legislativo

El DNU 70 en el alambre: sin quórum pero con dos sesiones

La oposición sostiene la sesión especial del jueves 15 en Diputados para voltear el megadecreto de Milei, aunque sus conteos no llegan a 129. El oficialismo pidió su propia sesión para el miércoles 21 y negocia con los gobernadores.

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El Argentino Diario-Congreso.

El megadecreto con el que Javier Milei reescribió buena parte de las reglas del país llegó a su semana decisiva sin que nadie pueda garantizar su caída. La oposición sostuvo la sesión especial convocada para el jueves 15 de octubre a las 14 en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023, aunque sus propios conteos la ubican entre 112 y 120 presencias, por debajo de las 129 que exige el quórum.

Según el poroteo opositor, el jueves darían presente los diputados de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, la izquierda, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis y legisladores sueltos. El temario suma el rechazo del decreto, la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y proyectos para aliviar el endeudamiento y la morosidad de las familias.

Un decreto que el Senado ya rechazó

El DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023, reúne más de 300 artículos que desregularon de un plumazo desde los alquileres hasta el régimen de tierras rurales. El Senado ya lo rechazó en marzo de 2024; si Diputados hace lo mismo, el decreto queda sin efecto. Por eso la Casa Rosada puso todo su peso en evitar que la oposición consiga el número.

La carrera por el quórum

«Nuestra tarea es tratar de construir el quórum. Después, cada uno tendrá que dar las explicaciones del caso», dijo Germán Martínez en Radio con Vos. El jefe de bloque de Unión por la Patria agregó que, frente a un temario con discapacidad, morosos y tierras, «es difícil pensar que no te sentás en una sesión de ésas, tenés que estar muy pero muy arrodillado ante el Gobierno».

El socialista Esteban Paulón, de Provincias Unidas, fue en la misma línea: «Hay que dar quórum y derogar el DNU 70. No hay constitucionalista que diga que es constitucional y el Gobierno lo ha usufructuado tres años».

La llave está en los diputados que responden a los gobernadores. La Casa Rosada negocia con ellos en paralelo el Presupuesto 2027 y la eventual suspensión de las PASO, una mesa en la que la sesión del jueves también entra en la cuenta. Si no llegan al número, los bloques opositores planean hablar en minoría para exponer a los ausentes como aliados del Gobierno, en el marco de una movilización frente al Congreso.

La contraofensiva libertaria

El oficialismo respondió con dos movimientos. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, convocó para el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora, un plenario con la Comisión de Legislación General para empezar a tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, al que La Libertad Avanza busca sumarle una nueva regulación sobre la compra de tierras rurales por extranjeros.

Además, el oficialismo pidió una sesión propia para el miércoles 21 de octubre, con la propiedad privada, la discapacidad y el endeudamiento familiar en el temario. La jugada busca darles a los aliados una excusa para no sentarse el jueves 15.

La Corte, en el medio

El 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió de manera interina los efectos del artículo 154 del DNU 70, el que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales, hasta que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y su pedido de cautelar. Firmaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci; Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El fallo repuso de forma provisoria los límites a la compra de campos por extranjeros, pero no resolvió si el decreto es constitucional. En Diputados reconocieron que la decisión abrió una discusión sobre el costo de insistir con una sesión cuyo principal argumento era la Ley de Tierras. Aun así, los bloques opositores mantuvieron su intención de rechazar el decreto completo, que comprende unas 300 reformas.

Lo que tenés que saber:

  • La oposición sostuvo la sesión especial del jueves 15 de octubre a las 14 para rechazar el DNU 70/2023, junto con discapacidad y endeudamiento familiar.
  • Sus propios conteos la ubican entre 112 y 120 diputados, por debajo de los 129 que exige el quórum.
  • El Senado ya rechazó el decreto en 2024; si Diputados también lo rechaza, queda sin efecto.
  • El oficialismo convocó un plenario de comisiones para el miércoles 14 por la propiedad privada y pidió una sesión propia para el miércoles 21.
  • La Corte suspendió el 9 de octubre el artículo 154, que derogó la Ley de Tierras, hasta que decida el juzgado federal de Bariloche.
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