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El bloque macrista, fieles a la lógica de subir las tarifas, impugnó la convocatoria del Frente de Todos a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para discutir la norma.

El decreto presidencial que declaró públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e internet amplió hoy los desacuerdos entre oficialistas y opositores y esas diferencias se trasladaron al Congreso, donde Juntos por el Cambio impugnó la convocatoria del Frente de Todos a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para discutir la norma.

Los legisladores del mayor bloque opositor en el Parlamento cuestionaron con argumentos reglamentarios la convocatoria del oficialismo a analizar el DNU 690 que declara «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga.

Según los legisladores de JxC, la convocatoria fue realizada fuera del plazo de antelación (de 48 horas) previsto en el reglamento de la comisión, en la que se analizará la norma que, entre otras cuestiones, suspende «cualquier aumento de precios o modificación de los mismos» hasta el 31 de diciembre.

Otra de las objeciones planteadas por la oposición estuvo vinculada al hecho de que la reunión fue convocada bajo la modalidad de «teleconferencia», pese a que está vencido el protocolo acordado para sesiones remotas en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro (FdT) consideró hoy que el DNU fue una «decisión acertada» del Gobierno y pronosticó que «no afectará las inversiones del sector”.

Las repercusiones

«Hoy, tanto el celular como internet hacen a la inclusión social; si alguien no tiene conexión o no puede tener celular, es un excluido», reflexionó por su parte el gobernador bonaerense Axel Kicillof y aseguró que «no hay ningún problema con las empresas privadas mientras contribuyan a que todos tengan conexión».

Kicillof explicó que el carácter público y esencial «tiene que ver con la universalización del servicio y con la igualdad» y reseñó que en la provincia «quedó claro» que la disparidad en el acceso a la conectividad tiene que ver con dejar la regulación «enteramente en manos del mercado».

En forma similar se había pronunciado ayer el presidente Alberto Fernández, quien remarcó que, con la firma del decreto, se busca «defender los intereses de los argentinos» y aclaró que el Gobierno no está en «guerra» con ningún sector y que la medida no es «contra nadie».

La expresidenta del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) durante la gestión de Cambiemos, Silvana Giudici, fue crítica con relación al DNU por considerar que los objetivos a los que apunta la norma se logran «con políticas públicas que no necesariamente consistan en regular un mercado que no debe ser regulado estrictamente con precios, con tarifas».

Planteó que, por el contrario, debe «fomentarse la competitividad para lograr tarifas a la baja», evaluó que el país necesita «un shock de inversión con reglas de juego claras» para el sector y remarcó: «En ningún lugar del mundo la TV paga es un servicio público».

En cambio, el actual titular del Enacom, Claudio Ambrosini, aseguró hoy que está «muy lejos» del espíritu del DNU pensar en «estatizaciones» y reafirmó que la idea apunta a «sentarse con las empresas y pedirles que acompañen la marcha de la economía».

Otro de los defensores del decreto fue el presidente del PJ, José Luis Gioja, quien consideró «excelente» la resolución y añadió: «Es lo que pide la gente y las asociaciones de Consumidores”.

El DNU de Alberto

El decreto, entre sus considerandos, remarca que durante la gestión de Cambiemos, «mediante el DNU 267/2015, se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».

Subraya que esa decisión implicó abandonar «la idea del acceso a estos servicios como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional».

El decreto considera «necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso» a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria».