Legislativo
Para Cristina «el país todavía se debe una verdadera reforma judicial»
La vicepresidenta se metió de lleno en el debate por el proyecto del Ejecutivo que el Senado tratará el jueves y aseguró que se busca «implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994». Además, le pidió a la oposición «aceptar que cualquier diferencia se discute en el Congreso».
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que el país «todavía se debe una verdadera reforma judicial», al advertir que el proyecto oficial que el Senado tratará el jueves no tiene ese fin, sino que busca «implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994», y le pidió al sistema político «aceptar que cualquier diferencia se discute en el Congreso».
A través de un texto titulado «¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la Democracia«, y publicado en sus redes sociales, la exmandataria planteó que la iniciativa que será tratada el jueves en la Cámara alta «crea nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país» y «comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera» porteña.
«A este proyecto que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado erróneamente ‘Reforma Judicial'», expresó Fernández de Kirchner y puntualizó que «haciendo honor a la precisión semántica que deben tener nuestras palabras, en el país en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales».
En tal sentido, la vicepresidenta reseñó: «La primera fue la que envié al Congreso siendo Presidenta en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios».
De esa manera, la vicepresidenta se refirió al proyecto de «Democratización de la Justicia» que, aprobado por el Congreso en abril de 2013, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en junio de ese año.
«La segunda -prosiguió Cristina- fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia. Una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios». «A algunos de estos últimos para despojarlos de sus empresas, y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales», completó la exmandataria.
La «reforma de facto» atribuida a Macri tuvo, para la vicepresidenta, «cuatro ejes fundamentales: creó e impuso una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py, naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado de la Constitución».
«Incorporó la llamada ‘Doctrina Irurzun’ (en referencia al camarista de Comodoro Py Martín Irurzun) por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privandolos de su libertad en forma ilegal», dijo, y sumó como tercer factor que «comenzó a trasladar jueces a juzgados y tribunales para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces».
En cuarto lugar, sostuvo la expresidenta, la «reforma de facto» de Macri «convirtió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores. Para ello se utilizaban los fondos del organismo de inteligencia que Macri había vuelto a convertir en reservados apenas asumió el gobierno».
Sobre el final de su artículo, Fernández de Kirchner señaló que «el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que se va a debatir este jueves». «Sin embargo, la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso», subrayó.
Comunidad 👥
Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
-
Defensa4 díasPresupuesto 2027: base naval y misiles en lugar de aulas, sillas de ruedas y hospitales
-
Buenos Aires4 díasChapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
-
Movimientos Sociales3 díasLa Marcha de la Bronca toma las calles contra el ajuste de Milei
-
Defensa4 díasFraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
-
Judiciales ⚖️2 díasMorena Rial va a audiencia en Córdoba: sin juicio pero sí otra instancia judicial
-
Elecciones5 días¿Empate técnico en el balotaje? Kicillof y Milei, cabeza a cabeza rumbo al 2027
-
Espectáculos 🎭6 díasCómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su internación: «Su debilidad son los bronquios»
-
Fútbol & Goles!2 díasBoca aplastó a San Lorenzo con 10: 68% de posesión y 5 clásicos seguidos ganados
