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Obtuvo dictamen en Senado la reforma de la ley de Barrios Populares que prorroga desalojos

La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

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El proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de Barrios Populares, que prorroga por diez años la suspensión de los desalojos, sancionada el miércoles pasado por la Cámara de Diputados, obtuvo hoy dictamen unánime en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.

El proyecto apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

El dictamen obtuvo el apoyo del oficialismo y de la oposición, aunque hubo algunas críticas cruzadas respecto de los instrumentos utilizados para el financiamiento de la solución habitacional.

La vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos (FdT), Anabel Fernández Sagasti, expresó que «podremos tener muchos anhelos, pero a veces hay que ser valientes y la valentía no es de quién manda el tuit más agresivo hacia el oficialismo o la oposición, sino con consensos profundos para solucionar el tema de la vivienda».

«Y el consenso tiene que ver con qué hacemos con una deuda externa que, por más de diez años, o tal vez más, la va a seguir pagando si no tenemos la valentía de ponernos de acuerdo», manifestó Fernández Sagasti.

En ese sentido, aconsejó «construir otro pacto social» que «nos haga entender a los argentinos que esta deuda indiscriminada conduce a que muchas políticas públicas se queden sin financiamiento», porque «debemos cumplir con organismos internacionales que, encima, nos digitan en qué debemos gastar el presupuesto».

La senadora mendocina si bien ponderó como «una buena noticia» el apoyo de la oposición a la iniciativa, recordó que la norma fue sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri «sin pauta presupuestaria».

«Fue este gobierno con leyes criticadas y no votadas por la oposición (como el Impuesto a las Grandes Fortunas y el Impuesto PAIS) las que fondearon estos proyectos», sostuvo.

La intervención de Fernández Sagasti buscó responder algunas posturas de la oposición respecto de cómo será el financiamiento del proyecto de ley.

Previamente, el bonaerense José María Torello recordó que «esta política de Estado empezó» con el gobierno de Cambiemos y lo mencionó como un «ejemplo de las cosas que se pueden hacer en el país cuando dejamos de lado la política barata».

Luego, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmermann, reclamó un financiamiento para el programa, en tanto que su colega de Corrientes, Eduardo Vischi, subrayó que «no puede ser financiado por instrumentos como los impuestos de afectación específica», sino que «debe tener un financiamiento fuerte del Estado central».

La reacción de la oposición se planteó luego de que la secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, mencionó que el programa «necesita de financiamiento para poder seguir trabajando».

«El aporte del Impuesto a las Grandes Fortunas así como el Impuesto PAIS son un aporte valioso que significó más de 80 mil millones de pesos», remarcó y sostuvo que «sin barrios integrados, la Argentina que soñamos no es posible» y reclamó una «política sin grietas».

A su turno, Fernanda García Monticeli, subsecretaria de Gestión de Tierra y Servicios Barriales del Ministerio de Desarrollo Social, le reclamó a los senadores que el proyecto sea convertido en ley la próxima semana.

«El 28 de octubre se vencen los cuatro años del proyecto original que evita los desalojos. Los plazos nos corren», advirtió García Monticeli.

Por su parte, el sacerdote Gustavo Carrara, uno de los curas que trabaja en los barrios populares, reconoció que la iniciativa «aborda el núcleo duro de la pobreza» y mencionó que en esas urbanizaciones viven más de cinco millones de habitantes.

«Es una realidad que no se puede esconder. Este proyecto apunta a darle cierta estabilidad a esos barrios que es necesaria para integrarlos», subrayó.

Legislativo

Sin los votos para eliminar las PASO, el Gobierno busca suspenderlas o hacerlas optativas

El plan B tomó forma luego de que el PRO y la UCR anticiparan su rechazo a la eliminación lisa y llana de las primarias. Ambas fuerzas sostienen que las PASO cumplen una función estructural para dirimir candidaturas internas que LLA, por su naturaleza verticalista, no necesita resolver.

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El Gobierno no tiene los votos y busca un plan B para las PASO

★ El oficialismo reconoce que no cuenta con los apoyos suficientes para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y baraja dos alternativas de menor alcance: suspenderlas nuevamente, como ya ocurrió en las elecciones de medio término de 2025, o quitarles el carácter obligatorio para convertirlas en optativas.

La admisión surge de las propias filas del Gobierno, dos días después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso la reforma electoral que tiene la eliminación de las PASO como su punto más ambicioso. Como informó este medio el 22 de abril, el proyecto llegó al Parlamento en un contexto político adverso y sin los votos necesarios para avanzar.

El PRO y la UCR frenan la eliminación

El plan B tomó forma luego de que el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) anticiparan su rechazo a la eliminación lisa y llana de las primarias. Ambas fuerzas sostienen que las PASO cumplen una función estructural para dirimir candidaturas internas que la Libertad Avanza, por su naturaleza de partido sin internas, no necesita resolver.

Un miembro de la mesa política, que según trascendidos volverá a reunirse este sábado a las 12 en Casa Rosada, reconoció la situación: «Es muy probable que varios sectores no quieran apoyar la eliminación. Veremos si podemos suspenderlas o en tal caso, hacerlas no obligatorias».

La declaración desnuda la debilidad parlamentaria del oficialismo. Con 95 diputados propios, La Libertad Avanza necesita acumular 129 votos para obtener mayoría simple en la Cámara baja, lo que exige el respaldo de aliados que, hasta ahora, no están dispuestos a acompañar la medida de máxima.

Un paquete con más resistencias que votos

Más allá de las PASO, el proyecto presenta otros dos puntos de alta conflictividad: la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos, que reemplazaría el aporte público por un esquema de financiamiento privado, y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur.

El presidente Javier Milei estableció ambas cuestiones como prioridades de la reforma. Sin embargo, el nuevo esquema de financiamiento preocupa especialmente a los partidos de menor escala, que dependen de los fondos estatales para subsistir, y la eliminación de los parlamentarios del Mercosur generó resistencias incluso dentro del arco aliado.

El proyecto incluye además cambios en los requisitos legales para presentar listas y la incorporación de la denominada Ficha Limpia, que aparece como el principal anzuelo para sumar voluntades, tal como anticipó este medio en la cobertura del 22 de abril.

Los «guiños» a los gobernadores

En Balcarce 50 anticipan que el articulado del proyecto incluye señales destinadas a los gobernadores aliados. Entre los ejemplos que circulan en el entorno oficial figuran la incorporación de un casillero en la boleta para tildar la lista completa, lo que permitiría «enganchar» las listas locales a las nacionales, y la decisión de vetar la propuesta de avanzar hacia un sistema de circunscripciones uninominales, que varios mandatarios provinciales rechazaban por considerarlo desfavorable para sus distritos.

Desde el oficialismo aseguran que el proceso será «similar al de la reforma laboral» y que «los votos van a estar», según afirmó un importante alfil legislativo. La comparación, sin embargo, no resulta del todo tranquilizadora: la reforma laboral tardó meses en aprobarse y requirió decenas de modificaciones para obtener los apoyos necesarios.

El contexto político

La reforma llega en un momento de fragilidad creciente para el Gobierno. Según datos de la consultora Opina Argentina difundidos en abril, la imagen positiva de Milei cayó al 35%, trece puntos menos que en enero. En ese escenario, forzar una disputa parlamentaria sobre las reglas electorales con las elecciones legislativas de octubre en el horizonte puede representar tanto una apuesta estratégica como un riesgo político de primer orden.

La eliminación de las PASO beneficia directamente a una fuerza, como La Libertad Avanza, que no tiene internas que resolver. Para el resto del arco político, las primarias son una herramienta de ordenamiento interno. Esa asimetría explica, en buena medida, la resistencia que el Gobierno no logra vencer.

Puntos clave

  • El Gobierno admitió que no tiene los votos para eliminar las PASO y evalúa suspenderlas nuevamente o quitarles el carácter obligatorio.
  • El PRO y la UCR anticiparon su rechazo a la eliminación, lo que obligó al oficialismo a diseñar un plan alternativo.
  • La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados propios y necesita 129 para alcanzar mayoría simple.
  • El proyecto incluye también cambios en el financiamiento partidario y la eliminación de parlamentarios del Mercosur, dos puntos que generan alta resistencia.
  • El oficialismo comparó el proceso con la reforma laboral, que tardó meses y requirió numerosas modificaciones para aprobarse.
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