El proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de Barrios Populares, que prorroga por diez años la suspensión de los desalojos, sancionada el miércoles pasado por la Cámara de Diputados, obtuvo hoy dictamen unánime en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.

El proyecto apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

El dictamen obtuvo el apoyo del oficialismo y de la oposición, aunque hubo algunas críticas cruzadas respecto de los instrumentos utilizados para el financiamiento de la solución habitacional.

La vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos (FdT), Anabel Fernández Sagasti, expresó que «podremos tener muchos anhelos, pero a veces hay que ser valientes y la valentía no es de quién manda el tuit más agresivo hacia el oficialismo o la oposición, sino con consensos profundos para solucionar el tema de la vivienda».

«Y el consenso tiene que ver con qué hacemos con una deuda externa que, por más de diez años, o tal vez más, la va a seguir pagando si no tenemos la valentía de ponernos de acuerdo», manifestó Fernández Sagasti.

En ese sentido, aconsejó «construir otro pacto social» que «nos haga entender a los argentinos que esta deuda indiscriminada conduce a que muchas políticas públicas se queden sin financiamiento», porque «debemos cumplir con organismos internacionales que, encima, nos digitan en qué debemos gastar el presupuesto».

La senadora mendocina si bien ponderó como «una buena noticia» el apoyo de la oposición a la iniciativa, recordó que la norma fue sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri «sin pauta presupuestaria».

«Fue este gobierno con leyes criticadas y no votadas por la oposición (como el Impuesto a las Grandes Fortunas y el Impuesto PAIS) las que fondearon estos proyectos», sostuvo.

La intervención de Fernández Sagasti buscó responder algunas posturas de la oposición respecto de cómo será el financiamiento del proyecto de ley.

Previamente, el bonaerense José María Torello recordó que «esta política de Estado empezó» con el gobierno de Cambiemos y lo mencionó como un «ejemplo de las cosas que se pueden hacer en el país cuando dejamos de lado la política barata».

Luego, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmermann, reclamó un financiamiento para el programa, en tanto que su colega de Corrientes, Eduardo Vischi, subrayó que «no puede ser financiado por instrumentos como los impuestos de afectación específica», sino que «debe tener un financiamiento fuerte del Estado central».

La reacción de la oposición se planteó luego de que la secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, mencionó que el programa «necesita de financiamiento para poder seguir trabajando».

«El aporte del Impuesto a las Grandes Fortunas así como el Impuesto PAIS son un aporte valioso que significó más de 80 mil millones de pesos», remarcó y sostuvo que «sin barrios integrados, la Argentina que soñamos no es posible» y reclamó una «política sin grietas».

A su turno, Fernanda García Monticeli, subsecretaria de Gestión de Tierra y Servicios Barriales del Ministerio de Desarrollo Social, le reclamó a los senadores que el proyecto sea convertido en ley la próxima semana.

«El 28 de octubre se vencen los cuatro años del proyecto original que evita los desalojos. Los plazos nos corren», advirtió García Monticeli.

Por su parte, el sacerdote Gustavo Carrara, uno de los curas que trabaja en los barrios populares, reconoció que la iniciativa «aborda el núcleo duro de la pobreza» y mencionó que en esas urbanizaciones viven más de cinco millones de habitantes.

«Es una realidad que no se puede esconder. Este proyecto apunta a darle cierta estabilidad a esos barrios que es necesaria para integrarlos», subrayó.