Legislativo
Obtuvo dictamen en Senado la reforma de la ley de Barrios Populares que prorroga desalojos
La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
El proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de Barrios Populares, que prorroga por diez años la suspensión de los desalojos, sancionada el miércoles pasado por la Cámara de Diputados, obtuvo hoy dictamen unánime en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado.
La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.
El proyecto apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
El dictamen obtuvo el apoyo del oficialismo y de la oposición, aunque hubo algunas críticas cruzadas respecto de los instrumentos utilizados para el financiamiento de la solución habitacional.
La vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos (FdT), Anabel Fernández Sagasti, expresó que «podremos tener muchos anhelos, pero a veces hay que ser valientes y la valentía no es de quién manda el tuit más agresivo hacia el oficialismo o la oposición, sino con consensos profundos para solucionar el tema de la vivienda».
«Y el consenso tiene que ver con qué hacemos con una deuda externa que, por más de diez años, o tal vez más, la va a seguir pagando si no tenemos la valentía de ponernos de acuerdo», manifestó Fernández Sagasti.
En ese sentido, aconsejó «construir otro pacto social» que «nos haga entender a los argentinos que esta deuda indiscriminada conduce a que muchas políticas públicas se queden sin financiamiento», porque «debemos cumplir con organismos internacionales que, encima, nos digitan en qué debemos gastar el presupuesto».
La senadora mendocina si bien ponderó como «una buena noticia» el apoyo de la oposición a la iniciativa, recordó que la norma fue sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri «sin pauta presupuestaria».
«Fue este gobierno con leyes criticadas y no votadas por la oposición (como el Impuesto a las Grandes Fortunas y el Impuesto PAIS) las que fondearon estos proyectos», sostuvo.
La intervención de Fernández Sagasti buscó responder algunas posturas de la oposición respecto de cómo será el financiamiento del proyecto de ley.
Previamente, el bonaerense José María Torello recordó que «esta política de Estado empezó» con el gobierno de Cambiemos y lo mencionó como un «ejemplo de las cosas que se pueden hacer en el país cuando dejamos de lado la política barata».
Luego, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmermann, reclamó un financiamiento para el programa, en tanto que su colega de Corrientes, Eduardo Vischi, subrayó que «no puede ser financiado por instrumentos como los impuestos de afectación específica», sino que «debe tener un financiamiento fuerte del Estado central».
La reacción de la oposición se planteó luego de que la secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, mencionó que el programa «necesita de financiamiento para poder seguir trabajando».
«El aporte del Impuesto a las Grandes Fortunas así como el Impuesto PAIS son un aporte valioso que significó más de 80 mil millones de pesos», remarcó y sostuvo que «sin barrios integrados, la Argentina que soñamos no es posible» y reclamó una «política sin grietas».
A su turno, Fernanda García Monticeli, subsecretaria de Gestión de Tierra y Servicios Barriales del Ministerio de Desarrollo Social, le reclamó a los senadores que el proyecto sea convertido en ley la próxima semana.
«El 28 de octubre se vencen los cuatro años del proyecto original que evita los desalojos. Los plazos nos corren», advirtió García Monticeli.
Por su parte, el sacerdote Gustavo Carrara, uno de los curas que trabaja en los barrios populares, reconoció que la iniciativa «aborda el núcleo duro de la pobreza» y mencionó que en esas urbanizaciones viven más de cinco millones de habitantes.
«Es una realidad que no se puede esconder. Este proyecto apunta a darle cierta estabilidad a esos barrios que es necesaria para integrarlos», subrayó.
DDHH
La SIDE en el Congreso descartó amenazas terroristas, pero esquivó responder 120 preguntas de legisladores
El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, compareció ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en una reunión de tres horas que se desarrolló a puertas cerradas. El organismo negó la existencia de amenazas terroristas de extrema izquierda o de organizaciones islámicas en el país, confirmó que no hubo aprehensiones bajo el DNU 941/2025 e informó sobre el operativo previsto para la visita de León XIV. La oposición, sin embargo, no obtuvo respuestas a los 120 interrogantes presentados diez días antes.
El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, compareció ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en una reunión de tres horas que se desarrolló a puertas cerradas. El organismo negó la existencia de amenazas terroristas de extrema izquierda o de organizaciones islámicas en el país, confirmó que no hubo aprehensiones bajo el DNU 941/2025 e informó sobre el operativo previsto para la visita de León XIV. La oposición, sin embargo, no obtuvo respuestas a los 120 interrogantes presentados diez días antes.
Auguadra se presentó ante los legisladores en el Congreso acompañado por los subsecretarios Diego Kravetz y José Lago Rodríguez, y los directores Alejandro Cecati, de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), y Alejandro Colombo, del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA). La reunión, presidida por el senador de La Libertad Avanza Sebastián Pareja, fue convocada para recibir un informe sobre los gastos reservados y los lineamientos del Plan de Inteligencia Nacional.
Sin amenazas, sin aprehensiones
Las autoridades de la SIDE transmitieron a los legisladores que no existe actualmente ninguna amenaza terrorista proveniente de sectores de extrema izquierda ni de organizaciones islámicas en la Argentina. El dato no es menor: el DNU 941/2025, que facultó al organismo a realizar aprehensiones y declaró «encubiertas» todas sus actividades, fue dictado bajo el argumento de la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta frente a eventuales amenazas de esa naturaleza. La propia SIDE confirmó ante la Bicameral que, en el marco de esas facultades extraordinarias, no se registró ninguna aprehensión.
La información actualiza el debate en torno a las atribuciones que el Gobierno otorgó al organismo mediante ese decreto. Si no hay amenazas concretas de los perfiles invocados para justificarlo, la pregunta que emerge es cuál es la utilidad real de unas facultades de detención que, según el propio Ejecutivo, aún no se activaron.
El operativo para la visita del Papa León XIV
Uno de los ejes centrales de la reunión fue la coordinación del operativo de seguridad para la visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 9 y el 11 de noviembre próximo. Auguadra destacó la responsabilidad que recaerá sobre el Estado argentino para garantizar que el evento se desarrolle sin incidentes. «Argentina es un ejemplo concreto de la responsabilidad que tenemos por delante. Todos queremos que la visita sea un éxito y estamos trabajando para que así sea», afirmó el titular de la SIDE.
En un comunicado difundido tras el encuentro, Auguadra valoró el mecanismo de control ejercido por la Bicameral y afirmó que resulta «necesario para garantizar la transparencia del organismo». Calificó la jornada como «una reunión muy positiva, en la que primó la defensa de los intereses de la Argentina» y señaló que las máximas autoridades del organismo se pusieron «a disposición de los integrantes de la Comisión para responder sus consultas y abordar los principales desafíos que enfrenta el Sistema de Inteligencia Nacional». En ese marco, el funcionario extendió una invitación formal a todos los integrantes de la Bicameral para visitar el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), con el objetivo de que conozcan sus instalaciones y el trabajo de coordinación en materia de prevención y lucha contra el terrorismo.
La oposición reclamó por 120 preguntas sin respuesta
Pese al tono conciliador del comunicado oficial, la reunión no transcurrió sin rispideces. Los diputados del bloque Unión por la Patria reclamaron por la falta de respuestas a las 120 preguntas que habían presentado diez días antes y que, al momento del encuentro, seguían sin ser contestadas. La denuncia pone en evidencia una tensión estructural en el funcionamiento de la Bicameral: el oficialismo controla su presidencia a través de Pareja, lo que le permite regular el ritmo y el alcance del control parlamentario sobre un organismo que, desde la sanción del DNU 941/2025, acumula atribuciones inéditas en la historia democrática reciente.
Los legisladores opositores también requirieron explicaciones sobre la eventual postulación de Kravetz como intendente de Lanús, una situación que genera interrogantes sobre la compatibilidad entre la función de subsecretario de inteligencia y una candidatura electoral en ciernes. Además, solicitaron precisiones sobre los acuerdos firmados entre la Secretaría de Inteligencia y el FBI en el marco de la presentación del Centro Nacional Antiterrorismo.
Por la Cámara de Diputados participaron Cristian Ritondo (PRO), Gabriel Bornoroni y César Treffinger (La Libertad Avanza), y Rodolfo Tailhade, Ramiro Gutiérrez y Agustín Rossi (Unión por la Patria). Por el Senado estuvieron presentes Agustín Coto (LLA), Martín Goerling Lara (PRO), Edith Terenzi, el radical Maximiliano Abad y Carolina Moisés, de Convicción Federal.
Puntos clave
- La SIDE descartó ante la Bicameral la existencia de amenazas terroristas de extrema izquierda o islámicas en el país.
- El organismo confirmó que no realizó ninguna aprehensión bajo las facultades del DNU 941/2025.
- Auguadra presentó el plan de seguridad para la visita de León XIV, programada entre el 9 y el 11 de noviembre.
- La oposición denunció que 120 preguntas elevadas diez días antes de la reunión no obtuvieron respuesta.
- Diputados de Unión por la Patria también pidieron precisiones sobre los acuerdos con el FBI y la eventual candidatura electoral del subsecretario Kravetz.
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