Caputo festeja el superávit de abril gracias al saqueo USD 3.000 M del impuesto al combustible que por ley se debe destinar a rutas

★ El Ministerio de Economía informó este lunes que el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un resultado financiero superavitario de $268.103 millones, producto de un resultado primario de $632.844 millones y un pago neto de intereses de deuda pública de $364.741 millones. El acumulado del primer cuatrimestre alcanzó el 0,2% del PIB (con un superávit primario de 0,5%).

«El superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos», afirmó el ministro Luis Caputo.

Los ingresos totales del SPN crecieron un 29,6% interanual, impulsados principalmente por Débitos y Créditos (+35,1% i.a.), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+28,4% i.a.) e IVA neto (+28,1% i.a.). En el otro extremo, los Derechos de Exportación cayeron un 17,4% interanual, lo que significa que los grandes exportadores aportaron menos al fisco mientras los consumidores, a través de impuestos indirectos, sostuvieron la recaudación.

El impuesto que pagan todos pero no vuelve a las rutas

Entre los ingresos que alimentan el equilibrio fiscal se encuentra el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo que cada ciudadano abona cada vez que carga nafta o gasoil. La Ley 23.966 establece que una porción significativa de lo recaudado, el 28,58%, debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para financiar Vialidad Nacional y obras de infraestructura. Sin embargo, en la práctica del gobierno de Javier Milei, ese mandato legal se incumple sistemáticamente.

Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre enero y noviembre de 2025 la recaudación del ICL y el Impuesto al Dióxido de Carbono alcanzó los $4.231.130 millones de pesos, equivalentes a casi USD 3.000 millones, un incremento del 104% respecto al mismo período de 2024. Pese a esa recaudación récord, el Gobierno ejecutó menos del 25% del presupuesto asignado para obras públicas, según el Informe número 141 presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso.

El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, denunció en abril de 2026 que el Ministerio de Economía recaudó 6 billones de pesos a través del impuesto a los combustibles en dos años de gestión libertaria, sin volcar un solo centavo a las rutas e infraestructura hídrica que ese tributo debe financiar por ley.

Un mecanismo que sostiene el ajuste

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que el 24,2% del ajuste fiscal acumulado durante la gestión de Milei se explica directamente por la poda del gasto en obra pública. El dato no es menor: según el informe del Foro Economía y Trabajo publicado el 4 de mayo de 2026, el gasto de capital del Estado nacional registró una caída real acumulada del 86% desde diciembre de 2023.

Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (COPNADUV), advirtió a fines de abril de 2026 que el gobierno nacional «busca disolver la Dirección Nacional de Vialidad» mientras continúa desviando los fondos del ICL, «unos 3.000 millones de dólares por año que se recaudan y deberían asignarse a la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales».

Los gremios viales denunciaron en documentos presentados ante la Defensoría del Pueblo de Formosa que esos fondos «son retenidos indebidamente por el Ministerio de Economía» para engrosar el superávit fiscal. El deterioro progresivo de la red vial, advierten, «no solo genera un incremento de la siniestralidad, sino que perjudica la actividad comercial y turística de todo el país».

La estructura regresiva detrás del equilibrio

El cuadro se completa con la lógica distributiva del ajuste. Mientras los Derechos de Exportación cayeron un 17,4% interanual en abril, beneficiando a los grandes exportadores agropecuarios, los impuestos indirectos que paga el conjunto de la población sostuvieron la recaudación. El IVA creció un 28,1% interanual, los impuestos a Débitos y Créditos un 35,1%.

Este esquema se enmarca en lo que el Foro Economía y Trabajo describió como un sistema tributario «regresivo por diseño»: aproximadamente el 70% de la recaudación argentina proviene de impuestos indirectos que recaen proporcionalmente con más fuerza sobre los sectores de menores ingresos. El ICL es parte de ese universo: todos pagan lo mismo por litro, pero quienes más distancia recorren por necesidad laboral o quienes no tienen acceso al transporte público soportan una carga efectiva mayor.

Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios y transporte público acumuló una suba superior al 525%, con el transporte liderando los aumentos con casi el 912%, según informes del IIEP (UBA-CONICET). La paradoja es brutal: los argentinos pagan más por el combustible, más por el transporte, y el dinero recaudado no regresa en la forma de rutas seguras ni infraestructura reparada, sino en el equilibrio contable que Caputo festeja.

«Un hecho inédito» que no cierra para todos

Caputo celebró la posibilidad de «alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina».

Lo que el ministro omitió es el costo concreto de ese equilibrio: transferencias a provincias recortadas un 66% en términos reales, programas sociales podados un 61%, salarios públicos erosionados un 29% y un gasto de capital desplomado un 86%, todo desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo. Las rutas deterioradas, los hospitales sin mantenimiento y las universidades desfinanciadas son la otra cara del número que el oficialismo muestra como trofeo.

Puntos clave:

• El Gobierno anunció un superávit financiero de $268.103 millones en abril de 2026, con un acumulado cuatrimestral de 0,2% del PIB.
• El ICL recaudó casi USD 3.000 millones entre enero y noviembre de 2025, pero el Gobierno ejecutó menos del 25% del presupuesto vial asignado.
• La Ley 23.966 obliga a destinar el 28,58% del ICL a infraestructura vial; el mandato se incumple sistemáticamente según denuncias de gremios y funcionarios provinciales.
• Los Derechos de Exportación cayeron 17,4% interanual en abril, mientras el IVA (consumidores) creció 28,1%.
• El gasto de capital acumula una caída real del 86% desde diciembre de 2023, según el Foro Economía y Trabajo.